
El debate sobre el futuro de la vivienda en Europa está cada vez más caldeado. Este jueves, la Comisión Europea ha recibido un extenso informe del Consejo Asesor de Vivienda de la Unión Europea, en el que se reclama un replanteamiento profundo de las políticas públicas y de la regulación del mercado. El documento, elaborado por un panel independiente de 27 especialistas, urge, entre otras cosas, a transformar la vivienda en una “infraestructura social y económica esencial” y no en un activo destinado a la especulación financiera.
Junto a esto, el análisis también propone un nuevo marco de intervención, desde más control sobre los alquileres turísticos de corta duración, hasta una contribución obligatoria de las grandes plataformas del sector, como Airbnb o Booking, para crear un fondo europeo contra el sinhogarismo
La vivienda como infraestructura social y no como activo especulativo
El informe, solicitado por la propia Comisión, fija un diagnóstico muy claro: el aumento de precios en muchas ciudades europeas, la erosión del parque de alquiler asequible y la presión turística han configurado una crisis estructural que no se resolverá solo con más oferta privada o desregulación urbanística.
“Necesitamos un cambio de paradigma para que la vivienda se considere una infraestructura social y económica esencial, y para desalentar la ‘financiación’ de la vivienda como activo especulativo en lugar de como hogar a largo plazo”, sostiene el texto entregado a Bruselas. Además, los expertos formulan 75 recomendaciones que abarcan prácticamente todas las áreas de la política de vivienda, desde la tributación hasta la planificación urbanística.
Una de las propuestas más importantes consiste en revisar las normas que regulan las ayudas de Estado, de forma que los Gobiernos puedan destinar más recursos a construir o adquirir vivienda social sin incurrir en restricciones comunitarias. El documento defiende que la inversión pública en este ámbito debe aumentar y ajustarse a objetivos a largo plazo, incluyendo fórmulas alternativas como el alquiler a precio de coste, en el que las rentas cubran gastos reales de construcción, rehabilitación y mantenimiento, con márgenes limitados.
Asimismo, el análisis insiste en que muchos de los problemas actuales vienen dados de la falta de un marco estable y coherente. Desde la existencia de una fiscalidad que favorece los usos especulativos, hasta la ausencia de incentivos para mantener las viviendas vacías en condiciones adecuadas. Para los autores, revertir estas dinámicas exige combinar reformas regulatorias, nuevas inversiones y una estrategia común entre todos los Estados miembros.
El foco sobre los pisos turísticos
Una de las áreas donde el informe es más explícito es la de los alquileres turísticos de corta duración. El Consejo considera que, en numerosas ciudades del continente, la proliferación de estas modalidades, facilitadas por plataformas como Airbnb, Booking, Vrbo u HomeToGo, ha reducido el número de viviendas disponibles para el alquiler residencial, y ha empujado los precios al alza.
“La Comisión Europea debería apoyar a los Estados miembros en la regulación del alquiler de corta duración mediante sistemas de permisos, zonificación y herramientas de seguimiento”, indica el documento.
De igual manera, los expertos reclaman que la supervisión de estas actividades sea obligatoria, que las plataformas aporten datos completos y que respondan por los anuncios que vulneren las normativas locales. “Las normas actuales sobre alquileres de corta duración se basan en la autodeclaración (…). La regulación debe ser obligatoria (…). La recopilación de datos debe abarcar todos los alquileres gestionados a través de plataformas”, subrayan, señalando que estas empresas “pagan poco o nada de impuestos” en numerosos países.
Más allá del control administrativo, los especialistas plantean intervenciones más intensivas en zonas tensionadas, como límites a nuevos registros turísticos, compra pública prioritaria de viviendas o planificación urbanística para reservar parte del suelo a uso residencial permanente.
Una tasa social, rehabilitación y transición verde
Otro de los aspectos más novedosos del informe es la propuesta de crear un fondo europeo específicamente destinado a luchar contra el sinhogarismo y la exclusión residencial. Ese mecanismo se financiaría con una “contribución solidaria” obligatoria de las plataformas de alquiler turístico, cuyos ingresos se han beneficiado del auge de esta modalidad. Los expertos creen que esta tasa permitiría generar recursos estables para políticas de inclusión, alojamiento temporal y programas de reducción de la pobreza habitacional.
El estudio también dedica una parte importante a la necesidad de mejorar la planificación urbana y promover la rehabilitación de edificios en desuso, en lugar de basar el crecimiento residencial en nuevos desarrollos extensivos. Los autores alertan del riesgo de apostar por la desregulación como fórmula para acelerar la construcción. “La construcción de vivienda no mejora con la desregulación urbanística, sino con una mejor planificación”, concluyen.
Entre las propuestas figuran también impulsar técnicas constructivas más rápidas y sostenibles, como los módulos prefabricados, y alinear todas las políticas de vivienda con la transición ecológica, integrando eficiencia energética, reducción de emisiones y adaptación climática.
La Comisión prepara su plan
El comisario europeo de Energía y Vivienda, Dan Jørgensen, reconoció que este análisis respalda la ambición del Ejecutivo comunitario de presentar a finales de año un paquete legislativo sobre vivienda asequible.
Según afirmó, el informe es de “alta calidad” y ayuda a perfilar una estrategia que pueda “ofrecer alivio, dignidad y oportunidades a los ciudadanos de toda Europa”. Y lanzó un mensaje que resume el espíritu del documento: “Demasiadas personas están sufriendo esta crisis: ha llegado el momento de actuar”.
*Con información de EFE.
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