El Congreso tumba la senda de estabilidad 2026-2028: ¿qué significa y cómo afectará a los Presupuestos y a las autonomías?

Este jueves, el Congreso rechazó la senda de estabilidad para el periodo 2026-2028, echando para atrás un paso imprescindible para poder elaborar los próximos Presupuestos Generales del Estado (PGE). La votación terminó con 178 votos en contra, 174 a favor y cinco abstenciones, un resultado que deja más que evidente la fragmentación de la Cámara Baja y la fragilidad sobre la que se sustenta el Gobierno.

La propuesta presentada por el Ejecutivo no superó el trámite por el rechazo de PP, Vox, Junts y UPN, mientras que Podemos y la diputada de Compromís, Àgueda Micó se abstuvieron. El documento, importante para fijar los límites de déficit y deuda de los próximos años, necesita ser respaldado por ambas cámaras, Congreso y Senado, para quedar totalmente aprobado. Ahora, su caída retrasa de nuevo el arranque del ciclo presupuestario y abre un mes de maniobras políticas y técnicas para evitar un bloqueo aún mayor.

Pero ¿qué es exactamente la senda de estabilidad? Es el marco que establece los objetivos de déficit, deuda pública y techo de gasto para el conjunto de las administraciones españolas durante los tres ejercicios siguientes. Funciona como el esqueleto financiero sobre el que después se construyen los presupuestos del Estado, de la Seguridad Social, de las comunidades autónomas y de los ayuntamientos. Su presentación es obligatoria, según la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, y constituye el primer paso antes de redactar el proyecto presupuestario anual.

¿Qué ocurre ahora?

Además del reparto de los objetivos fiscales entre las distintas administraciones, la senda va vinculada al techo de gasto del Estado, que para 2026 asciende a 216.177 millones de euros —que incluyen también los fondos europeos—, un 8,5% más que el año anterior. A diferencia de la senda, el límite de gasto no financiero no se somete a votación parlamentaria, por lo que continúa vigente pese al rechazo de este jueves.

En la propuesta del Gobierno, el límite de déficit del conjunto de las administraciones se situaría en el 2,1% del PIB en 2026, en el 1,8% en 2027 y en el 1,6% en 2028. Para el Estado, los objetivos oscilarían entre el 1,8% y el 1,4%, mientras que las comunidades autónomas dispondrían de un margen del 0,1% cada año y las corporaciones municipales deberían mantener el equilibrio. La deuda pública, por su parte, iría reduciéndose progresivamente hasta acercarse al 99% del PIB en 2028.

La Ley de Estabilidad obliga al Ejecutivo a aprobar una nueva senda en el plazo de un mes. Esta segunda propuesta puede ser idéntica a la rechazada, totalmente distinta o incorporar modificaciones. Si se alteran los objetivos, deberá pasar primero por el Consejo de Política Fiscal y Financiera antes de regresar al Congreso. Aun así, el Gobierno confía en que la votación pueda repetirse antes de que termine el año.

¿Y si el Congreso la vuelve a tumbar?

En el caso de que la Cámara Baja vuelva a rechazar la senda de déficit, empezará el verdadero laberinto. La ley no prevé qué ocurre si la segunda propuesta tampoco se aprueba. El Gobierno interpreta que, ante ese vacío legal, entrarían en vigor los objetivos enviados a Bruselas en 2023 en el marco del plan fiscal estructural del año pasado. Esta opción ya contó con el respaldo de la Abogacía del Estado cuando, en 2024, el Senado rechazó los objetivos de estabilidad en dos ocasiones, devolviéndolos al Consejo de los Diputados.

Sin embargo, habría un cambio importante, ya que la senda alternativa implicaría que las comunidades autónomas dispusieran de un menor margen de gasto. Así, cada región tendría que cerrar sus cuentas en equilibrio presupuestario, sin la décima de déficit que contemplaba el proyecto rechazado. Esa restricción implicaría, según Hacienda, perder 5.485 millones de euros de capacidad de gasto entre 2026 y 2028. Es decir, un rechazo encadenado no solo complicaría la elaboración de los presupuestos, sino que además endurecería la disciplina fiscal de las administraciones autonómicas.

En este escenario, entre 2026 y 2028, Madrid sería la comunidad que sufriría la mayor pérdida de capacidad de gasto, con aproximadamente 1.088 millones de euros, seguida de Cataluña, con 1.038,7 millones, y Andalucía, con 731,4 millones, según los cálculos del Ministerio de Hacienda que dirige María Jesús Montero. Curiosamente, dos de las autonomías están gobernadas por el PP, partido que ya ha dado su negativa a la senda propuesta.

Después, se situarían la Comunidad Valenciana (509,9 millones), Galicia (280,8 millones), Castilla y León (256,7 millones), Canarias (200,5 millones), Castilla-La Mancha (193,3 millones), Aragón (169,6 millones), Baleares (153,4 millones), Región de Murcia (144,2 millones), Asturias (103,3 millones), Extremadura (91,5 millones), Cantabria (60,7 millones) y La Rioja (38,6 millones).

Los motivos del rechazo: tensión política y discrepancias territoriales

Los grupos que votaron en contra han explicado el porqué de su decisión. El Partido Popular justificó su negativa para evitar “un gasto descontrolado” que, según defendieron, derivará en “más impuestos y más deuda”. A su juicio, la senda presentada es “humo” y demuestra que el Gobierno no cuenta con una mayoría sólida para avalar sus planteamientos fiscales.

Vox, por su parte, cargó con dureza contra el Ejecutivo. El diputado del partido de ultraderecha, José María Figaredo, acusó al Gobierno de impulsar “más impuestos y más deuda (…) no hace usted más que mentir y engañar”, llegando a calificar de “mierdas” algunas partidas presupuestarias.

El rechazo de Junts, sin embargo, responde a un planteamiento distinto, ya que consideran inaceptable el reparto del déficit entre el Estado y las comunidades autónomas. Su diputado Josep María Cruset recordó que “es exactamente la misma [senda] que le tumbamos el año pasado” y que sigue lejos de su exigencia de que las autonomías asuman un tercio del déficit total.

Desde el Gobierno, las críticas se centraron en el PP. El ministro de Transportes, Óscar Puente, advirtió que “el PP ha votado en contra de que sus propias comunidades tengan más recursos para sanidad, educación o servicios sociales”. Según el Ejecutivo, la senda permitiría a las comunidades ampliar su margen fiscal en unos 5.500 millones de euros para el periodo 2026-2028.

El impacto presupuestario y el calendario que viene

Este bloqueo ya ha tenido consecuencias directas, y es que los Presupuestos de 2026 acumulan más retraso del previsto. El proyecto debería haber llegado al Congreso antes de octubre, algo ya imposible. Si la senda se aprobara en diciembre, el Gobierno podría presentar el anteproyecto a mediados del primer trimestre del próximo año. Respecto al contenido de las cuentas, la ministra Montero ha recordado que el margen que perderían las autonomías en caso de rechazo doble podría ser aprovechado por el Estado.

En las próximas semanas, Hacienda deberá calibrar si mantiene los objetivos intactos o introduce cambios para atraer nuevos apoyos. Lo que está claro es que la negociación de la senda se ha convertido en el primer gran examen de un curso político que vuelve a depender de acuerdos milimétricos en el Congreso.