Montero propone a las comunidades un déficit del 0,1% entre 2026 y 2028: Hacienda eleva en 5.500 millones el margen de gasto

La falta de consenso entre el Gobierno y las autonomías complica la tramitación de los Presupuestos Generales del Estado, prorrogados desde 2023 y condicionados por la falta de apoyos en el Congreso

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María Jesús Montero, vicepresidenta primera
María Jesús Montero, vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, durante una rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros (Montaje Infobae con imágenes de Chema Moya / EFE)

El margen presupuestario de las comunidades autónomas aumentará en los próximos años si la propuesta del Ministerio de Hacienda prospera esta semana. Según ha adelantado fuentes conocedoras a El País, el nuevo planteamiento prevé que las autonomías puedan alcanzar un déficit del 0,1% del PIB de 2026 a 2028, lo que supone cerca de 5.500 millones de euros adicionales en capacidad de gasto. Pese a este alivio fiscal, la iniciativa no convence en su totalidad a los gobiernos autonómicos del Partido Popular, que continúan reclamando cambios más profundos en el sistema de financiación.

La propuesta de Hacienda a los gobiernos regionales

Durante la jornada de este lunes, el Consejo de Política Fiscal y Financiera se ha reunido en un encuentro clave donde Hacienda ha trasladado oficialmente a las comunidades los objetivos de déficit y deuda para el trienio 2026-2028. Además, el Ministerio ha fijado el tope máximo de aumento del gasto, un elemento central para definir tanto los Presupuestos Generales del Estado como las cuentas autonómicas.

Fuentes presentes han indicado al medio nacional que el diseño presentado permitirá a los gobiernos regionales elevar el margen de gasto en unos 5.500 millones, aunque varios responsables autonómicos insisten en que resulta insuficiente si no va acompañado de una revisión profunda en la financiación. El orden del día incluía un debate preliminar sobre la materia, aunque desde el departamento de la ministra Montero han explicado que no se presentará un modelo definitivo, sino que la propuesta servirá para abrir un diálogo al respecto.

La portavoz de Junts en el Congreso, Míriam Nogueras, formaliza la ruptura con el Gobierno que anunció la pasada semana anunciando enmiendas a la totalidad de todas las leyes que presente el Ejecutivo, su voto en contra en las que ya están en tramitación y su negativa a apoyar unos hipotéticos Presupuestos para 2026. n"La legislatura de Pedro Sánchez queda bloqueada", ha sentenciado Nogueras en una comparecencia en el Congreso. (Fuente: Imágenes Cedidas)

Lo que demandan las comunidades autónomas

El principal escollo persiste en los reclamos de una reforma completa del sistema, que permanece bloqueada desde hace más de una década y que sigue siendo prioritaria para los gobiernos regionales, sobre todo para aquellos gobernados por el PP. La consejera de Hacienda de la Comunidad Valenciana, Ruth Merino, ha ilustrado el clima de frustración minutos antes de la reunión al afirmar: “Nos enfrentamos a una situación de parálisis”, en referencia a la falta de avances sustanciales, ha recogido El País.

Mientras tanto, otras voces como la del consejero asturiano Guillermo Peláez (PSOE) han apelado al entendimiento: “En el Gobierno de Asturias esperamos que la reunión transcurra dentro del marco de lealtad y respeto institucional”, ha insistido, poniendo el foco en la importancia de fijar correctamente “la regla de gasto” para poder avanzar en la elaboración y aprobación de los presupuestos autonómicos.

Repercusiones directas en la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado

La dificultad para consensuar la senda de déficit repercute directamente sobre los Presupuestos Generales, que llevan prorrogados desde 2023. Los obstáculos en el Congreso han sido constantes en los últimos ejercicios, y la falta de apoyos por parte de formaciones como Junts, que recientemente ha dejado en suspenso el pacto de investidura, amenaza con bloquear de nuevo la aprobación de los objetivos presupuestarios.

Así, la cuestión de la financiación autonómica, cuyo primer intento de reforma data del final de la pasada legislatura, vuelve a situarse en el centro del debate político y económico.