Telefónica comunica a los sindicatos su intención de activar un ERE en siete de sus principales filiales

Después de semanas de especulaciones, este lunes Telefónica ha trasladado a los sindicatos su intención de activar un expediente regulador de empleo (ERE) en siete de sus grandes sociedades, alegando la existencia de “causas objetivas”. Las afectadas, según ha confirmado UGT en un comunicado, serán: Telefónica de España, Telefónica Móviles, Telefónica Soluciones, Telefónica S.A., Telefónica Global Solutions, Telefónica Innovación Digital y Movistar+.

Aunque la compañía todavía no ha concretado cuántos empleados podrían verse afectados, el calendario ya está marcado: las cifras para Telefónica de España, Móviles y Soluciones, sociedades incluidas en el convenio de empresas vinculadas, se conocerán previsiblemente el 24 de noviembre, mientras que el resto de filiales tendrán la información el día 25.

Las estimaciones apuntan a que la propuesta inicial de la empresa podría situarse entre los 6.000 y 7.000 trabajadores, un volumen que, según recuerdan, suele moderarse conforme avanza la negociación.

UGT asegura que, tras la comunicación formal de Telefónica, que abre un plazo de una semana para constituir las mesas negociadoras, “cumpliremos con el mandato legal del Estatuto de los Trabajadores y negociaremos de buena fe, desde el diálogo y el consenso, pero con la firmeza que otorga su posición mayoritaria en el grupo”. No obstante, el sindicato ha mostrado su rechazo frontal a la estrategia empresarial, “que una vez más recurren a la reducción de plantilla como vía de ajuste organizativo”.

El sindicato reclama también que se abran de forma inmediata las mesas de negociación de todos los convenios colectivos, y demanda “una vigencia mínima hasta 2030 para garantizar estabilidad, coherencia con el Plan Estratégico de la empresa y protección de los derechos laborales”.

UGT descarta por completo cerrar acuerdos parciales por sociedades y advierte de que no apoyará ningún ERE sin que antes se garantice la estabilidad de los trabajadores que permanezcan en la compañía, con convenios extendidos hasta 2030 y condiciones “dignas y homogéneas” para todo el personal.

Además, el sindicato subraya que “la voluntariedad debe ser el eje central de cualquier proceso de salidas” y señala como referencia el modelo acordado en 2024 para Telefónica de España, Telefónica Móviles y Telefónica Soluciones.

En paralelo, otro de los sindicatos más grandes dentro Telefónica junto a UGT y CCOO, Sumados Fetico, ha expresado también su rechazo a “la constante transmisión a la plantilla de que la única opción de futuro profesional es la salida anticipada (…) a partir de ciertas edades”. En otro comunicado, la organización sindical ha exigido que cualquier proceso de despido colectivo sea “voluntario, universal y no discriminatorio”, que mantenga la vinculación con la jubilación ordinaria y que ofrezca condiciones económicas al menos equivalentes a las del último ERE pactado.

Ese precedente, cerrado en enero de 2024, concluyó con la salida de 3.420 empleados, un 33% menos de las 5.124 bajas inicialmente planteadas. El coste para Telefónica ascendió entonces a unos 1.300 millones de euros antes de impuestos, con un pago medio de 380.000 euros por trabajador. Una cifra inferior a la de otros planes de desvinculación previos, pero que aun así permitió al grupo un ahorro anual estimado de 285 millones.

En esta ocasión, Sumados-Fetico insiste en que “el ERE responde a una necesidad de la empresa”, pero recalca que la dirección debe garantizar “las mejores condiciones de salida para quienes se adscriban” y, al mismo tiempo, definir “un plan de futuro concreto para la plantilla que permanece”. A su juicio, la estabilidad laboral solo puede asegurarse mediante “un convenio colectivo fuerte que blinde condiciones, aporte estabilidad y dé soluciones de largo plazo”.

El proceso llega apenas unas semanas después de que Telefónica y los sindicatos cerraran, a mediados de octubre, el primer marco social común para toda la plantilla en España. El pacto, diseñado para armonizar derechos laborales con independencia del convenio aplicable en cada filial, pretende situar “a las personas en el centro” de la transformación del grupo y reforzar la igualdad, la estabilidad y el desarrollo profesional en un entorno de “profundos cambios tecnológicos y organizativos”.

Este marco se articula en torno a varios ejes estratégicos: organización de personas, cohesión territorial, observatorio de inteligencia artificial y empleo, atracción y retención del talento, consolidación de nuevas formas de trabajo, reskilling y upskilling, así como políticas de igualdad, diversidad e inclusión.

La activación de un nuevo ERE se enmarca dentro del plan estratégico presentado por Telefónica, que prevé recortes de costes por valor de 3.000 millones de euros hasta 2030, 2.300 millones para 2028, con un peso notable de los gastos operativos, incluida la masa salarial.

El anuncio también ha provocado la reacción del Ejecutivo. El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, ha defendido que el ERE debe desarrollarse bajo un marco de entendimiento con los sindicatos.

“Lo que ocurra tiene que ser siempre con acuerdo de los sindicatos”, afirmó durante un acto público celebrado este lunes. El Gobierno mantiene un papel relevante en la operadora a través de la SEPI, ya que ostenta un 10% del capital de Telefónica.