
El apagón nuclear se ha convertido en una espada de Damocles para el Partido Socialista. La primera lectura que puede hacerse sobre el rechazo a la enmienda a la ley de movilidad sostenible para prolongar la vida del parque atómico es positiva para el Gobierno. La abstención de Junts se traduce en una victoria clave para mostrar que el Ejecutivo mantiene su hoja de ruta a pesar del bloqueo parlamentario que han prometido los de Carles Puigdemont.
Pero fuera de lo que ocurre en Madrid, el rescate de Junts es al mismo tiempo un disparo en el pie para los socialistas extremeños. Allí, su candidato Miguel Ángel Gallardo se juega el próximo 21 de diciembre, en las urnas, el gobierno autonómico frente al Partido Popular de María Guardiola en una campaña que gira, precisamente, sobre la continuidad de la Central Nuclear de Almaraz, ubicada en la comarca cacereña del Campo Arañuelo.
De hecho, desde el PSOE de Madrid se llegó a deslizar un posible apoyo a la enmienda si, como cuestionó el Ministerio de Transición Energética, no suponía un coste a la ciudadanía y cumplía con los requisitos de seguridad nuclear y de suministro, aunque finalmente votaron en contra. Fue el propio Pedro Sánchez quien llegó pronunciarse a favor “si no cuesta más dinero a los ciudadanos”, unas palabras que enfadaron a sus socios de coalición de Sumar.
Almaraz, la locomotora económica en Extremadura
El debate nuclear ha vuelto a la primera línea desde el apagón producido en España y Portugal el pasado 28 de abril, que la oposición señaló como responsable de la desconexión de generadores y que ha puesto en duda la autonomía estratégica de la energía en España, con una posición claramente antinuclear.
También por las presiones que están ejerciendo las gigantes eléctricas, principales propietarias y afectadas, para aplazar el cierre pactado en 2019. Y el primer reactor afectado es el de la central de Almaraz. El pasado 30 de octubre, Iberdrola, Endesa y Naturgy solicitaron formalmente al Ministerio de Transición Ecológica de Sara Aagesen la ampliación de la autorización de explotación hasta mediados de 2030. La dirección de la planta defiende retrasar el calendario porque está en su “mejor momento técnico” para seguir operando a largo plazo.
Las empresas insisten en que su continuidad es positiva tanto para la producción eléctrica —que supone el 7% de la energía nacional— como para retener el empleo cualificado en una comarca rural que afronta el reto de la despoblación. Actualmente, la Central cuenta con una plantilla de 4.000 trabajadores y allí operan más de 70 empresas especializadas.
También es cierto que no hay una posición unánime entre las compañías. Endesa es históricamente pronuclear, pero Iberdrola, que es la principal propietaria de esa central —posee más del 50% de Almaraz—, apuesta por esta energía siempre que sea rentable, algo que solo pasa por una bajada de impuestos.
Por otro lado, la central de Almaraz es la locomotora económica de una región a la cola en la gran mayoría de parámetros económicos: la economía de Madrid, por ejemplo, es tres veces más competitiva que la de Extremadura. El pueblo de Almaraz, sin embargo, ostenta desde hace años el primer puesto en renta media per cápita de la comunidad, con 16.641 euros por habitante, una cifra que supera incluso la media nacional, según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística (INE). Lo mismo ocurre con los municipios de su entorno, que también figuran a la cabeza en la región.
El PP hurga en la herida
Y en este sentido, la posible clausura de la central ha movilizado tanto a plataformas vecinales como a las administraciones locales, que temen que la pérdida del principal motor de desarrollo, empleo y riqueza de la zona se traduzca en despoblación, pérdida de población joven y descenso de los niveles de renta. Gallardo es consciente de la importancia de esta cuestión, hasta el punto de llegar a contradecir a los suyos, mostrándose “seguro” de que el Gobierno central prolongaría la vida útil de la Central Nuclear de Almaraz más allá del calendario: “Almaraz no se va a cerrar”, afirmó momentos después de la votación.
El PP quiere aprovechar las contradicciones que hay entre Ferraz y su federación extremeña para hacer campaña con ello. Antes de convocarse el adelanto electoral, motivado por el bloqueo de Vox a los presupuestos de la región, el gobierno de María Guardiola se comprometió a reducir a la mitad los impuestos regionales que gravan la central nuclear de Almaraz, con el objetivo de ampliar la vida útil de la central —y como reflejo de la presión que están ejerciendo las eléctricas—. El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, visitará Badajoz este domingo para mostrar su apoyo a Guardiola en el inicio de la campaña y, como es esperado, hablar del caso de Almaraz.
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