La justicia de Estados Unidos estudia abrir un proceso penal contra Rodríguez Zapatero por sus presuntos vínculos con el entorno de Nicolás Maduro

El futuro judicial de José Luis Rodríguez Zapatero podría dar un giro inesperado al otro lado del Atlántico. Según fuentes citadas por Vozpópuli y vinculadas a la Corte del Distrito Sur de Nueva York, en Estados Unidos se discute la posibilidad de abrir un proceso penal contra el expresidente español. El motivo estaría ligado a su presunta condición de “colaborador necesario” del gobierno de Nicolás Maduro, una línea de investigación que, según el citado medio, ha cobrado fuerza a raíz de los últimos movimientos en causas federales estadounidenses.

La información que maneja la justicia proviene de las declaraciones aportadas en los últimos meses por Hugo “el Pollo” Carvajal, quien fuera jefe de la inteligencia militar venezolana. Las autoridades de ese país consideran que la colaboración de Carvajal resulta “determinante” y contiene datos relevantes para avanzar en las pesquisas. La documentación que ha entregado el mayor general retirado apunta no solo a supuestos pagos realizados a Zapatero por parte del régimen chavista a través de la petrolera estatal Pdvsa, sino también a operaciones del sector energético y a movimientos gestionados con intermediarios financieros conectados a sus intereses en Venezuela.

El caso se desarrolla dentro de la investigación que ha asumido el tribunal federal responsable del proceso contra Carvajal, extraditado a Estados Unidos en 2023. Voces próximas a la causa, recogidas por el diario, señalan que la actividad económica y el incremento patrimonial de Zapatero están siendo examinados tras una petición de cooperación formal enviada a España.

Un proceso judicial con más de una vertiente

El alcance de la investigación no se limita a transacciones monetarias: incluye ramificaciones sobre operaciones energéticas y la posible participación de redes financieras asociadas. Al mismo tiempo, Estados Unidos ha solicitado datos sobre la evolución patrimonial de Zapatero y la forma en que pudo beneficiarse su entorno.

El contexto de esta investigación coincide con los vaivenes judiciales de Carvajal. La sentencia en su contra ha sido aplazada dos veces, primero del 29 de octubre al 19 de noviembre y, más tarde, al 12 de febrero de 2026, debido al volumen de información que sigue poniendo a disposición de la justicia. Vozpópuli indica que la defensa del exmilitar ha incorporado documentos que sitúan al Cartel de los Soles como pieza relevante dentro del entramado del chavismo y revelan la existencia de redes internacionales utilizadas para facilitar operaciones de narcotráfico.

Carvajal reconoció en junio su culpabilidad en delitos relacionados con el narcotráfico y el narcoterrorismo. Desde entonces, su estrategia pasa por intentar esquivar la cadena perpetua y, sobre todo, evitar el ingreso en una prisión estatal, buscando que la colaboración con las autoridades estadounidenses le favorezca.

Las opciones de Washington: del proceso penal a la vía económica

El interés de la justicia estadounidense por las actividades del expresidente aumentó tras la demanda presentada en Florida, basada en la Ley RICO, el 14 de agosto. Esta herramienta permite a los tribunales perseguir a personas consideradas parte de redes criminales, en este caso señalando a figuras clave del chavismo, incluida la vicepresidenta Delcy Rodríguez, junto a Maduro.

El testimonio de Carvajal suma nuevas hipótesis sobre el alcance de la red y el posible papel de Zapatero. El Departamento de Estado estudia imponer una sanción “moderada” o, por el contrario, optar por una acción más contundente que podría pasar por el embargo de bienes y la inclusión del expresidente en la lista de la OFAC. Esta medida supondría el congelamiento de activos y restricciones financieras similares a las ya aplicadas sobre otros altos cargos y colaboradores del régimen venezolano. La decisión sobre cuál de estos caminos tomar aún está en evaluación.