El Gobierno ofrece a los funcionarios una subida salarial del 10% hasta 2028, pero los sindicatos no están de acuerdo

Función Pública ha planteado una subida salarial del 10% a los funcionarios entre 2025 y 2028. El incremento se aplicará de forma progresiva durante los cuatro años, aunque no podrá superar el 4% en los ejercicios de 2025 y 2026 por restricciones del techo de gasto. Sin embargo, la propuesta ha sido considerada insuficiente por los sindicatos.

Según fuentes de la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), el 6% pendiente se debería distribuir entre 2027 y 2028, con una posible subida adicional en 2027, siguiendo las previsiones de evolución de los precios marcadas por el Gobierno.

Así lo ha presentado la secretaria de Estado de Función Pública, Consuelo Sánchez, a los representantes sindicales en una reunión celebrada este miércoles, dentro del proceso para definir el nuevo marco plurianual de relaciones laborales.

Desde CCOO, UGT y CSIF han rechazado la propuesta, argumentando que es insuficiente. Tras esta respuesta, el Ministerio de Función Pública ha citado a los sindicatos a una nueva reunión, prevista para este jueves, 20 de noviembre, a mediodía.

Por parte de CSIF advierten que la oferta inicial del Ejecutivo “no cubriría” el aumento del coste de la vida, recordando que la inflación interanual hasta octubre se situó en el 3,1%. “Los dos primeros años del acuerdo supondrían una pérdida para el poder adquisitivo de los empleados públicos y, por tanto, no lo podemos aceptar”, subrayan desde CSIF, y también añaden su disposición a continuar la negociación con el Gobierno.

El sindicato liderado por Miguel Borra señala que “hay que tener en cuenta que desde 2022, fecha del anterior acuerdo, los sueldos se han devaluado un 8% y desde 2010, cuando se produjo la bajada salarial con los recortes de ese año, la pérdida se eleva casi al 20%”, a lo que suman que el Ejecutivo “está recaudando más que nunca, ha elevado el techo de gasto y, por tanto, hay margen para elevar la oferta”.

Isabel Araque, secretaria general de UGT Servicios Públicos, ha advertido que esta limitación complica la negociación y señaló que un acuerdo plurianual debe garantizar el poder adquisitivo. “No estamos para perder oportunidades ni para perder dinero”, ha afirmado Araque. La representante sindical insistió en que la oferta, tanto el 4% anual inicial como el 10% total, resulta insatisfactoria para los trabajadores públicos.

Asimismo, el sindicato ha señalado que evaluará los datos y analizarán la propuesta tras la mesa de negociación que el Gobierno ha convocado para mañana. “Imagino que el Gobierno, con lo que le hemos dicho, que no nos vale ni el 4% ni el 10%, se irá a hacer números”, han afirmado.

Sobre las posibles movilizaciones, Araque ha preferido no pronunciarse, indicando que “por principio de buena fe”, el sindicato aguardará a conocer los planteamientos de Función Pública en la reunión prevista para el jueves. Y ha recordado que los sindicatos “nunca” han descartado ninguna posibilidad respecto a la convocatoria de movilizaciones.

Por último, CCOO ha considerado “totalmente inaceptable” la propuesta planteada por el Gobierno, calificándola como un “insulto” para el colectivo de empleados públicos. La organización sindical ha comunicado que solo respaldará una oferta salarial que permita recuperar el poder adquisitivo perdido y advierte que, por su parte, sí se podría retomar la convocatoria de una huelga general el próximo diciembre “si no hay una propuesta económica justa”.

CCOO argumenta que “el Gobierno presume de liderar el crecimiento económico de la Unión Europea, ha modificado al alza su previsión de un 2,7% a un 2,9% para este año, mientras propone continuar con la política de contención salarial para el personal de las Administraciones Públicas, con un repunte preocupante de la inflación, a la vez que olvida que los empleados públicos de este país continúan por debajo del promedio de la Unión Europea”.

El acuerdo salarial anterior, vigente entre 2022 y 2024, contemplaba incrementos con componentes fijos y variables. Este pacto supuso un aumento salarial para los funcionarios cercano al 10%. Cuando se suscribió, en otoño de 2022, la inflación alcanzaba el 10%. El coste de aplicar este acuerdo rondó los 13.000 millones de euros.

*Con información de agencias.