Juicio a la “Sagrada Familia” de Cataluña: Jordi Pujol y sus siete hijos afrontan un proceso que pone en jaque su legado y busca destapar décadas de corrupción

25 de julio de 2014. Jordi Pujol, la figura más importante del nacionalismo catalán en el último tercio del siglo XX —fue presidente de la Generalitat entre 1980 y 2003— publica el siguiente comunicado: “De los hechos descritos y de todas sus consecuencias, soy el único responsable y quiero manifestarlo de forma pública, con mi compromiso absoluto de comparecer ante las autoridades tributarias o, si es preciso, ante instancias judiciales, para acreditar estos hechos y de esta manera acabar con las insinuaciones y los comentarios”. En él reconocía que durante 34 años había ocultado una fortuna en paraísos fiscales como Andorra.

Para entonces, esto ya era un secreto a voces. Su hijo mayor estaba imputado y Hacienda y la policía investigaban a la familia con una presión creciente. Pujol pretendía adelantarse a los procesos judiciales y frenar un desprestigio que se había ido instalando en el apellido que había gobernado Cataluña durante décadas, cambiando para siempre el panorama político de la región. Pero su movimiento no surtió efecto: la justicia, lenta pero constante, siguió indagando y ahora sentará en el banquillo a Pujol, con 95 años y aparentemente muy enfermo —acaba de salir del hospital—, a sus siete hijos y a varios empresarios cercanos a la familia. El caso, como ha destacado este domingo La Vanguardia, es un “juicio a una época”, y en él no solo se pondrá en jaque la libertad de un clan que se llamaba a sí mismo “la Sagrada Familia” de Cataluña, sino también su legado.

El proceso arranca este lunes en la Audiencia Nacional con un total de 19 acusados, 254 testigos y cerca de 50 sesiones programadas. Todavía no se sabe si Jordi Pujol se sentará en el banquillo —su defensa alega “deterioro físico y cognitivo” y el tribunal lo someterá a un examen por videoconferencia para ver si está en condiciones de seguir el proceso—, pero su primogénito, Jordi Pujol Ferrusola, y sus seis hermanos, Josep, Oriol, Marta, Mireia, Pere y Oleguer, sí lo harán. Afrontan una petición de la Fiscalía de entre ocho y 29 años de cárcel. Y si Pujol queda exculpado por incapacidad, evitaría el riesgo de una condena, pero también perdería la oportunidad de ser absuelto.

La confesión que lo cambió todo

El origen de la causa se remonta a ese 25 de julio de 2014, cuando Jordi Pujol reconoció públicamente que su familia había mantenido durante más de tres décadas una fortuna oculta sin declarar a Hacienda. Esta confesión, que supuso una conmoción para la sociedad catalana y para quienes le consideraban un referente político, tuvo un efecto opuesto al que él pretendía: aceleró la maquinaria judicial y sepultó la imagen pública del expresidente.

El comunicado de Pujol fue el resultado de una estrategia para frenar la presión mediática y judicial, que se había intensificado tras la publicación de diversas informaciones sobre movimientos de fondos en paraísos fiscales por parte de la familia. El diario El Mundo había revelado operaciones sospechosas y la Agencia Tributaria, junto a la Policía Nacional, ya investigaban a los Pujol. La confesión permitió a la justicia solicitar información a los bancos andorranos y desencadenó una investigación que ha desembocado en el actual juicio.

La existencia en paraísos fiscales de un “desmedido patrimonio”, como lo ha llamado el juez, se considera probada. La gran duda que decidirá el sentido del juicio será determinar su procedencia. La Fiscalía sostiene que el dinero viene de la corrupción, de comisiones ilegales que empresarios afines al partido de Pujol, Convergència Democràtica de Catalunya (CDC), pagaban a la familia durante los años de su gobierno a cambio de adjudicaciones y contratos públicos. La defensa de los Pujol, en cambio, defenderá el relato que lleva más de 10 años contando: que los recursos provienen de una herencia familiar, una “deixa” (legado) que Florenci Pujol, el padre de Jordi, dejó a sus nietos y a su nuera, preocupado por si la actividad política de su hijo ponía en riesgo el futuro de su familia. Otro tema es que Florenci Pujol fue un banquero que hizo su fortuna con el contrabando de divisas y que en 1959 fue condenado por la dictadura de Franco por esconder dinero en Suiza para no pagar impuestos en España...

La familia, además, asegura que los 140 millones de pesetas —en dólares— supuestamente legados por Florenci se multiplicaron gracias a la suerte —la fuerte inflación y las devaluaciones de la peseta en España— y a la buena gestión financiera de Jordi Pujol Ferrusola, el “capellán de la parroquia”, según la jerga utilizada en las comunicaciones internas. De acuerdo con la Agencia EFE, a partir del año 1990, Pujol Ferrusola se encargó de dar rendimiento a los fondos y logró multiplicar el capital por siete en una década. Los investigadores han cifrado la cantidad en 70,4 millones de euros.

Sin embargo, tanto el juez como la Fiscalía consideran que la familia no ha aportado ningún documento que pruebe que los fondos son resultado de una herencia, y afirman que el entramado no sólo ocultó dinero a la Hacienda española, sino que también ayudó a blanquearlo y repatriarlo, para luego repartirlo entre el clan. En esas operaciones, el primogénito supuestamente contó con la colaboración de su esposa, Mercè Gironès, y de su hermano Josep. Ambos se sentarán también en el banquillo de los acusados.

Pero la gran mayoría de los delitos fiscales han prescrito ya, por lo que el gran reto de la Fiscalía Anticorrupción en el juicio será probar que el origen de los fondos está en las comisiones ilegales. De momento, tras una instrucción que ha durado 13 años, no ha podido establecer un vínculo directo entre pagos concretos y adjudicaciones específicas, aunque entre las operaciones analizadas destaca la participación de Jordi Pujol Ferrusola en proyectos como el vertedero de Vacamorta, en Girona, y el de Tivissa, en Tarragona, donde habría obtenido beneficios millonarios coincidiendo con la concesión de licencias por parte de la Generalitat. Además, se han investigado operaciones inmobiliarias y movimientos de capital en el extranjero, así como la adquisición de vehículos de lujo por parte del primogénito de los Pujol.

La operación Catalunya y la presión policial

Por todo ello, el resultado del juicio es incierto, y la defensa, al margen de sus argumentos financieros, jugará también la carta política. Y es que el caso Pujol no puede entenderse sin el contexto de la llamada “operación Catalunya”, una estrategia impulsada desde el Ministerio del Interior durante el Gobierno de Mariano Rajoy para recopilar información comprometedora sobre líderes políticos catalanes y frenar el auge del independentismo. El excomisario José Manuel Villarejo desempeñó un papel central en la obtención y filtración de datos a los medios de comunicación, así como en la captación de confidentes dispuestos a denunciar a la familia Pujol a cambio de contraprestaciones económicas.

La denuncia de Victoria Álvarez, expareja de Jordi Pujol Ferrusola, fue uno de los detonantes de la investigación judicial. Álvarez declaró haber presenciado el traslado de grandes sumas de dinero en efectivo a Andorra, lo que llevó a la apertura de diligencias en la Audiencia Nacional. Posteriormente, se ha sabido que Álvarez percibía un salario de los fondos reservados del Estado, lo que ha puesto en cuestión su imparcialidad como testigo.

Los responsables de la Banca Privada de Andorra denunciaron haber sido amenazados con el cierre de su filial española si no colaboraban con las autoridades españolas. Estas actuaciones han sido objeto de querellas por parte de los Pujol en Andorra, donde sigue abierta una causa por coacciones contra la cúpula del Gobierno español de la época. En 2022, la jueza de Andorra imputó por este caso a Mariano Rajoy, a los exministros Cristóbal Montoro y Jorge Fernández Díaz, al exsecretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez, y al exdirector general de la Policía, Ignacio Cosidó. La causa se reactivó en agosto de este año.

Ahora, las siguientes semanas decidirán el futuro de esta “Sagrada Familia” y situarán el caso en el primer párrafo o en un pie de página de su legado histórico. En su libro-entrevista Entre el dolor y la esperanza, publicado en 2021, Jordi Pujol se refiere al tema como a “un borrón”, y se muestra confiado en salir airoso. “Mi caso tiene algo particular. No es solo un tema fiscal. Y no es un caso de corrupción o de abuso de una posición privilegiada. Eso ya se verá en el momento del juicio”. En efecto, ya se verá.