La caída de Ábalos borra la mínima ventaja del Gobierno en el Congreso y abre un escenario donde Junts tiene la última palabra para desempatar

El Gobierno se enfrenta desde hoy a la aritmética parlamentaria más frágil de toda la legislatura, después de que el Tribunal Supremo haya ordenado el ingreso en prisión provisional de José Luis Ábalos. La decisión del magistrado Leopoldo Puente —adoptada tras apreciar un alto riesgo de fuga y la existencia de indicios de delitos como integración en organización criminal, tráfico de influencias, uso de información privilegiada y malversación— deja al Ejecutivo sin un voto que había resultado crucial en votaciones muy ajustadas. Una vez que el Alto Tribunal remita la certificación correspondiente, la Mesa del Congreso activará la suspensión automática de sus funciones conforme al artículo 21.2 del Reglamento, lo que implica la pérdida de todos sus derechos parlamentarios: no podrá cobrar, intervenir ni, sobre todo, votar. El escaño, sin embargo, seguirá ocupándolo hasta que exista una sentencia firme.

La ausencia de Ábalos, aunque en los últimos meses hubiese marcado distancias con la dirección socialista, supone un golpe directo a la capacidad operativa del Gobierno. El exministro había mantenido una disciplina de voto que permitía al Ejecutivo sortear algunas votaciones límite. La más reciente fue la relativa a la Ley de Movilidad, donde el Gobierno evitó una enmienda del PP por un margen mínimo en el que su voto resultó determinante. Ese apoyo ya no está disponible, y su desaparición altera por completo la correlación de fuerzas en un Congreso donde cada número cuenta.

Un equilibrio numérico que se rompe

La aritmética del Congreso ya era compleja desde la ruptura de Junts con el Gobierno, que dejó al bloque de investidura en una posición más vulnerable. El Ejecutivo contaba hasta ahora con una base operativa formada por PSOE (120 diputados), Sumar (26), ERC (7), Bildu (6), PNV (5) y dos representantes del Grupo Mixto —BNG y Coalición Canaria— que habitualmente respaldan sus iniciativas. En total, 166 votos estables, a los que se sumaba Ábalos, que actuaba como un apoyo más en términos prácticos.

A este núcleo se añadían apoyos puntuales procedentes del Grupo Mixto, como Podemos —cuatro diputados que no forman parte del Gobierno, pero que en votaciones clave tienden a alinearse con él— y algún voto adicional en iniciativas concretas. Con esa configuración, el Gobierno podía alcanzar hasta 172 apoyos en las votaciones ajustadas.

La suspensión de Ábalos reduce esa cifra operativa a 171, el mismo número que suma el bloque de oposición integrado por PP (137), Vox (33) y UPN (1). La consecuencia es clara: el empate técnico convierte a Junts en el único grupo capaz de inclinar cualquier decisión. Y, a diferencia de lo que ocurría antes, su abstención ya no basta. En el Congreso, el empate hace decaer las iniciativas, de modo que Junts debe votar a favor de forma explícita si quiere que el Gobierno saque adelante cualquier texto.

Dependencia total de Junts

La nueva realidad numérica otorga a Junts una capacidad de influencia muy superior a la que tenía incluso cuando formaba parte del bloque de investidura. Con siete diputados, el grupo de Carles Puigdemont pasa a ser imprescindible para aprobar leyes ordinarias, convalidar decretos o sacar adelante iniciativas sensibles para el Ejecutivo, como la futura ley de abolición de la prostitución, que despierta divisiones en Sumar, o cualquier reforma que requiera consenso entre los socios.

Desde el PSOE, pese a la situación, descartan pedir una revisión del sistema de mayorías o un ajuste del cómputo parlamentario. Argumentan que los servicios jurídicos no consideran adecuado modificar criterios consolidados, especialmente en mitad de una legislatura marcada por fuertes tensiones políticas. La consecuencia es que el Ejecutivo queda obligado a negociar con Junts cada votación relevante, sin garantías de éxito y con un margen de maniobra prácticamente inexistente.

Un voto que desaparece sin que el escaño se mueva

El Congreso ya ha solicitado al Supremo la certificación del auto para activar la suspensión formal de Ábalos. Aunque desde hace unos meses existe la posibilidad de votar telemáticamente en “situaciones excepcionales”, los servicios jurídicos han aclarado que este mecanismo no es aplicable en su caso, porque la prisión provisional no constituye una circunstancia sobrevenida e imprevisible, sino el resultado de una resolución judicial. Esto implica la imposibilidad total de emitir voto, ya sea de forma presencial o remota.

En una legislatura marcada por la fragmentación y las mayorías muy ajustadas, la desaparición efectiva de un solo voto puede inclinar la balanza en iniciativas sensibles. La futura ley de abolición de la prostitución, promovida por el Ministerio de Igualdad y que genera división interna dentro de Sumar, es uno de los textos que podría verse directamente afectado. Lo mismo ocurre con cualquier proyecto legislativo que requiera cohesión del bloque progresista para superar la oposición de la derecha.

El contraste entre la brusca suspensión y la actividad parlamentaria que Ábalos mantenía hasta horas antes es evidente. Esta misma semana había registrado una pregunta escrita sobre supuestas irregularidades en la Autoridad Portuaria de Valencia, provocando reacciones diversas en el arc parlamentario: desde quienes defendieron investigar cualquier sospecha de corrupción hasta quienes interpretaron su iniciativa como un síntoma del desgaste del Gobierno.

La entrada en prisión de un diputado en activo, un hecho inédito desde la restauración democrática, fuerza al Congreso a revisar el alcance de sus propias normas en un momento en que la estabilidad política está más comprometida que nunca. El Ejecutivo afronta ahora un Congreso bloqueado, con dos bloques empatados y un escaño sin voto que agrava todavía más la situación. Con la llave de la legislatura en manos exclusivas de Junts y un margen numérico prácticamente nulo, el Gobierno queda sujeto a un equilibrio tan estrecho como imprevisible, que anticipa una etapa de altísima dificultad para la acción legislativa.