Un contrato para una moqueta de 30.000 euros y el piso protegido del secretario general del PSOE: las cloacas también enfangan el municipio de Leganés

El martes 4 de noviembre Miguel Recuenco Pérez tuvo que dar una rueda de prensa en la Casa del Pueblo de Leganés, la sede socialista en este municipio madrileño de 194.000 habitantes. Recuenco, a sus 28 años, es secretario general del PSOE en esta localidad desde abril de 2025. Arropado por gran parte de sus compañeros, Recuenco decidió comparecer ante los medios “tras la campaña de difamación” que se había iniciado en redes sociales después de que él mismo contara en un video que había sido adjudicatario de una vivienda protegida promovida por el Ayuntamiento. “Lo hice con total naturalidad, sin nada que ocultar”. Recuenco negó corrupción y “favoritismo” e insinuó que la campaña de “fango” contra su persona se produce después de que haya denunciado que el Gobierno local (formado por PP y los independientes de ULEG) han renunciado a construir 108 pisos sociales.

“Me señalaron y te intentan destruir”, aseguró Recuenco. “Es verdad que cuando le tocó el piso él no era secretario general, pero no es estético. Ya es el segundo secretario general del PSOE con vivienda protegida. Dala mala imagen en la localidad”, señalan fuentes socialistas. Leganés forma parte del tradicional cinturón rojo del sur de la Comunidad de Madrid, aunque en el municipio ha gobernado el PP en el mandato 2011-2015 y ahora desde 2023. “Estos temas no ayudan a recuperar la confianza de los vecinos”, explican las mismas fuentes. La verdad es que Recuenco nunca ha sido cargo público. Hoy ni siquiera es concejal. Trabaja en la empresa privada y tampoco cobra ninguna retribución por parte del partido.

El Ayuntamiento inició el proceso de adjudicación de 134 viviendas protegidas en el barrio de Solagua en marzo de 2023. Los pisos no eran para alquilar, sino para comprar. Recuenco presentó su solicitud el 14 de abril de 2023. Fue admitido tras cumplir los requisitos y la Empresa Municipal del Suelo de Leganés (EMSULE) celebró un sorteo público, ante notario, el 5 de junio de ese año. Recuenco fue uno de los afortunados, Su nombre salió en el puesto 115. Firmó el contrato un año después, en mayo de 2024. “No hay un solo paso fuera de la ley”, asegura. “Hubo control y fiscalización notarial”. El nuevo líder socialista ha aportado incluso un documento de la empresa que aportó las bolas y los bombos para el sorteo señalando que todo fue legal. Y ha señalado que en ese mismo sorteo una militante del PP también fue adjudicataria de otro piso. Hubo 13.667 solicitantes.

Lo que está claro es que estos temas marcan la agenda política, en un escenario en el que la vivienda es el principal tema de preocupación para los españoles, según el último barómetro del CIS. “Se me está difamando y confundiendo a los vecinos”, señaló en esa rueda de prensa, Recuenco, que ha pedido a la dirección de Emsule un certificado sobre la legalidad del sorteo en el que fue adjudicatario. La batalla política y el ruido mediático están servidos. “No tengo competencias para realizar este tipo de certificados, pero sí puedo decir que existe un informe de la asesoría jurídica en el que se aprecian posibles irregularidades por fraccionamiento de contrato en los trabajos previos a la celebración del sorteo”, señala el presidente del Consejo de Administración de Emsule, el concejal del PP Francisco Javier Oporto. “Lo inmoral no es vivir en una vivienda pública, es querer acabar con la vivienda pública”, les contesta Recuenco.

En dicho sorteo se adjudicaron un total de 350 viviendas públicas correspondientes a tres promociones: 134 en venta, en el barrio de Solagua, y 216 en alquiler, en dos promociones en el barrio Puerta de Fuenlabrada. Según el informe jurídica, el entonces Gobierno socialista gastó 102.894 euros a través de 17 contratos menores sin realizar ningún concurso público para adjudicarlos. Además, parte de ese gasto se imputó a un contrato de reparaciones de viviendas en alquiler propiedad de la empresa, “otra presunta irregularidad, ya que supone una desviación del objeto del servicio”, según el actual Gobierno local.

Entre estos gastos se encuentra la compra de moquetas por valor de 32.498 euros; la contratación de bombos por 14.919 euros; sonido por 13.743 euros; publicidad y propaganda por 21.120 euros; alquiler de sillas por 4.277; seguridad y emergencias por 5.341 euros; o un seguro de responsabilidad civil por 1.946 euros, y así hasta 17 contratos menores diferentes. En este sentido, la asesoría jurídica de Emsule entiende que en todos estos contratos menores, “tanto los previos como los celebrados para llevar a cabo el sorteo, se ve claramente que existe una unidad funcional, un vínculo operativo entre los diferentes contratos que no permite tratar unitariamente cada uno de ellos”.

Para el sorteo, el Ayuntamiento entonces gobernado por el PSOE encargó una moqueta negra de 1.310,96 metros cuadrados y otra roja encima de 1.629,87 metros, que como se puede ver en las fotos, ocupaban casi todo el suelo del Pabellón Europa. Para su instalación no se adjudicó un contrato menor (aquellos inferiores a 15.000 euros), sino que por la cantidad facturada (más de 30.000 euros) se recurrió a que la empresa que se dedica al mantenimiento de las viviendas públicas la colocase, descontando esa cantidad del montante destinado a la reparación de las mismas. La pregunta es que va a hacer el actual Gobierno local con ese informe, es decir, si lo va a llevar a los tribunales. Un portavoz del Ayuntamiento asegura que todavía no se ha tomado una decisión, ya que está en marcha una comisión de investigación