
Santos Cerdán tuvo durante años un poder muy importante en el PSOE, en el Gobierno de coalición que se formó tras la moción de censura de 2018 y dentro de la trama de corrupción cuyos tentáculos se adentraron en el ministerio de Fomento que dirigió José Luis Ábalos. La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil le sitúa en la cúspide de esta “organización criminal”. En el último informe que los agentes han aportado a la causa aparece un correo que Santos envió el 7 de junio de 2018 a José Guillermo Berlanga, asesor del PSOE en el Congreso, para que imprimiera los documentos adjuntos, se los entregara a Koldo García, para que este a su vez se los diera a Ábalos, que acababa de ser nombrado ministro unos días antes.
Uno de esos documentos llevaba el título de “peticiones nombramientos PNV”, y al parecer se trata de una exigencia que le había hecho llegar la formación nacionalista por haber apoyado la moción de censura que había aupado a Pedro Sánchez al Gobierno. Había un nombre y dos puestos. El nombre era el de Javier Chacón y la petición era nombrarlo en el ministerio de Medio Ambiente. “Fue nombrado por Zapatero y es un buen profesional”, viene escrito. Los dos otros dos puestos son para la SEPI y ADIF, empresas públicas. “Estos dos me tienen que decir los nombres, vienen los del PNV el lunes por la tarde para decirme y explicarme”. La UCO hace especial énfasis sobre Chacón, ya que participó en firmar la Declaración de Impacto Ambiental de un proyecto minero que Acciona y el dueño de Servinabar (socio de Santos) habían puesto en marcha en Aragón valorado en 56 millones de euros.
Días después, Santos le volvió a preguntar a Koldo sobre otros nombramientos, esta vez sobre algunos que interesaba que estuvieran en el ministerio de Fomento: “Se han hecho varios nombramientos, como no podamos meter ninguno, nada será posible. Santos le señaló a Koldo que su entonces jefe (Koldo era asesor de Ábalos) no podía situar en Adif (la empresa pública que gestiona las infraestructuras ferroviarias) a Teófilo Serrano. ”Que no se le ocurra", aseveraba Santos. Serrano, de origen navarro, fue presidente de Renfe y fue uno de los militantes que formó parte de la plataforma de apoyo a Patxi López a la secretaría del PSOE, en las que se enfrentó a Susana Díaz y a Pedro Sánchez, a la postre ganador de aquellas primarias. Serrano no obtuvo ningún puesto. En su lugar fue nombrada Ana Pardo de Vera, hoy investigada en la causa.

La UCO señala que Santos sí consiguió algunos de los nombramientos que le interesaba en el ministerio de Fomento. Se trata de Francisco Javier Herrera Lizano, que fue director general de Carreteras y que hoy también está imputado en la causa. Otras elecciones estaban costando más, lo que hizo que Santos le dijera a Koldo que sí Ábalos no seguía sus instrucciones, todo “se complica muchísimo”. Los investigadores señalan que estos nombramientos fueron consensuados entre Santos y la constructora Acciona. Actualmente, tres de sus directivos están investigados por amañar, presuntamente, varias obras públicas. De hecho, la UCO apunta que Santos actuó como “enlace” entre las empresas constructoras y el Ministerio dirigido por Ábalos para lograr mordidas del 2% por el amaño de obra pública.
También con Óscar Puente
Tras la marcha de Ábalos del ministerio, la UCO sostiene que Santos Cerdán y Acciona quisieron seguir influyendo en el ministerio, incluso cuando llegó Óscar Puente. “Santos habría acudido al ministerio para tratar ”de colocar a un par de personas de Justo, de Acciona". Se trata de Justo Vicente Pelegrini, exdirector de Construcción de la compañía e imputado en la causa. Esta intermediación entre Acciona y la administración a través de Santos no solo se habría limitado al nombramiento de cargos públicos, “sino que también habría consistido en la canalización de fondos procedentes de la constructora a Koldo y Ábalos”.
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