Acciona Construcción ha reaccionado rápidamente al último informe elaborado por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en relación al caso Koldo. La compañía ha desmentido de forma tajante el pago de comisiones irregulares a cualquiera de las personas señaladas en el caso judicial y ha suspendido cautelarmente de sus funciones a dos de sus trabajadores citados como investigados: Tomás Olarte Sanz y Manuel José García Alconchel. Sin embargo, tal y como recalcan desde la empresa, esta medida no significa que Acciona admita la culpabilidad de los acusados.
El movimiento se produce después de que el magistrado instructor de la causa especial 20775/2020 en el Tribunal Supremo, Leopoldo Puente, acordara citar a declarar el próximo 3 de diciembre al exdirector de Construcción de Acciona para España, Justo Vicente Pelegrini, y a los citados empleados. El juez considera que, a la luz de las investigaciones y del informe policial incorporado al procedimiento, podría deducirse la “participación” de los tres en los hechos investigados.
Nuevas revelaciones sobre el papel de Servinabar en la trama
La publicación del informe, un documento de 227 páginas, ha añadido nuevas piezas a un entramado que apunta a un presunto esquema de beneficios económicos y contrataciones ligados a la empresa Servinabar 2000. Según la UCO, este entramado habría favorecido al ex secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, y a su entorno familiar a través de un flujo de contratos y beneficios derivados de la constructora.
El informe vincula directamente a Servinabar con el presunto cobro de comisiones irregulares relacionadas con proyectos de Acciona. Servinabar, vinculada a Cerdán y a su socio Antxon Alonso, habría intermediado en contratos que, según los investigadores, generaros beneficios cuya naturaleza se encuentra bajo escrutinio judicial. Acciona decidió romper en junio todos los contratos vigentes con esta empresa tras conocer las primeras conclusiones policiales. En ese mismo momento, la constructora comunicó la salida de Justo Vicente Pelegrini, que hasta entonces ocupaba la Dirección de Construcción en España.
La constructora defiende la legalidad de todos sus contratos
En un comunicado, la compañía insiste en que las relaciones comerciales mantenidas con Servinabar entre 2015 y 2025, con una facturación agregada de 5,7 millones de euros en distintos proyectos de construcción y obra civil, se ajustaron plenamente a la normativa. Subraya que estos contratos incluyen cláusulas explícitas de cumplimiento normativo y prohibición de prácticas ilegales o anti éticas.
Así, Acciona asegura que todos los pagos derivados de estas relaciones se efectuaron conforme a la ley: respaldados por facturas revisadas, reflejados en la contabilidad y liquidados mediante operativa bancaria. Añade que estas operaciones responden estrictamente a los servicios contratados y que “de ninguna manera pueden ser considerados pagos de facilitación por adjudicación de obra pública”.
La compañía recalca que desconoce y, por tanto, no puede asumir responsabilidad sobre la utilización de Servinabar pudiera haber dado a los importantes abonados. Asimismo, niega haber realizado pago alguno, de cualquier naturaleza, a favor de las personas investigadas en la causa.
Protocolos, certificaciones y advertencia de acciones legales
Acciona Construcción destaca que cuenta con un modelo de cumplimiento normativo “sólido”, sustentado en un código de conducta, protocolos internos y certificaciones internacionales como la ISO 37001 (antisoborno) y la UNE 19601 (compliance penal). Este armazón, explica, está diseñado para prevenir conductas irregulares y garantizar la trazabilidad de los procesos.
La firma también muestra su confianza en el sistema público de contratación y en la legalidad de los procedimientos de adjudicación que son objeto de investigación. Reitera, además, que no ha obtenido ninguna ventaja indebida en estos procesos y que seguirá colaborando con la Justicia para esclarecer los hechos.
En tono firme, la empresa advierte de que se reserva el derecho a emprender acciones legales si de las investigaciones se derivara algún perjuicio para la compañía por actuaciones de empleados o terceros. Ese aviso llega en un momento en el que la causa sigue abierta y las próximas declaraciones ante el Supremo podrían resultar clave para delimitar responsabilidades. Por ahora, Acciona insiste en su mensaje: ni comisiones irregulares, ni pagos opacos, ni prácticas contrarias a su código ético.
*Con información de agencias.
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