La Comunidad de Madrid se ha quedado sola. Su negativa a crear el registro de objetores de conciencia al aborto desafía el Gobierno de Sánchez, tras ser una medida que había exigido el Ejecutivo a varias autonomías, y que han aceptado tanto en Aragón como Baleares, ambas gobernadas por el PP. El Ministerio de Sanidad dio un mes de plazo, pero la presidenta Isabel Díaz Ayuso ha optado por dejar dicha resolución en manos de los tribunales.
La consejera de Sanidad de Madrid, Fátima Matute, defendió la postura del Gobierno regional: “En la Comunidad de Madrid creemos en el aborto legal, seguro y poco frecuente. No vamos a señalar ni a perseguir a quienes abortan o a quienes practican o no abortos. Preferimos que sea un tribunal el que diga lo que hay que hacer antes que un Gobierno sectario que no piensa en nada ni en nadie y, desde luego, con la Constitución en la mano, defenderemos la libertad de objeción y todos aquellos artículos para proteger a nuestra población”.
Es decir, la Comunidad de Madrid no elaborará listados de profesionales que se nieguen a realizar interrupciones voluntarias del embarazo, dejando la decisión final en manos de la justicia.
Aragón y Baleares ceden
A diferencia de Madrid, las comunidades de Aragón y Baleares han accedido a poner en marcha la base de datos tras el requerimiento del Gobierno central. “Solo la presidenta Isabel Díaz Ayuso se niega a acatar la ley”, defienden desde el Ministerio de Sanidad. No obstante, su ministra, Mónica García, ha manifestado que “aún están a tiempo” para revertir la situación.
“No sirve para nada”
La Comunidad de Madrid avisó de que sus servicios jurídicos estaban estudiando el asunto. No obstante, el portavoz del gobierno regional dejó caer en octubre la solución que hoy es inamovible: “No vale para absolutamente nada”, dijo. De la misma manera, Ayuso insistió en su rechazo. “No voy a hacer una lista de médicos. Nunca. Nunca”, insistió.
Estas declaraciones chocaban con las de Matute, su consejera de Sanidad, que inicialmente había mostrado disposición a cumplir con la ley. El tema lleva ocupando la agenda de la Asamblea de Madrid desde hace dos meses, con la oposición (PSOE y Más Madrid) subrayando la necesidad de crear el registro. Sin embargo, Ayuso no ha dado su brazo a torcer. “¡Váyanse a otro lado a abortar!”, indicó en una comparecencia.
La historia del aborto en España
El registro de objetores de conciencia se enmarca en la reforma de la ley del aborto de 2023. Su objetivo es organizar la gestión de este derecho, evitando discriminaciones entre objetores y no objetores, y garantizando que los segundos no se dediquen exclusivamente a practicar abortos. Los datos son gestionados a nivel autonómico y no se computan a nivel nacional.
Tras las declaraciones de la derecha, el debate actual recuerda a años atrás, cuando el aborto no era legal en España y muchas mujeres se veían obligadas a viajar a Inglaterra, donde está permitido desde 1967. El fenómeno se intensificó durante la dictadura franquista y persistió hasta mediados de los 80, cuando, en 1985, el país legalizó el aborto, pero solo en tres posibles supuestos: violación, malformaciones del feto y riesgo psicológico o físico para la madre. No fue hasta 2010 cuando se permitió la interrupción libre hasta la semana 14 y hasta la 22 en caso de problemas de salud.
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