Puigdemont pide al Tribunal Constitucional suspender las órdenes de detención tras el aval europeo

El reciente respaldo del abogado general del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) a la ley de amnistía ha reconfigurado el escenario político y judicial en torno a Carles Puigdemont. El expresident catalán ha solicitado al Tribunal Constitucional (TC) la suspensión inmediata de las órdenes de busca, detención e ingreso en prisión que pesan sobre él. Su argumentación se basa en que la persistencia de estas medidas supondría un “perjuicio irreparable” para sus derechos fundamentales. Esta petición, presentada tras el dictamen europeo, se fundamenta en la coincidencia entre la jurisprudencia constitucional española y el estándar europeo, lo que, según la defensa de Puigdemont, refuerza la necesidad de una protección cautelar urgente.

La solicitud de Puigdemont, a la que ha tenido acceso El Confidencial, reclama que la suspensión de las órdenes de detención se mantenga hasta que el TC dicte sentencia firme sobre la aplicación de la ley de amnistía en su caso. El expresident ha recurrido al órgano presidido por Cándido Conde-Pumpido después de que el Tribunal Supremo le excluyera de la amnistía, al considerar que la malversación que se le atribuye implicó un enriquecimiento personal, supuesto que figura entre las exclusiones previstas en la norma. Además, el escrito exige que la decisión del TC se comunique de forma inmediata a los órganos judiciales y policiales, tanto nacionales como europeos, para garantizar la paralización total de cualquier actuación dirigida a ejecutar dichas órdenes.

El informe del abogado general de la UE, Dean Spielmann, ha sido calificado como “decisivo” por la defensa de Puigdemont, según ha recogido El Mundo. Spielmann sostiene que la ley de amnistía es plenamente compatible con el Derecho de la Unión y que su aplicación corresponde exclusivamente a los Estados miembros, de acuerdo a como dio a conocer el Tribunal de Justicia de la UE el pasado 13 de noviembre. Aunque sus conclusiones no son vinculantes para el TJUE, la defensa de Puigdemont subraya que poseen una “autoridad interpretativa indiscutible” y que disipan cualquier duda sobre la validez europea de la norma. En este contexto, el letrado Gonzalo Boye ha destacado que la función del abogado general “no es consultiva en sentido débil, sino orgánicamente jurisdiccional”, lo que dota a sus afirmaciones de una “fiabilidad cualitativa innegable”.

La defensa de Puigdemont argumenta que la ejecución de las órdenes de detención supondría un daño irreversible para su libertad personal, su participación política, el ejercicio de su mandato representativo y su libertad de circulación. Según el escrito presentado ante el TC, este perjuicio se produciría incluso si una futura sentencia le diera la razón, ya que “no podría reparar plenamente los efectos de una privación de libertad ejecutada antes de resolver el fondo del recurso, lo que privaría al amparo de su finalidad constitucional”, según ha informado El Confidencial. Además, la defensa cuestiona la competencia del Tribunal Supremo para decidir sobre su caso, señalando que la persistencia de las órdenes de detención dictadas por un órgano cuya competencia ha sido cuestionada por el TJUE, “agrava aún más el perjuicio irreparable que se pretende evitar”.

En el plano político, el dictamen del abogado general del TJUE ha abierto nuevas posibilidades de diálogo entre Junts y el Partido Popular, según analiza eldiario.es. El aval europeo y la declaración de constitucionalidad de la ley de amnistía han despejado el camino para una posible entente entre los populares y la formación de Puigdemont. Fuentes parlamentarias citadas por eldiario.es aseguran que la interlocución entre Junts y el PP se ha intensificado en las últimas semanas. En este contexto, el portavoz de ERC, Gabriel Rufián, ha advertido de que el PP necesitará a Junts para llegar a la Moncloa, mientras que en el Gobierno consideran que el dictamen del TJUE es un “paso más” para que la amnistía alcance a todos los líderes del procés, incluido Puigdemont.

La defensa de Puigdemont insiste en que los perjuicios derivados de las órdenes de detención no son hipotéticos, ya que durante años el expresident ha visto limitada su libertad de movimiento y su actividad institucional por medidas cuya validez ha sido “jurídicamente desactivada por la ley y confirmada tanto por este tribunal como por el estándar europeo”, según el escrito recogido por El Confidencial. Mantener estas medidas, añade la defensa, supondría un “sacrificio desproporcionado e innecesario, incompatible con los principios de proporcionalidad, necesidad y mínima injerencia que rigen en esta fase”.

La defensa de Puigdemont concluye que “no existe duda jurídica razonable que justifique la persistencia de órdenes de detención en un escenario en el que tanto el Derecho nacional como el europeo avalan la eficacia inmediata de la ley”, según el escrito al que ha tenido acceso el mismo periódico. El debate sobre la aplicación de la amnistía y el regreso de Puigdemont a España sigue abierto, condicionado por la resolución del TC y el desarrollo de las relaciones políticas entre las distintas formaciones implicadas.