La OCDE pide a España una reforma en el cálculo de las pensiones futuras para controlar el gasto y evitar un aumento de la presión fiscal sobre los trabajadores

El crecimiento sostenido del gasto en pensiones ha hecho saltar las alarmas de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), que en su último informe sobre el estado de la economía española alerta de su impacto en la economía y el empleo. El organismo internacional subraya la necesidad de reformar la fórmula de cálculo de las pensiones de jubilación con medidas como la ampliación del periodo de cómputo para calcular las pensiones y la vinculación las prestaciones a la evolución de la esperanza de vida.

Los esfuerzos para prolongar la vida laboral no son nuevos en España. Desde 2011, la edad legal de jubilación se ha elevado gradualmente de 65 a 67 años, y se ha extendido el período de cotización considerado para calcular la pensión. Las reformas de 2021, 2023 y 2025 han introducido incentivos para la jubilación tardía y parcial. La OCDE destaca que estas medidas han contribuido a elevar la edad media efectiva de entrada al sistema a 65,2 años en 2025 y a mejorar las tasas de actividad de los trabajadores mayores de 55 años. Al mismo tiempo, se han reforzado los mecanismos que permiten combinar trabajo y pensión, con pagos parciales y bonificaciones crecientes según los años de aplazamiento, fomentando una salida gradual de la vida laboral y la incorporación de jóvenes al mercado de trabajo.

Pese a estos avances, los expertos alertan de que el sistema necesita nuevas reformas para asegurar su sostenibilidad a largo plazo. La OCDE y AIReF proponen ampliar el período de cómputo de la pensión hasta 35 años, incorporando más años de la vida laboral para reflejar mejor las contribuciones y equilibrar el sistema. Además, sugieren ligar las prestaciones o la edad legal de jubilación a la esperanza de vida, mediante un mecanismo similar al antiguo factor de sostenibilidad, eliminado en años anteriores. Esta medida permitiría ajustar las pensiones al aumento de la longevidad sin afectar a quienes ya están jubilados, garantizando que el sistema siga siendo viable frente al crecimiento de la población mayor.

Límites a las subidas de pensiones y apoyo al empleo en la tercera edad

Otro aspecto clave es la revalorización de las pensiones. La activación del índice de revalorización junto con un mecanismo de ajuste dinámico permitiría moderar los incrementos futuros de las pensiones y mantener la sostenibilidad financiera del sistema. Sin estas medidas, los déficits podrían tener que cubrirse mediante transferencias del presupuesto general, desplazando recursos de otras prioridades públicas, como educación, sanidad o inversión en infraestructuras. El seguimiento constante de la evolución del sistema y de los déficits proyectados es, por tanto, fundamental para activar correcciones a tiempo y fomentar un debate público informado sobre la sostenibilidad de las pensiones.

El fortalecimiento del sistema de pensiones también pasa por políticas de empleo que apoyen vidas laborales más largas. Esto incluye mejorar incentivos, formación y condiciones de trabajo para los adultos mayores, fomentando su permanencia activa en el mercado laboral. Una combinación de medidas paramétricas y laborales permitirá no solo controlar el gasto futuro, sino también mantener la productividad y reducir la presión sobre los trabajadores más jóvenes. La OCDE enfatiza que solo a través de un enfoque integral, que combine ajustes en las pensiones con políticas de empleo y monitoreo constante, España podrá garantizar un sistema justo, sostenible y equitativo.

Efectos del cambio demográfico

El envejecimiento de la población ha puesto bajo presión el sistema de pensiones español. Según la OCDE, el gasto en pensiones podría aumentar hasta 3,2 puntos del PIB entre 2023 y 2050, mientras que el gasto total relacionado con el envejecimiento, incluyendo salud y cuidados a largo plazo, podría crecer hasta 5,2 puntos.

Para hacer frente a esta presión fiscal sin afectar la actividad laboral, la institución considera necesario la aplicación de medidas que ayuden a reducir el gasto futuro en pensiones y mantener un equilibrio financiero sin reducir las prestaciones. Para la institución, optar por la alternativa de introducir aumentos adicionales en las cotizaciones a la Seguridad Social elevarían la cuña fiscal laboral (la diferencia entre el coste total que paga un empleador por un trabajador y el salario neto que este recibe) y podría afectar negativamente al empleo.