
Los maestros y profesores españoles están agotados emocionante. Siguiendo la tendencia de los últimos años, el profesorado ha experimentado un deterioro emocional sostenido, impulsado principalmente por la sobrecarga burocrática y la insuficiencia de recursos, según se desprende de la memoria anual del Defensor del Profesor, el servicio de atención a docentes gestionado por el sindicato de profesorado ANPE. En el curso 2024-2025, este organismo ha atendido 2.004 casos de conflictividad en los centros educativos, lo que eleva a 46.321 el número total de docentes apoyados desde la creación del servicio hace veinte años.
La presentación de este informe ha puesto de manifiesto la cronificación del malestar emocional entre el profesorado, una situación que ANPE ha calificado de estructural y que ha motivado la intensificación de la atención jurídica y psicológica ofrecida por el sindicato. En este sentido, la coordinadora estatal del Defensor del Profesor, Teresa Hernández, ha destacado que la complejidad de los casos gestionados ha ido en aumento con cuestiones como “el síndrome de burnout o del profesor quemado, la sobrecarga burocrática, las elevadas ratios, el aumento del alumnado con necesidades educativas especiales, la incertidumbre ante el futuro profesional del profesorado interino, la excesiva carga lectiva o la escasez de personal docente y no docente”. Se trata de cuestiones de fondo que ya ponía sobre la mesa el informe TALIS 2024 de la OCDE publicado el pasado mes.
Atrapados en una “espiral de exigencias”
El informe revela que la mayoría de los profesores (el 71,3%) de los 2.004 atendidos ha sufrido ansiedad, un incremento de un punto y medio respecto al curso anterior. Además, casi dos de cada diez ha recibido la baja médica y uno de cada diez ha padecido depresión. Además, por primera vez, el estudio ha incluido el indicador de “tranquilidad”, que solo ha identificado a un 4,4% de los docentes. La etapa de primaria concentra el mayor porcentaje de casos de ansiedad, con un 75%, mientras que los profesionales con más de quince años de experiencia presentan tasas más elevadas de depresión o bajas laborales, lo que sugiere una relación directa entre la antigüedad y el síndrome de burnout.
Hernández ha afirmado durante la presentación del informe que “el malestar emocional se ha convertido en un fenómeno estructural del sistema educativo”, y ha añadido: “Nos encontramos con algunos profesores atrapados en una espiral de exigencias, desmotivación y tareas burocráticas que les impiden centrarse en lo esencial: enseñar. La percepción de falta de apoyo institucional ante ello es un detonante claro de estrés y frustración”.
Aumentan las faltas de respeto y las presiones para modificar las notas
El análisis de los casos gestionados por el Defensor del Profesor durante el pasado curso muestra que el 42,6% de los conflictos han tenido como origen al alumnado, mientras que el 34,4% se han debido a problemas con las familias. Estos porcentajes se mantienen en niveles similares a los del curso anterior. Sin embargo, denuncian que se ha registrado un aumento en las faltas de respeto por parte de familiares de alumnos, que han pasado de 313 a 320 casos, así como en las presiones para modificar calificaciones, que han subido de 136 a 162. Las falsas acusaciones constituyen el segundo problema más frecuente tras las faltas de respeto, seguidas de las dificultades para impartir clase y los episodios de acoso. En cuanto a las agresiones físicas, el informe señala un ligero descenso respecto al curso 2023-2024, con 141 incidentes protagonizados por alumnos y 33 por familiares.
Teresa Hernández ha puntualizado que las situaciones de conflictividad que llegan al Defensor del Profesor representan solo una fracción de las que realmente afectan al colectivo docente. Según ha explicado, “generalmente, los casos que nos llegan son los más extremos o aquellos en los que el docente no encuentra apoyo en los equipos directivos o la Administración. Por otra parte, muchas situaciones se resuelven en el propio centro gracias a las normas de convivencia que se han ido estableciendo”.
Sobrecarga administrativa y carencia de recursos
La vicepresidenta nacional de ANPE, Sonia García, ha denunciado que la sobrecarga burocrática sigue siendo el principal factor de desmotivación y estrés entre el profesorado. García ha señalado que “la implantación de la LOMLOE, la proliferación de coordinaciones y proyectos sin dotación económica y la falta de personal administrativo han convertido el papeleo, ya sea físico o digital, en un obstáculo permanente para la labor docente”.En este sentido, insisten de nuevo en la insuficiencia de plantillas, con profesores que llegan a atender a más de 250 alumnos, y la escasez de recursos de apoyo en los centros.
García ha advertido de que “estamos viviendo la paradoja de que, mientras la sociedad cada vez exige más al profesorado, las administraciones siguen sin dotarlo de los recursos y tiempo necesario para afrontar las nuevas exigencias”. Además, ha alertado de que “estamos convirtiendo los centros en espacios asistenciales donde los profesores asumen funciones que no les corresponden, sin respaldo ni formación específica, y eso termina pasando factura a su salud y a su bienestar emocional”.
Piden reconocer como enfermedad profesional los problemas de salud mental
Tras analizar los datos del informe, ANPE ha reclamado a las administraciones la adopción urgente de medidas como el refuerzo de las plantillas docentes, la dotación suficiente de personal de administración y servicios, la simplificación de la labor burocrática, la habilitación de entornos digitales accesibles, la reducción del horario lectivo del coordinador de bienestar, un mayor apoyo a los docentes víctimas de conductas contrarias a la convivencia y la reducción de ratios en todas las etapas educativas. Asimismo, el sindicato ha insistido en la necesidad de reconocer como enfermedades profesionales los problemas de salud mental del profesorado, la elaboración de un estatuto docente que regule derechos y deberes y establezca una carrera profesional real, así como la garantía de una estabilidad normativa que permita la continuidad de las programaciones y la planificación docente.
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