Agustín Alemán Barreto, eje central en dos causas por explotación sexual de menores tuteladas que implican a empresarios: la historia detrás de “18 Lovas” en Gran Canaria

En 2015, una menor denunció ante la policía la existencia de lo que describió como una red que explotaba sexualmente a chicas adolescentes en Gran Canaria. Aquella denuncia fue el punto de partida de la investigación ahora conocida como el caso “18 Lovas”, considerada, según fuentes judiciales, una de las mayores causas relacionadas con la prostitución de menores en España en la última década. Tras la fachada de una supuesta agencia de azafatas y modelos, la red, según la investigación, captaba a jóvenes, muchas de ellas procedentes de entornos familiares frágiles o bajo tutela institucional, a quienes presuntamente ofrecían dinero, fiestas, alcohol y drogas a cambio de mantener relaciones sexuales con adultos en pisos, apartamentos y chalés privados.

Los sumarios judiciales detallan que la captación de las víctimas presuntamente se producía a través de contactos personales, promesas económicas y una supuesta promoción profesional en eventos y fiestas. Las adolescentes, a menudo menores de 16 y 17 años, acudían atraídas por nuevas oportunidades o empujadas por necesidades económicas, según recogió la instrucción. Parte del dinero pagado por los clientes, según el expediente judicial, quedaba en manos de los responsables del entramado a modo de comisión.

Entre los principales acusados figura Agustín Alemán Barreto, conocido como “Yino”, señalado judicialmente como el organizador y eje de la operativa. El procedimiento recoge su presunta implicación directa en la selección de las menores, la logística de los encuentros y el contacto con los adultos que solicitaban los servicios. El caso también salpica, según consta en documentos judiciales, a personas notables del ámbito empresarial canario.

El papel de Eustasio López, presidente del Grupo Lopesan

Destaca la imputación de Eustasio López González, presidente del Grupo Lopesan, un holding turístico de referencia en España, propietario de hoteles, resorts y promociones inmobiliarias en Canarias y el Caribe. López, una de las grandes fortunas de las islas, fue procesado en este caso por su presunta participación en varias fiestas privadas en chalets donde, según los testimonios recabados y reflejados en autos judiciales, se habrían producido contactos sexuales con chicas menores de edad. Diversas víctimas lo identificaron en las diligencias por apodos como “el millonario” o “Lopesan”, y relataron escenas con adultos que, de acuerdo con dichos testimonios, seleccionaban y mantenían contacto sexual con las adolescentes.

De acuerdo con la acusación, López habría estado presente en una fiesta en un chalet de Ayagaures en el que, según la instrucción judicial, diez jóvenes, dos de ellas menores de edad, se encontraban desnudas alrededor de una piscina y con alcohol a disposición. En el auto judicial se detalla, según los testimonios recogidos en la causa, cómo los empresarios seleccionaban y tocaban a las chicas. En esa fiesta, presuntamente, una de las menores de edad habría realizado una felación al empresario canario, al que las jóvenes llamaban “el millonario” o “Lopesan”.

Según la investigación, los implicados habrían actuado “con conocimiento de que eran menores o, al menos, con indiferencia ante esa posibilidad, aprovechando la vulnerabilidad, tanto de su minoría de edad como por la situación de falta de solidez familiar y referentes parentales”. El Juzgado de Instrucción número 2 de Las Palmas de Gran Canaria dictó en diciembre de 2021 auto de procesamiento contra seis acusados, entre los que figuraban Yino y López, atribuyéndoles 24 delitos de prostitución de menores, dos de agresión sexual y dos de trato degradante.

El expediente describe, según la acusación, amenazas y coacciones sobre víctimas a través de grabaciones y fotografías obtenidas durante los encuentros. El sumario apunta que un divorcio producido tras darse a conocer el embarazo de una de las menores propició la personación del Gobierno de Canarias como acusación particular. En abril de 2024, la Audiencia Provincial de Las Palmas ordenó, atendiendo a nuevos indicios, ampliar la investigación para incluir nuevos hechos y varias víctimas adicionales.

Nuevas detenciones y la operación Íncubo

A comienzos de 2025, la alarma social se reactivó con la operación “Íncubo”, otra trama contra la explotación sexual de menores en la isla en la que, de nuevo, el nombre de Agustín Alemán Barreto aparece como uno de los principales investigados. Las indagaciones, dirigidas por el juez Tomás Luis Martín y la fiscal Teseida García, según los sumarios recientes, señalan al menos 34 víctimas menores y 13 investigados, entre los que destaca José Luis Sánchez, fichador de jóvenes para clubes deportivos, según fuentes de la causa. Las diligencias han permitido identificar decenas de víctimas: muchas de ellas menores y tuteladas, algunas reclutadas desde los propios centros de protección. Según la investigación, el mismo modus operandi se repite: las adolescentes ingresaban en la red mediante contactos en redes sociales, promesas de regalos y dinero, o la invitación a fiestas, y después eran trasladadas, entre otras formas, en una furgoneta gestionada por Yino hasta apartamentos, hoteles o locales donde, siempre según la instrucción, se producían los abusos.

En el sumario, Yino reconocía, según recoge la instrucción, que mantener relaciones sexuales con chicas de entre 12 y 17 años era algo habitual para él. “Siempre les preguntaba si eran vírgenes porque no quería romperles la virginidad de esa manera”, detalló en su declaración ante la policía. Dijo que “eran las chicas quienes lo buscaban” y sostuvo que “no había hecho nada malo”. Aseguró también haber llegado a tener a su cargo unas 150 menores a las que ofrecía a gente de dinero, mencionando también a un empresario que le habría comprado la furgoneta y le daba 500 euros al mes “sin motivo aparente”, según el expediente judicial.

El sumario de la operación Íncubo sostiene que la operativa de captación y explotación reproducía patrones identificados en el caso anterior: utilización de perfiles falsos en internet, grabación de vídeos y fotografías durante los encuentros como herramientas de presión y chantaje, amenazas y distribución de una parte del dinero a los organizadores. Según consta en la causa, algunas menores también captaban a compañeras, contribuyendo de forma activa al crecimiento de la red.

El proceso ha supuesto la detención y procesamiento de al menos una decena de implicados: la Policía Canaria practicó registros en municipios como Santa Lucía de Tirajana, Agüimes, Telde y Las Palmas de Gran Canaria, incautando dispositivos con material probatorio. La investigación sumó pruebas cuando, en octubre de 2025, las fuerzas policiales hallaron en el móvil de Yino un vídeo de contenido sexual explícito y no consentido, protagonizado por una menor en estado de inconsciencia. Tras su comparecencia ante el juez, se decretó su ingreso en prisión provisional.

Menores tutelados, punto ciego del sistema

Las causas de “18 Lovas” e “Íncubo” evidencian, según los informes judiciales y policiales y el análisis de expertos, presuntas deficiencias en la protección institucional de la infancia. Según la instrucción, buena parte de las víctimas eran chicas procedentes de hogares desestructurados o centros de tutela, lo que habría facilitado su captación. La investigadora Noemí Pereda, profesora de Victimología de la Universidad de Barcelona y referente estatal, ha declarado que “la explotación sexual de la infancia y la adolescencia tutelada es una problemática presente en toda España desde hace años”.

Pereda recuerda que en 2022 la policía desmanteló en Madrid una red similar y que Baleares o Cataluña han sido escenario de escándalos con patrones calcados: adultos que, según los informes, aprovechan la falta de apoyos familiares y las urgencias emocionales de menores alojados en centros.

Los estudios del área destacan que España cuenta con cerca de 1.400 centros de protección de menores y más de 19.000 plazas, con Cataluña a la cabeza en número de dispositivos, muchos de ellos enfocados a menores extranjeros no acompañados. Las investigaciones académicas y las sentencias subrayan la elevada vulnerabilidad de los jóvenes que crecen en centros, especialmente en el caso de las chicas, y apuntan a la necesidad de una transformación profunda del sistema. “Crecer en un centro no suple las necesidades ni da respuesta a las necesidades emocionales y afectivas”, resume Pereda. La falta de recursos, de formación específica y de estabilidad, según los expertos, se percibe como un factor que explica la facilidad de captación.

El desenlace judicial de ambas operaciones ha servido, según el análisis de investigadores y juristas, de advertencia para el sistema institucional y ha evidenciado las grietas de la protección pública frente a la explotación de los menores más vulnerables. Las diligencias judiciales, según fuentes oficiales, continúan abiertas, sumando nuevas víctimas, investigados y pruebas.