La urbanización donde vive Zapatero se abastece de agua de pozos ilegales: los vecinos no quieren pagar cinco millones y pasan la ‘factura’ al Ayuntamiento de Las Rozas

Monte Rozas es una urbanización con 481 parcelas donde viven familias de alto poder adquisitivo. Una zona acomodada y discreta, con pisos y chalés (la mayoría con piscina) cuyos precios de venta oscilan entre los 800.000 y los tres millones de euros. Situada entre la carretera M-505, la sede de la Federación Española de Fútbol y la zona comercial Las Rozas Village, allí residen empresarios, importantes directivos, incluso el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, “gente con influencia y recursos”, explica a Infobae España uno de los vecinos.

La urbanización, que se organiza desde 1988 a través de una Entidad Urbanística Colaboradora de Conservación (EUCC), una figura jurídica en la que los propietarios se encargan del mantenimiento y pagan una cuota para su financiación, tiene que asumir ahora una derrama que supera los cinco millones de euros para renovar la red de abastecimiento de agua para consumo humano. La red está “obsoleta y resulta disfuncional”, reconocen tanto la Junta que dirige la EUCC como el Ayuntamiento madrileño de Las Rozas, gobernado por el PP. “Su diseño es deficiente, lo que comporta dificultades de mantenimiento y la propensión de fraudes”. Hay “pérdidas abundantes de agua por su mal estado y precariedad de materiales, lo que redunda en un aumento en el coste que soportan los vecinos”, señala el convenio que han de firmar la EUCC, el Consistorio y el Canal de Isabel II.

Además, la urbanización obtiene el agua de pozos subterráneos que están legalizados. “La EUCC Monte Rozas es la única responsable del alumbramiento de aguas subterráneas que realiza por su propia iniciativa y conveniencia, sin título alguno que la ampare. Se apercibe a la EUCC Monte Rozas que debe cesar en su actividad extractora y precintar los mecanismos e instalaciones que la permiten y que en caso de no hacerlo se iniciará procedimiento sancionador contra ella”, le ha comunicado la Confederación Hidrográfica del Tajo. El dilema es quien tiene que pagar estas obras, ¿los vecinos o el Ayuntamiento?

El Consistorio lo tiene claro. “De acuerdo con la Ley del Suelo de la Comunidad de Madrid, corresponde a la EUCC Monte Rozas el mantenimiento y conservación de la red interna de distribución de agua”, señala en una carta que ha enviado a los vecinos. Mientras que la EUCC no se disuelva y el Ayuntamiento recepcione su gestión, todo depende de los residentes de la urbanización. El Canal realizó en 2023 un estudio técnico en el que se compromete a ejecutar las obras, valoradas en 5.048.996,49 euros (excluido IVA), y luego repercutir los costes durante 20 años en el futuro recibo del agua. Estamos hablando de un recargo de 84 euros por parcela y factura.

Legalizar los pozos

Hay alternativas. Monte Rozas podría ejecutar directamente las obras por sus propios medios, si bien deberían cumplir las conformidades técnicas del Canal de Isabel II. También puede solicitar la legalización de los pozos, presentando a la Confederación un proyecto acorde con el Plan Hidrológico y la normativa de aplicación en materia de aprovechamientos hidráulicos. Si se legalizan los pozos, la urbanización podría seguir usando su agua para usos distintos a los del consumo humano (piscinas y riego) a través de su red de distribución propia, a la vez que podría disponer de la nueva red que ejecutase el Canal para el consumo humano.

Miguel Ángel Díez, concejal portavoz de Vox en el municipio, cree que las obras deben ser asumidas por el Ayuntamiento. “La realidad es que, en Las Rozas, el suministro de agua corriente no está solucionado y a fecha de hoy no disponemos de acometidas de agua corriente en muchos barrios donde cientos de vecinos están bebiendo agua de pozo desde hace más de 40 años sin que nadie solucione el problema, y no debemos olvidar, que todos estos vecinos sin acometida de agua potable, llevan años pagando un IBI que financia servicios mínimos obligatorios establecidos por ley, como es el abastecimiento domiciliario de agua, servicio que nunca han recibido”. Vox ha presentado una moción para que el Consistorio elabore un catálogo de pozos legales ubicados en el municipio para promover su uso para riego público o de aprovechamiento privado y “defender el derecho de los vecinos a disponer del agua de acuíferos como un bien común esencial”.

De la misma opinión es Carlos Arnal, concejal de Más Madrid en Las Rozas. “Los vecinos tienen razón. Para eso pagan sus impuestos, como el IBI. El Ayuntamiento debe asumir las obras. Igual que acaba de presupuestar 100.000 euros para financiar el riego de un campo de golf de una entidad privada”. Este diario ha realizado una serie de preguntas a Carmen Lozoya, presidenta de la EUCC. No ha obtenido respuesta. Un portavoz del Ayuntamiento asegura que “trabaja de la mano con la EUCC Monte Rozas para que Canal ofrezca una solución definitiva para sustituir la red antigua. Les estamos acompañando en todo el proceso para facilitar que las obras se realicen con todas las garantías legales y con ahorro económico para los vecinos”.

Pero muchos de estos vecinos se han organizado y han encargado un informe jurídico para analizar “si existe base legal suficiente para obligar a la EUCC y a sus propietarios a sufragar las obras. Y si la asunción del coste por parte de los vecinos es proporcional, equitativa y justificada”. Ese informe señala que “el abastecimiento de agua es una competencia municipal indelegable. La obligación de financiar obras de conexión o renovación de redes públicas no puede trasladarse a los propietarios de una urbanización, salvo que exista un beneficio directo privativo, lo que no se da en este caso".

Uno de los vecinos en contra del proyecto resume el perjuicio para los propietarios: “Hay una doble carga económica: tenemos que seguir asumiendo el coste del sistema actual de suministro, mientras pagamos la nueva cuota por las obras, con un total aproximado de 117 euros al mes por vivienda. El coste de la derrama es excesivo, 20 años, sin revisión o compensación. El convenio implica que cualquier desviación de presupuesto correrá a cargo de los vecinos, sin límite ni control previo”.

Además, hay una obligación de pago incluso sin servicio. “Si la urbanización no alcanza el 80 % de contratos individuales en seis meses desde la ejecución de la nueva red, la EUCC deberá pagar el coste total de las obras directamente, sin haber recibido el servicio, generando una carga económica extrema”. Por último, las deudas de vecinos que no estén al corriente serán repercutidas colectivamente. Los vecinos han conseguido, de momento, paralizar la aprobación del convenio con el Canal y se están agrupando para forzar la dimisión de la presidenta de la EUCC.