
El Ministerio de Sanidad ha solicitado a las comunidades autónomas que se adhieran al protocolo común contra los virus respiratorios que no se pudo poner en marcha el año pasado ante el rechazo del Partido Popular. Según EFE, la ministra Mónica García se ha dirigido por carta a los consejeros para intentar lograr un acuerdo que permita “ofrecer respuestas coordinadas y reproducibles en todo el territorio, reforzar la confianza ciudadana y reducir los riesgos, los ingresos hospitalarios y la mortalidad“.
Los últimos datos del Instituto de Salud Carlos III, referidos a la semana del 10 al 16 de noviembre, muestran cómo la gripe comienza a expandirse como cada año por el sistema público de salud. La incidencia actual, de 33,3 casos por cada 100.000, supera a la de las dos temporadas anteriores para el mismo periodo (12,1 casos en 2024 y 16,8 en 2023), lo que ha provocado reacciones en la comunidad de Aragón, que ha instaurado la mascarilla obligatoria en los centros de salud para prevenir contagios.
La carta de Sanidad, remitida la semana del 17 al 23 de noviembre, resalta “la necesidad de coordinar acciones entre todos los servicios de salud y el Ministerio de Sanidad para afrontar la epidemia estacional de virus respiratorios”, según ha difundido EFE. En ese sentido, García espera poder recuperar este año el protocolo común contra los virus respiratorios, del que se debatirá en una reunión telemática con las comunidades autónomas este viernes.
Vacunas y mascarillas para prevenir la gripe

La creación de un protocolo común viene motivada por la alta incidencia de los virus respiratorios en la temporada 2023-24, especialmente de la gripe, que llegó a saturar los servicios sanitarios de algunas comunidades autónomas. El aumento de contagios llevó al Ministerio de Sanidad a imponer el uso obligatorio de mascarillas en los centros sanitarios de toda España.
Por aquel entonces, se registraban más de 900 casos de infecciones respiratorias por cada 100.000 habitantes, superando en más de 100 puntos la temporada previa. Aunque algunas regiones ya habían puesto en marca la obligatoriedad del tapabocas, Castilla y León, Madrid, Baleares y Andalucía se oponían a la iniciativa.
El objetivo de implantar un protocolo común es evitar una intervención directa desde Sanidad, así como el colapso de los servicios de salud públicos. Para ello, los técnicos de las comunidades autónomas trabajaron en establecer un plan que marcase una serie de actuaciones a seguir dependiendo de la incidencia de la gripe en cada momento.
El protocolo presentaba cuatro situaciones de riesgo, de 0 a 4, que tenían aparejadas una serie de medidas para proteger a la población. Entre ellas, se encontraba el uso gradual de mascarillas en mayores de 6 años, salvo excepciones médicas; la vacunación, la higiene, priorizar los espacios al aire libre, evitar aglomeraciones y ventilar correctamente los espacios. También abogaba por revisar y difundir los planes de contingencia de los centros asistenciales y sociosanitarios para garantizar la continuidad asistencial ante un posible incremento de casos.
Las autonomías lideradas por el PP vetaron este protocolo en la Comisión de Salud Pública, que finalmente se publicó en la web del Ministerio de Sanidad como una guía de recomendaciones. “El año pasado, por causas ajenas a nuestra voluntad, no se pudo implementar dicho protocolo, y su publicación como mera recomendación limitó su alcance”, ha lamentado la ministra en la misiva. Este año, el PP ha vuelto a rechazarlo en la Comisión de Salud Pública del 13 de noviembre, pero Sanidad considera prioritario retomar el diálogo y “consolidar el consenso técnico” alcanzado en 2024.
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