Golpe del PP a Óscar Puente: Renfe tendrá que indemnizar por los retrasos de 15 minutos en los trenes de alta velocidad

“A ver qué recorrido tiene”, decía Óscar Puente, ministro de Transportes, cuando salía adelante en el Congreso de los Diputados la enmienda introducida en la Ley de Movilidad Sostenible que obliga a Renfe a sacar la cartera y recuperar las indemnizaciones por retrasos de 15 y 30 minutos en AVE. Según el ministro, la reforma puede afectar a la libre competencia, ya que no es la única compañía que ofrece los mismos servicios.

Fue en julio de 2024 cuando la empresa pública decidió suprimir las indemnizaciones por esos retrasos y fijarlos solo en demoras superiores a una hora. Sin embargo, el PP se ha aprovechado del paso de la nueva ley por el Senado, donde goza de mayoría absoluta, para introducir el apéndice que obligue a Renfe a rascarse el bolsillo.

El texto establece que “el Gobierno recuperará con efectos desde el 1 de enero de 2026 los compromisos de puntualidad y devoluciones de Renfe anteriores a las modificaciones producidas en julio de 2024”, lo que implica que volverán a garantizarse indemnizaciones del 50% y del 100% del importe del billete para retrasos de 15 y 30 minutos, respectivamente.

Desde el Ministerio de Transportes, avisan que estudiarán “resquicios jurídicos en defensa de la operadora de AVE y de Avlo”, ya que esta obligación no afecta a los competidores: Iryo y Ouigo, que operan bajo las mismas condiciones comerciales. En el choque de posturas, la diputada del PP, Ana Martínez Labella ha defendido que “la puntualidad también es un derecho”, mientras que Cristina López (PSOE), replicaba que la medida “castiga al público, obligando a indemnizaciones que no se exigen a los competidores”.

Además de esta medida, la Ley de Movilidad incluye una revisión de las etiquetas medioambientales de la Dirección General de Tráfico (DGT) y del mapa concesional de líneas de autobús, con el objetivo de garantizar que ninguna localidad quede desconectada del transporte interurbano.

Pero no todo han sido malas noticias para los socialistas. El PP también ha intentado tumbar los precios de la subida de tasas aeroportuarias, una medida que contaba con el apoyo de las aerolíneas y por la que Ryanair continúa presionando a Aena con el abandono de los aeródromos menores en señal de protesta. No obstante, la enmienda ha sido rechazada.

“Se trata de evitar que volar se convierta en un lujo y sacar del coma a los aeropuertos regionales”, ha defendido Martínez Labella antes de la votación. Sin embargo, el PSOE y sus socios de investidura (Sumar, Junts, ERC, Bildu y PNV) han frenado la propuesta, permitiendo a la empresa pública mantener su hoja de ruta. Entre 2015 y 2025, la empresa mantuvo congeladas sus tarifas por la Ley 18/2014, aprobada durante el Gobierno de Mariano Rajoy, lo que permitió atraer tráfico aéreo y sostener el turismo tras la crisis financiera. A partir de 2026, se prevé un aumento del 6,5% en las tasas.

En total, la cifra asciende hasta los 12.900 millones de euros en el tercer Documento de Regulación Aeroportuaria (DORA III) anunciado por Pedro Sánchez en septiembre. Por su parte, días antes de la votación, Aena advirtió en un comunicado que si se limitaran sus ingresos “sin un argumento económico racional, el daño al sistema aeroportuario español, a Aena y a sus accionistas podría ser considerable”.

La tarifa media actual es de 10,35 euros por pasajero, casi un euro menos que en 2015 (11,11 euros). Aena defendió que incluso con esta subida, en 2026 la tasa se situará en 11,03 euros por persona. Sin embargo, con la huida de Ryanair de los aeropuertos menos transitados, la gestora no ha sido capaz de llenar el vacío, quedando el 60% de la oferta sin cubrir.