José Luis Ábalos está dispuesto a sacar los trapos sucios del Gobierno y su expartido a escasas horas de que el Supremo decida si entra en la cárcel o no. Este jueves, el exministro de Transportes y su exasesor, Koldo García, encaran una vistilla donde se revisarán sus medidas cautelares ante las peticiones de cárcel de Anticorrupción y la acusación popular por presuntos delitos de cohecho, pertenencia a organización criminal, tráfico de influencias y malversación de caudales públicos en el marco de la trama mascarillas.
El propio Ábalos ha reconocido que tiene “miedo” de acabar entre rejas, en parte, por la imposibilidad de pagar una eventual fianza que le evite su ingreso en prisión con apenas 6.000 euros en sus cuentas bancarias, según una información revelada por el Mundo. Y tanto él como su exasesor están dispuestos a morir matando, aunque sea cantando informaciones sin contrastar.
Koldo García fue el primero en salir al paso. El exasesor de Ábalos aseguró al diario El Español que el pasado 2018 hizo de chófer al Gobierno, Pedro Sánchez, y su número dos, Santos Cerdán, para llevarles a un encuentro secreto con el líder de Bildu, Arnaldo Otegi, para negociar su apoyo en la moción de censura contra Rajoy.
Tanto el líder socialista como el líder de la izquierda abertzale salieron a desmentir esta información, pero 24 horas antes de su cita en el Supremo, Ábalos publicó un tuir corroborando la información, aunque se limita a citar a “fuentes presenciales”: “Esa entrevista existió“, aseguró. Ábalos no lo cuenta de primera mano, pero dejaba en el aire que su fuente podría haber sido Koldo, Cerdán, o el propio Sánchez. Desde el Gobierno se apresuran a censurar sus palabras: “Es todo falso”, se limitan a decir desde Ferraz.
La presión de Ábalos al Gobierno no se ha limitado a aquella supuesta cita en País Vasco. Este lunes, el exdiputado pidió explicaciones al Ministerio de Transportes, que ahora lidera Oscar Puente, sobre supuestas irregularidades en el cobro de dietas en el Puerto de Valencia. Concretamente, Ábalos ha señalado a la actual presidenta del puerto, Mar Chao, por haber cobrado un salario mayor utilizando el mismo régimen que se aplica al personal excluido de convenio, práctica que resulta incompatible con las condiciones legales para los altos cargos según la ley.
Tercera revisión, pero ahora como procesados
Tanto Ábalos como García ya se han enfrentado en dos ocasiones a revisiones de sus medidas cautelares y en ambas consiguieron salir airosos, evitando su ingreso en prisión. Existe una diferencia calve entre las anteriores vistillas y la nueva: ahora Ábalos está procesado en la causa, mientras que en las anteriores fueron en calidad de investigado. Las nuevas se enmarcan en la investigación sobre los contratos irregulares de mascarillas durante la pandemia de COVID.
En sus primeras vistillas, el juez instructor Leopoldo Puente argumentó en las primeras vistillas que no vio suficientes indicios para aplicar la medida más grave de todas. A raíz de su procesamiento, la Fiscalía Anticorrupción solicita una pena de 24 años para Ábalos, 19 para Koldo y 7 para Aldama, así como una multa de más de 3,7 millones de euros para el exministro socialista.
¿Un asiento vacío en el Congreso?
El encarcelamiento de Ábalos llevaría al Congreso a una situación insólita en la historia moderna de la democracia española, ya que sería el primer diputado en activo en ingresar en prisión. Ábalos, que desde su salida del grupo socialista estaba ubicado en el Grupo Mixto, quedaría suspendido de voto y de derecho de dietas, pero conservaría su acta de diputado.
¿En qué se traduce esto? En que las mayorías seguirían votándose sobre 350 diputados, con un asiento vacío. Y en un Parlamento donde cada voto cuenta, esto es un problema para la mayoría de Pedro Sánchez. De hecho, el Gobierno de coalición ha necesitado del voto de Ábalos para sacar adelante votaciones en el Congreso y, por ejemplo, lo necesitaría de nuevo para sacar adelante la ley para abolir la prostitución.
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