Las deudas pendientes de la democracia 50 años después de la muerte de Franco

Medio siglo después de la muerte del dictador Francisco Franco, del inicio de la Transición y del origen de la actual democracia, aún quedan deudas pendientes que saldar con el pasado, con las víctimas de la Guerra Civil y de la dictadura franquista. Las dos leyes de memoria aprobadas este siglo —la de la Ley de Memoria Histórica de 2007 del Gobierno de Zapatero y la Ley de Memoria Democrática de 2022 del Gobierno de Sánchez— han supuesto un avance. Pero frente a ellas —que tampoco son suficientes por sí mismas— han surgido las llamadas “leyes de la concordia” impulsadas por el PP y Vox en Aragón, Castilla-León y la Comunidad Valenciana, que suponen un retroceso y que ya fueron criticadas por Naciones Unidas, que alegaba en un informe que pueden “invisibilizar” las “graves violaciones de los Derechos Humanos” cometidas durante el “régimen dictatorial franquista”. De hecho, estos textos equiparan a las víctimas políticas del periodo que va desde 1931, con la proclamación de la Segunda República, hasta 1978, con la llegada de la democracia, y no mencionan siquiera la palabra “dictadura”.

Más allá de las intenciones de las leyes que recoge el Boletín Oficial de Estado y los boletines autonómicos, que se enfrentan entre sí, hay una realidad que no se puede ignorar y que adquiere forma en la misa que se celebra en honor a dictador: uno de cada cinco españoles considera que el franquismo fue una buena época. También los hay que creen que la dictadura fue mejor que la actual democracia. Muchos de ellos no la vivieron, son jóvenes y han nacido en la España actual —en la que se vota, se tienen todas las libertades y las mujeres no son seres de segunda— pero lo piensan. Son datos del barómetro de octubre. Preguntaron a 4.029 españoles cómo consideran que es el actual régimen democrático en comparación con la dictadura franquista: 222 personas creen que la actualidad es “mucho peor” y 472 la consideran “peor”. Franco sigue vivo en ellos, en el 5,5% y en el 11,8% de los españoles, respectivamente.

Una laguna de memoria en las aulas

Los expertos condicen en que estas cifras responden a la presión de la extrema derecha, pero también a la falta de información y de formación. La Guerra Civil, el franquismo y la Transición no se estudia en las aulas, al menos, no en todas. El currículo académico que establece cada comunidad autónoma incluye todos estos momentos históricos, pero eso no garantiza que lleguen a estudiarse. De forma generaliza, las lecciones del siglo XX en España empieza en cuatro de la ESO, pero quedan relegadas al final del libro, que es la parte que permanece impoluta y protegida de los subrayadores y bolígrafos porque casi nunca se llega a tratar por falta de tiempo. A esto se añade que la asignatura de Historia del Mundo Contemporáneo de primero de Bachillerato solo es obligatoria en la modalidad de Humanidades y Ciencias Sociales, de manera los alumnos de Ciencias y Artes tampoco cuentan con una formación profunda de historia contemporánea más allá de lo estudiado en la ESO.

Serán los alumnos de segundo de bachillerato, los que se enfrentan a la selectividad, los únicos que estudiarán la historia de sus abuelos y sus bisabuelos. Así, miles de españoles quedan sin formación en este ámbito, pues este último ciclo no es obligatorio, y los que optan por otras vías académicas, como la Formación Profesional, o abandonan los estudios, nunca habrán recibido una sola lección sobre el último siglo de historia de su país. En un reportaje de este periódico, tres profesores de historia de instituto, explicaban que hay un error de base en la forma en la que se jerarquiza la enseñanza de la Historia y que la LOMLOE también perpetúa pese a su reciente aprobación.

Estos vacíos de formación son ideales para que proliferen esas posturas que defienden que “con Franco se vivía mejor”. Las redes sociales -cuentas de TikTok de creadores de contenido que lanzan bulos sobre las bondades franquismo o canales de Telegram que difunden información falsa de forma masiva- son el caldo de cultivo perfecto para aquellos jóvenes que no han tratado esta etapa en el aula. Pero también para aquellos que van al instituto y se muestran reticentes a creer a sus profesores porque han encontrado fuentes que consideran autorizadas a través de las pantallas.

Esta laguna perpetua y perpetuada de la memoria colectiva es el fruto de un sistema ineficiente. Esta es una de las principales deudas de la democracia con su pasado, pero hay más.

Los españoles bajo la tierra

Ningún español vive a más de 50 kilómetros de una fosa común. El Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática anunciaba la pasada semana la creación de un mapa construido con fondos documentales y audiovisuales que incluye información de las casi 6.000 fosas de las que se tiene conocimiento. Las hay que guardan uno o dos cuerpos y las hay con miles, como las del cementerio de Paterna (Valencia), la de Pico Reja del cementerio de San Fernando de Sevilla o la del Valle de Cuelgamuros -antes Valle de los Caídos- donde yacen los restos de más de 33.000 personas de personas fallecidas en la contienda. Son cuerpos de miembros de los dos bandos y de todas partes del territorio. Para la construcción del monumento franquista se llevaron en procesión los restos mortales de los llamados “caídos por Dios y por España” y de los del bando republicano, que no tenían un apellido glorioso como los otros españoles, a quienes también tildaron de mártires. Pero esa es otra deuda.

Esta semana, el ministro Ángel Víctor Torres presentaba un balance de los tres años de la Ley de Memoria Democrática y detallaba que con el extinto I Plan de Exhumaciones y la puesta en marcha del II Plan de Exhumaciones (2025-2028), se han realizado más de 700 actuaciones y se han recuperado 8.941 cuerpos. “Esta cifra supone casi la mitad de los 20.000 que son susceptibles de ser exhumados, según un estudio realizado en 2019 por la Sociedad Aranzadi”, aseguraba. Pero las buenas noticias, las de los hallazgos con nombres y apellidos, llegan con cuentagotas.

Hay familias que llevan años buscando a sus familiares y los encuentran. El pasado verano, en el Valle de Cuelgamuros identificaron los restos de Luis Domenech Rivas, vocal de UGT, asesinado con 25 años. Tras el golpe de Estado, quedó en la zona controlada por los sublevados. Fue arrestado, asesinado y arrojado a una fosa común en el cementerio de Biota (Zaragoza). Posteriormente, sus restos, junto a los del resto de personas asesinadas, fueron trasladados al Valle en cajas colectivas. Allí le encontraron. Su familia pudo recuperarle. Con él, son 18 las víctimas identificadas en los trabajos que se están llevando a cabo en el Valle de Cuelgamuros desde hace dos años. Fue el 12 de junio de 2023 cuando comenzaron los trabajos. Hay más de 150 familias que buscan allí los restos. Son más de 33.000 personas enterradas en la cripta. El proceso es lento. El fenómeno es similar en el resto de fosas que albergan centenares de cuerpos. No siempre se pueden identificar los restos por el estado en el que se encuentran o no quedan familiares que les busquen. Tras los asesinatos, las familias solían abandonar el territorio para evita vivir señalados. Hay españoles que no saben que tienen familiares en fosas. Tal vez nunca lo sepan. En estos casos, sus cuerpos se inhuman en memoriales comunes en cajas separadas.

La mayoría de las fosas comunes están dentro de cementerios o junto a sus tapias, aunque también hay víctimas que fueron enterradas en pozos, minas, cuevas y zanjas en mitad de la nada. En esto casos es difícil dar con ellas. Algunas se encuentran bien por la documentación, bien por el recuerdo de los vecinos. Pero el objetivo era que se perdieran en el paisaje y muchas, a pesar de la búsqueda, son ilocalizables. Como la de Antoni Benaiges, conocido por el libro y la película El maestro que prometió el mar. El catalán que fue destinado para ser profesor en Balueños de Bureba (Burgos) y fue asesinado días después del golpe de Estado. Sus familiares y alumnos le buscan, aún sin resultados.

Los rincones de la simbología fascista

Uno de los aspectos que contempla la Ley de Memoria Democrática es la declaración de Lugares de Memora, que son aquellos espacios especialmente simbólicos por su papel en la historia y en la represión durante la Guerra y la dictadura. Hasta el momento han sido declarados 16. Entre ellos, figuran enclaves como la llamada “carretera de la muerte” donde se produjo “La Desbandá”, el bombardeo del bando franquista a los civiles que huían de Málaga en dirección a Almería durante la contienda, o el Casco urbano de Gernika-Lumo. Se incluye también la Real Casa de Correos de Madrid, actual sede del Gobierno autonómico y centro de torturas durante el franquismo. Pero esta última aún esta por ver.

El espacio, convertido en Dirección General de Seguridad durante el régimen franquista, recibiría este reconocimiento en octubre, tras meses de conflicto entre el Gobierno de Pedro Sánchez y el de la presidenta de la región, Isabel Díaz Ayuso, que se negaba a que el edificio recibiese esta distinción. Días después de la publicación en el BOE, la Madrid presentó un recurso ante la Audiencia Nacional por esta decisión que tildan de “arbitraria y sectaria”. Queda por ver si la fachada contará la historia de lo que ocurrió en su interior. Actualmente, sí tiene tres insignias de piedra colocadas a la izquierda de la puerta principal: una en honor a los héroes del Dos de Mayo; otra recuerda a las víctimas del 11-M y a quienes las auxiliaron; y, la colocada más recientemente, a los fallecidos durante la pandemia de la covid. Sin embargo, la presidencia autonómica se niega a colocar una cuarta que detalle las humillaciones, torturas y asesinatos que se cometieron precisamente en el edificio. Otro vacío, otra deuda, en este caso por la ausencia. Pero hay otras por presencia.

La geografía española esta repleta de simbología franquista. Pueblos, calles, plazas, monumentos, medallas, cruces, escudos, insignias, placas. En nombre de Franco, de generales franquistas, del “alzamiento”. El Consejo de Ministros aprobaba esta semana el Real Decreto que establece el procedimiento para la confección de un “catálogo de símbolos y elementos contrarios a la memoria democrática” para cumplir con el la Ley de Memoria Democrática, la que lleva vigente tres años, pero no ha sido hasta ahora que el Ejecutivo ha empezado el proceso. De hecho, esos símbolos ya deberían haber sido retirados. “Las Administraciones públicas, en el ejercicio de sus competencias, tomarán las medidas oportunas para la retirada de escudos, insignias, placas y otros objetos o menciones conmemorativas de exaltación, personal o colectiva, de la sublevación militar, de la Guerra Civil y de la represión de la Dictadura”, reza la ley de memoria, en este caso la de 2007. Pero siguen ahí. ¿Cuantos? Al menos 6.000.

Los hay discretos, como las lanzas de Falange que siguen en edificios de pueblos y ciudades de todo el país. Pero también colosales, como la Pirámide de los Italianos en la frontera entre Castilla y León y Cantabria o el Arco de la Victoria de Madrid, ubicado en el distrito de Moncloa y levantado tras el fin de la guerra. Nada hace saber a los que pasan cerca que están ante un monumentos franquista.

Con placas pero sin un museo nacional

Queda mucho por hacer. Quedan cientos de lugares por marcar, señalizar, renombrar y explicar. Las placas que ilustran los Lugares de Memoria ayudan a darle un nuevo sentido al espacio, para los que los que lo tienen integrado en el paisaje cotidiano y para los que lo ven por primera vez. De hecho, esas señalizaciones también se pueden leer fuera de España. En concreto, en los cinco Lugares de Memoria en el extranjero: el Ateneo Español de México, el Jardín de la Nueve en Paris, los campos de concentración de Ravensbruck y de Argélès-sur-Mer, y la tumbas de Antonio Machado en Colliure y de Manuel Azaña en Montauban.

Los españoles pueden acceder a estos retazos de dolor del pasado. Eso sí. Por separado y cuando posen la mirada en uno de esos espacios. No pueden acudir a un lugar concreto a conocer su pasado más reciente. No existe. España no tiene un museo sobre la Guerra Civil y el franquismo a pesar de qie el Artículo 58 de la Ley de Memoria establece la creación de un “Centro de la Memoria Democrática” con la finalidad de “salvaguardar la dignidad de las víctimas y la promoción de la memoria democrática de los derechos humanos y los valores democráticos”. Ha habido anuncios, pero no se han traducido en acciones. El año pasado, el ministro Torres anunció que España tendría su primer Centro Museo de la Memoria Democrática ubicado en Madrid. Pero no se ha vuelto a anunciar nada al respecto.

En marzo, se conocía que el número 41 de la calle Argumosa en el barrio madrileño de Lavapiés albergará el Centro de Exposiciones de la Memoria Democrática, que tendrá un espacio céntrico en la capital, a solo unos metros del Museo Reina Sofía. Pero no se trata del museo que recoge la le, y que anunció Torres. Fuentes del ministerio explicaban a Infobae, que se usará “como sala para exposiciones temporales de Memoria”, aunque aseguraban que seguirán “adelante con la creación de un museo nacional”, del que no hay más detalles.

Un Valle de Cuelgamuros en un proceso de “resignificación” que no convence

El proyecto “La base y la cruz” ha sido seleccionado como la propuesta ganadora para continuar con el proceso de resignificación del Valle de Cuelgamuros. Su incómoda presencia, pues sigue siendo lugar de peregrinaje de franquistas y ultraderechistas, empezará su transformación en dos años, aunque ya se dieron los primeros pasos con la exhumación de Franco y del líder de Falange, José Antonio Primo de Rivera. No obstante, este proyecto no convence a todos.

El Valle fue concebido por el para conmemorar la victoria militar del bando sublevado. Su construcción se prolongó durante diecinueve años y en ella participaron —y murieron— presos políticos republicanos como mano de obra penada. Fue inaugurado por Franco el 1 de abril de 1959, coincidiendo con el vigésimo aniversario del final de la guerra. Tanto la fecha de inauguración como el discurso de Franco consolidaron el carácter franquista y nacionalcatólico del enclave, un significado que se ha mantenido en su arquitectura, iconografía y marco legal hasta la actualidad. El proyecto vendría a ser la solución, pero hay asociaciones memorialistas que se muestran contrarias.

La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH) critica el concurso en sí. “De poco sirve una intervención de ese tipo si se mantienen en el recinto los monjes benedictinos, que siguen oficiando misas católicas y no se construye el lugar aconfesional que debe ser”, argumentan. El Gobierno y el Vaticano acordaron que los religiosos no deberían abandonar el lugar, que seguirá contando con una zona dedicada al culto. Es más, el “jurado internacional, de prestigio y plural” que se encargaba de decidir que proyecto gestionaría los 26 millones que va a invertir el Gobierno, contó la colaboración de Daniel Alberto Escobar, en representación de la Iglesia Católica. No ha habido manera de sacar la religión del proceso.

Desde la asociación exponen que “lo único que necesita el Valle es una explicación, una significación y no una intervención arquitectónica millonaria”. Lo tienen claro: la historia del Valle de los Caídos, ahora Valle de Cuelgamuros, es la que es. Está escrita y solo hay que darla a conocer. No hay que resignificar, solo significar.