Bronca entre Bolaños y los jueces conservadores por la reacción de Sánchez al fallo del fiscal general: “No nos vendas que somos unos privilegiados”

A una parte de los jueces, a los más conservadores, no les ha gustado la reacción de Pedro Sánchez ante la condena al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz. La Asociación Profesional de la Magistratura (APM) ha celebrado en Murcia esta semana su XXVII Congreso y este viernes, en la clausura, ha realizado una dura declaración institucional en la que acusa a Sánchez de traspasar los límites de la “lealtad institucional”. El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, allí presente, ha respondido y ha protagonizado un choque de declaraciones con la presidenta de la AMP, Mª Jesús del Barco.

No es la primera vez -ni será la última- que esta asociación carga contra el Ejecutivo. Hace dos semanas también criticó en un comunicado “un cambio en la señalética” después de que el Gobierno de España añadiera su logos a los carteles de los tribunales. Esta vez, las críticas han ido dirigidas a lamentar los comentarios de Pedro Sánchez tras conocer el fallo contra García Ortíz porque, en su opinión, ponen en entredicho el principio de separación de poderes.

El presidente del Gobierno cuestionó que el fiscal general hubiera cometió un delito de relevación de secretos -la sentencia del Tribunal Supremo está aún sin publicar - por filtrar información relativa a la pareja de Isabel Díaz Ayuso, Alberto González Amador. Sánchez dijo que el tiempo “pondría las cosas en su sitio”, rechazó pedir perdón y aseguró que su Gobierno iba estar con la verdad. Unas palabras que no han gustado a la asociación mayoritaria de jueces.

“En un Estado democrático de Derecho como es el que proclama el articulo primero de nuestra Constitución, el respeto al Poder Judicial y por lo tanto a las decisiones emanadas de Jueces y Tribunales es un postulado esencial que obliga a la sociedad en su conjunto y, en particular, a quienes ostentan responsabilidades institucionales de Gobierno", sentencian. Desde la Asociación subrayan la obligatoriedad de ese respeto, tanto para la sociedad en general como, más aún, para quienes ejercen “responsabilidades institucionales de Gobierno”.

Según el comunicado, los jueces conservadores consideran que las recientes declaraciones del presidente, ofreciendo juicios tajantes sobre una causa todavía en curso ante el Tribunal Supremo, constituyen “una intromisión que al mismo tiempo quebranta ese deber de respeto que debiera vincularle, como titular de uno de los poderes del Estado frente a otro de ellos”.

La APM señala como especialmente grave no solo la expresión anticipada de juicios sobre la culpabilidad, sino también los posteriores intentos de desautorizar públicamente la decisión anunciada por la Sala Segunda del Alto Tribunal. “Supuso un nuevo traspaso de la barrera de lealtad institucional, especialmente censurable cuando ni siquiera se aguardó a conocer las razones por las cuales se pronuncia la condena del Fiscal General del Estado”, precisa la nota.

Choque entre Bolaños y la presidenta de la APM

Durante el acto de clausura, Bolaños ha intervenido para defender la posición de Sánchez. El titular de Justicia ha subrayado que, en democracia, “se puede criticar y discrepar” de una resolución judicial siempre que se haga “con respeto”, calificando este ejercicio como una manifestación legítima de la libertad de expresión y recordando la existencia de recursos legales. El ministro ha añadido: “En ningún momento deslegitimamos ni a la Justicia en su conjunto ni a ningún Tribunal”, según ha recogido Europa Press.

En respuesta, la presidenta de la APM, Mª Jesús del Barco, ha dirigido unas palabras a Bolaños en las que ha rechazado frontalmente la postura del Gobierno. Del Barco ha afirmado: “Hoy vienes a vendernos tu producto, como viene siendo habitual, no te lo vamos a comprar porque viene con vicios ocultos y otros tan obvios que son cegadores”. Su intervención ha concluido con una ovación en pie por parte de los asistentes.

Del Barco ha lamentado la polarización política, que a su juicio ha impedido alcanzar un Pacto de Estado, y ha expresado sus dudas sobre la creación de 2.500 nuevas plazas de jueces y fiscales, argumentando que el Gobierno carece de presupuestos para ello. Críticas a la narrativa gubernamental y a las reformas legalesLa presidenta de la APM ha rechazado la idea de que los jueces sean un colectivo privilegiado, señalando: “No nos vendas el relato de que los jueces somos unos privilegiados que hemos podido estudiar gracias a la fortuna de nuestras familias”.