El Tribunal de Cuentas propone que los extranjeros puedan trabajar sin homologar su título cuando tengan experiencia

El Tribunal de Cuentas ha publicado un informe sobre la eficacia y transparencia del procedimiento de homologación de títulos universitarios extranjeros en España. El sistema, que ha sufrido importantes retrasos en los últimos años, adolece “deficiencias estructurales y operativas” que “derivan de una regulación insuficiente”, indican los consejeros en su resolución.

El organismo fiscalizador ha aprobado el Informe de fiscalización ‘¿Es eficaz y transparente el procedimiento de homologación de las enseñanzas universitarias de sistemas educativos extranjeros?’, en el que se analizan las medidas adoptadas por el Ministerio. El objetivo es dotar al procedimiento de mayor agilidad y transparencia, además de garantizar una adecuada gestión económica de las tasas que se recauda por cada trámite de homologación. La auditoría pone el foco en los principales cuellos de botella, los criterios para la valoración de expedientes y las diferentes etapas del proceso.

En el texto, publicado el 29 de noviembre, el tribunal recomienda al gobierno que valore permitir a los solicitantes extranjeros que trabajen sin haber obtenido la homologación. Es una consideración que se aplica ya a los ciudadanos de la Unión Europea, que pueden ejercer su profesión siempre y cuando tengan una experiencia profesional formalmente reconocida. Para los solicitantes extracomunitarios, el Tribunal de Cuentas sugiere exigir un período de entre cinco y quince años de ejercicio profesional en el país de origen.

Más de 80.000 solicitudes sin resolver

El órgano fiscalizador recuerda que el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades acumulaba a 30 de junio de 2025 un total de 80.648 solicitudes pendientes de resolución, con una entrada anual de alrededor de 30.000 solicitudes. Colectivos como Homologación Justa Ya calculan que la mayoría de solicitudes (más del 90%) proceden de Latinoamérica. De entre ellos, los sanitarios son los más numerosos, principalmente graduados en Medicina, Odontología y Enfermería, profesiones que sufren una considerable falta de trabajadores en España.

Los autores del informe reconocen que se ha producido un “cambio positivo” en el último año, cuando los funcionarios lograron emitir más resoluciones que solicitudes recibidas. No obstante, el sistema todavía sufre retrasos importantes, superando ampliamente el plazo máximo de seis meses que establece la normativa.

Piden un “esfuerzo muy decidido” del Gobierno

El Tribunal de Cuentas entiende que estas demoras se deben a las deficiencias estructurales y operativas que existen en el procedimiento, entre ellas la falta de regulación en los sistemas de identificación y firma electrónica o la falta de actualización de la lista de profesiones reguladas. Destaca también la ausencia de manuales integrales y la insuficiencia de los recursos,

Los consejeros, además, han observado “limitaciones relevantes en el control del cobro de las tasas”, así como “la falta de una contabilidad analítica” que impide un correcto control de los gastos el proceso.

“El Ministerio debería realizar un esfuerzo muy decidido para poder eliminar en un plazo razonable el gran número de expedientes acumulados, incrementando sensiblemente el número anual de resoluciones frente al de entradas, mediante la corrección de las deficiencias estructurales del procedimiento y el empleo de los recursos necesarios“, concluyen los consejeros.