“Hemos llegado a ver cortes de suministros y pegamento en las cerraduras”: el acoso inmobiliario crece sin freno en España

“Es una derivada casi natural de este proceso especulativo y salvaje que está asolando todas las ciudades de nuestro país”. Así resume la abogada y politóloga Alejandra Jacinto el auge del acoso inmobiliario: un conjunto de prácticas destinadas a expulsar a los inquilinos de sus viviendas sin necesidad de pasar por un desahucio judicial.

Lo que antes parecía un fenómeno marginal es ahora una estrategia habitual entre fondos de inversión, socimis, promotoras y también algunos propietarios particulares —especialmente en zonas tensionadas— cuyo objetivo es maximizar sus beneficios, según explican el Centro de Asesoría y Estudios Sociales (Cooperativa CAES) y el Sindicato de Inquilinas de Madrid.

Mientras las administraciones tardan en reaccionar y no existen datos oficiales registrados sobre esta práctica, los afectados denuncian métodos cada vez más agresivos y perfeccionados para “no dejar pruebas”, señala Jacinto. El resultado son abandonos forzados que no figuran en ninguna estadística.

El Sindicato de Inquilinas de Madrid define el acoso inmobiliario como “toda conducta reiterada destinada a forzar a una inquilina a irse de su casa”. Entre las prácticas más frecuentes, describen subidas repentinas del alquiler, cortes de suministros, negativa a reparar averías esenciales, burofaxes intimidatorios o visitas sin previo aviso. “Consideramos estas prácticas violencia económica y psicológica para expulsarnos de nuestras casas”, señalan.

En los últimos años, estas tácticas se han multiplicado y diversificado en toda España. En Madrid, los vecinos de Tribulete 7 denunciaron que, tras la compra del edificio por un fondo, comenzaron obras constantes, derrumbes de techos, inundaciones y daños nunca reparados. En Valencia, casos como Sogueros 2 o el de Amanda Orozco han expuesto otros métodos frecuentes: cortes de luz, interrupciones del agua, obras sin licencia que generan polvo, ruido y vibraciones, o la aparición de empresas como Desokupa que intimidan a los inquilinos.

Asimismo, en Pamplona, en el edificio de Mercaderes 18, los vecinos han denunciado una estrategia basada en la dejadez deliberada: ascensores averiados durante semanas, acumulación de escombros o ausencia de agua caliente coincidiendo con la intención del propietario de transformar el inmueble en apartamentos turísticos.

El abogado Javier Rubio, experto en vivienda de la Cooperativa CAES, confirma este patrón: “Se pueden bloquear ascensores temporalmente; generar grietas o goteras; provocar muchísimas molestias por la propia obra; rotura del portal; bloqueo de escaleras, suciedad constante y horarios intempestivos”. En este sentido, el experto subraya que actuar de este modo es ilegal: “Las obras deben acometerse dentro de unos horarios razonables, procurando causar la menor molestia posible”.

A ello se suma la intervención de empresas de desokupación. Jacinto advierte: “Recibir visitas de estas empresas es coactivo y amenazante en sí mismo y puede suponer la comisión de un delito de coacción”. El Sindicato de Inquilinas coincide: “Hemos llegado a ver cortes de suministros y pegamento en las cerraduras como prácticas habituales de grupos de desokupación”.

El acoso inmobiliario está directamente vinculado a los intereses económicos del mercado del alquiler. Según el Sindicato de Inquilinas, “donde sube la rentabilidad esperada, crece el acoso inmobiliario”. Rubio también constata esta tendencia: “Se está dando muchísimo actualmente en todas las zonas tensionadas”, impulsado por un “movimiento general de muchos oportunistas por acaparar viviendas para explotarlas” en regímenes de alquiler turístico, subarrendamiento de habitaciones o alquileres de corta duración.

Desde la Cooperativa CAES, observan un incremento constante: “En el último año, todos los meses viene alguien al despacho diciendo que está sufriendo acoso inmobiliario”, explica Jacinto, y matiza que en muchos casos las víctimas no identifican lo que les ocurre como acoso, pero describen prácticas que encajan plenamente en la categoría penal.

Reconocer cómo puede desarrollarse el acoso inmobiliario es clave para que las víctimas puedan reaccionar:

• Violencia económica: subidas abusivas del alquiler, retención injustificada de fianzas, burofaxes intimidatorios o amenazas de no renovar el contrato.
• Violencia material: dejar que el edificio se degrade, permitir plagas, provocar daños durante obras o bloquear zonas comunes.
• Violencia directa: insultos, amenazas, persecución y presencia de empresas de desokupación que intimidan a personas mayores, familias o personas en situación vulnerable.

El objetivo del que ejerce esta violencia es “tomarse la justicia por su mano”, destaca Jacinto, y quebrantar la voluntad de quien habita la vivienda para evitar un desahucio judicial largo, fiscalizado y que se puede recurrir.

Javier Rubio destaca que recopilar pruebas suficientes es imprescindible para que un juzgado reconozca el acoso como un delito: “Hay que hacer acopio de toda la documentación, conversaciones, testimonios y daños”, pero añade que esto “es complicado a nivel probatorio”.

Su compañera, Alejandra Jacinto insiste en que “la gente no sabe si es legal o no es legal” esta práctica, o “si tiene que soportarlo”, y señala que “está instalado —en el imaginario popular— que el propietario siempre tiene la razón”, lo que congela al inquilino, que cree no tener herramientas para reaccionar.

Además, la abogada explica que “hay juzgados a los que les cuesta mucho” actuar ante estos casos por falta de sensibilización y formación. Por su parte, el Sindicato de Inquilinas denuncia que “los juzgados no están siendo capaces de responder” y que muchos casos quedan impunes.

Sin embargo, cada vez son más las víctimas que se informan, “cambian el miedo de lado” y responden, como han hecho los vecinos de Tribulete 7 en Madrid, que presentaron este verano la primera querella penal colectiva contra un fondo de inversión por acoso inmobiliario.