La Fiscalía Anticorrupción considera que la información facilitada por Víctor de Aldama, presunto comisionista de la trama conocida como ‘caso Koldo’, ha sido determinante para el avance de la causa y, especialmente, para la apertura de una pieza separada centrada en presuntos amaños de adjudicaciones de obra pública en el Ministerio de Transportes, donde la investigación sitúa al exsecretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, como uno de los actores implicados junto a altos cargos próximos al exministro José Luis Ábalos. Así lo sostiene el fiscal jefe Anticorrupción, Alejandro Luzón, en el escrito de conclusiones provisionales presentado este miércoles ante el Tribunal Supremo, dentro del procedimiento que investiga la compra de mascarillas durante la pandemia y el papel desempeñado por altos cargos vinculados al Ministerio de Transportes en aquella etapa.
En el documento, el Ministerio Público solicita 24 años de prisión para el exministro José Luis Ábalos por delitos relacionados con presunta corrupción en la contratación pública. Para el exasesor del Ministerio, Koldo García, la petición asciende a 19 años y medio de cárcel por la misma causa. Sin embargo, la Fiscalía rebaja notablemente la solicitud de pena para Víctor de Aldama, que queda en siete años de prisión tras aplicarse la atenuante de confesión, una circunstancia vinculada a su voluntad expresa de colaborar con la investigación tras salir de prisión preventiva en una causa previa relacionada con el sector de los hidrocarburos.
A pesar de esta rebaja, Anticorrupción mantiene contra Aldama acusaciones por organización criminal, cohecho y uso de información privilegiada. La Fiscalía incide en que la reducción no responde a una menor responsabilidad en los hechos, sino al reconocimiento explícito de su participación y a la aportación de datos considerados esenciales para acreditar el funcionamiento de la trama y la vinculación con responsables políticos y empresariales.
Entregas de dinero, influencia y relación con Ábalos y Koldo
El escrito de conclusiones subraya que Aldama ha admitido los hechos que se le atribuyen y ha descrito con detalle la relación que mantuvo durante años con Ábalos y con Koldo García. Según el fiscal, el empresario explicó cómo se inició ese vínculo, cómo derivó en acuerdos para influir en resoluciones y contratos públicos y qué contraprestaciones económicas se entregaron a cambio. Anticorrupción destaca que las declaraciones incluyen referencias a “entregas periódicas de importantes cantidades en efectivo”, además de otros beneficios puntuales orientados a asegurar decisiones administrativas favorables.
Estas afirmaciones han sido consideradas relevantes por el fiscal jefe porque, según remarca, se corresponden con otras evidencias recabadas en la causa y no pueden interpretarse como un intento de eludir responsabilidades. Luzón especifica que Aldama no solo se reconoce como partícipe, sino que aporta contexto, fechas, documentación y descripciones que coinciden con otros indicios acumulados durante la instrucción.
Apertura de la pieza por obra pública
Uno de los puntos que la Fiscalía considera más significativos es la entrega de pantallazos de presupuestos relativos a obras públicas señaladas como “disponibles”. Estos documentos, presuntamente remitidos por Koldo García, contenían anotaciones manuscritas que el exasesor negó que fueran de su autoría. Sin embargo, la pericial caligráfica practicada durante la instrucción determinó que la letra correspondía a García. Este hallazgo permitió corroborar la existencia de indicios de amaño en adjudicaciones y motivó la apertura de una pieza separada centrada exclusivamente en contratos de obra pública.
Según el escrito, esa pieza sitúa al exsecretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, como figura implicada en el presunto esquema de adjudicaciones, junto con determinados empresarios sobre los que aún se practican diligencias. Anticorrupción sostiene que la información proporcionada por Aldama permitió identificar contratos concretos y determinar responsabilidades políticas vinculadas a dichas adjudicaciones.
Luzón menciona también que Aldama entregó el contrato firmado con Ábalos para el arrendamiento con opción a compra de un piso en el Paseo de la Castellana, un documento hasta entonces desconocido para los investigadores. La Fiscalía subraya que esta información permitió aclarar extremos patrimoniales vinculados al exministro y fue integrada en la valoración final de la acusación.
Para la Fiscalía, la colaboración del empresario ha sido sustancial porque sus manifestaciones coinciden con el resto del material probatorio reunido durante meses de instrucción, lo que ha permitido afianzar la acusación y avanzar en nuevas líneas de investigación. El fiscal resalta que se trata de declaraciones “relevantes, veraces” y compatibles con la documentación ya existente en el procedimiento, subrayando que la aportación de Aldama ha sido útil no solo para reconstruir hechos, sino para orientar la investigación hacia nuevas responsabilidades en el terreno de la contratación pública.
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