La ministra de Sanidad, Mónica García, ha anunciado que llevará a juicio a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, tras negarse a crear el registro de médicos objetores del aborto que solicitaba el Gobierno y cuyo plazo cumplía ayer. “Iniciaremos los trámites para interponer un contencioso administrativo donde la señora Ayuso tendrá que responder ante los tribunales sobre esa obstaculización de la ley”, ha declarado la ministra este sábado.
El Gobierno central estableció como fecha límite la pasada medianoche para que las autonomías cedieran a la creación de un banco de datos. Baleares y Aragón, ambas gobernadas por el Partido Popular, se mostraron reticentes a compartir el listado, pero finalmente han acabado cediendo, lo que deja a la Comunidad de Madrid sola en un su pulso con Sanidad.
García ha comparado la actitud de la presidenta autonómica con el “más puro estilo trumpista” al “declararse en rebelión contra el derecho de las mujeres al aborto”. “En una mezcla que ya conocemos de la señora Ayuso, de soberbia e ignorancia, no solamente está desoyendo al Tribunal Constitucional, sino que está yendo contra la ley de Salud Sexual y Reproductiva del año 2023; pero lo más grave, está yendo contra el derecho de las mujeres”, ha continuado.
El Gobierno de la Comunidad de Madrid no ha tardado en responder a las declaraciones de la ministra e insiste en que prefiere que sea un tribunal el que decida sobre el registro de objetores. “Nosotros pensamos que el aborto debe ser legal, seguro y poco frecuente. Nosotros respetamos la Constitución, ley fundamental, ley de leyes y desde luego protegemos tanto la vida como el derecho a la objeción de conciencia”, ha explicado el consejero de Educación, Ciencia y Universidades, Emilio Viciana, en declaraciones a los medios desde el instituto público Juan de la Cierva.
“No se va a perseguir ni a señalar a nadie”
La aprobación del registro de objetores de conciencia para la interrupción voluntaria del embarazo fue aprobada en diciembre de 2024 con el objetivo de "garantizar el derecho a la objeción de conciencia del personal sanitario". Casi un año después y ante la inacción de Baleares, Asturias, Aragón y Madrid, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, envió una carta a los respectivos presidentes en la que les concedía tres meses para que compartieran el listado de sanitarios antes de comenzar con los procesos legales.
Sin embargo, el gobierno de Ayuso se ha reafirmado en su negativa a cumplir con el protocolo. “No se va a perseguir ni a señalar a nadie”, aseguró la consejera de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Fátima Matute, ante los medios de comunicación el pasado octubre. Además, la consejera subrayó que en la región no se le ha negado el aborto “a ninguna mujer”.
En 2024, Madrid realizó un total de 18.149 interrupciones voluntarias del embarazo, pero solo 86 de ellas se realizaron en centros públicos. El registro de objetores de conciencia busca prevenir el bloqueo de estas intervenciones en la sanidad pública, que actualmente se hace cargo de un 20 % de los procedimientos.
“No sé qué le pasa a la señora Ayuso contra las mujeres, no sé cuál es esta cruzada que le ha tendido a las mujeres de la Comunidad de Madrid. En este país la ley se cumple. La señora Ayuso ha decidido una vez más ponerse del lado equivocado de la historia. Nosotros hemos decidido ponernos del lado de la libertad, del lado de la libertad de las mujeres para poder elegir sobre su cuerpo, sobre su vida y sobre su maternidad”, ha declarado García.
*Con información de Europa Press
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