El Gobierno licitará la gestión de las 40.000 viviendas que pertenecían a Sareb con un contrato de 55,3 millones de euros

El Consejo de Ministros, durante la reunión de este martes, ha dado el visto bueno a la licitación por 55,39 millones de euros -sin IVA- del contrato para la gestión y el mantenimiento de las 40.000 viviendas que la Entidad Pública Empresarial de Suelo, Sepes, recibirá de la Sociedad de Gestión de Activos procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb). Además, según han informado desde el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, esta licitación incluirá cláusulas “antifondo”.

Con este acuerdo, el Ministerio encabezado por Isabel Rodríguez sacará a licitación los contratos para la gestión de los diferentes lotes de vivienda, que irán poniendo a disposición de los ciudadanos en forma de alquiler asequible y, además, impondrá cláusulas para corroborar que los adjudicatarios sean compañías con experiencia previa en la gestión de vivienda asequible o social. Con esta medida, el Ejecutivo pretende evitar que compañías participadas por grandes fondos de inversión se hagan con las concesiones de estos contratos.

Además de las cláusulas para esquivar a los grandes fondos de inversión, el Ministerio de Vivienda ha señalado que la licitación “numerosos requisitos para garantizar la excelencia y la sensibilidad social en la prestación del servicio, tales como la experiencia previa en la gestión de vivienda asequible o social”.

Según indicaron desde el Ejecutivo, la finalidad de estas condiciones contractuales es llevar acabo una gestión de vivienda asequible desde “el compromiso social, y no solo atendiendo a criterios económicos”. Por ello, uno de los servicios consistirá en la prevención, detección y atención temprana de situaciones de riesgo de pérdida de vivienda.

En este sentido, el Gobierno de Pedro Sánchez pondrá el acento en la solvencia técnica y de experiencia acreditada en la gestión de vivienda adscritas a un programa específico de vivienda de alquiler asequible o de vivienda social, por lo menos durante un año de los últimos tres para las empresas interesadas en la licitación.

Esta contratación supone para el Gobierno un paso más tras aprobar el pasado julio el traspaso progresivo de un total de 40.000 viviendas y 2.400 suelos, con la capacidad de construir sobre ellos 55.000 viviendas, propiedad de la Sareb a Sepes, un patrimonio que posteriormente nutrirá la nueva empresa pública de vivienda que el Gobierno está creando, según señala el Ejecutivo en un comunicado.

La Entidad Estatal de Vivienda ha diseñado además un sistema de penalizaciones y bonificaciones orientadas a maximizar la calidad del servicio prestado a las personas inquilinas, de forma que se establecen penalizaciones cuando los niveles del servicio incumplan los plazos fijados por la Entidad para la ejecución de los trabajos, como la resolución de incidencias en las viviendas. Por otro lado, se bonificarán altos niveles de calidad, como por ejemplo la alta puntuación en la encuesta de satisfacción que se lanzará anualmente a las personas inquilinas.