El drama de la vivienda divide al Gobierno por la ausencia de soluciones reales: faltan viviendas de alquiler asequible desde 2023 y contundencia con los fondos buitre

Cada miércoles los políticos se reúnen en el Congreso de los Diputados en lo que se conoce como la sesión de control al Gobierno. El objetivo de esta cita debería ser debatir sobre los problemas de los ciudadanos y que cada partido aporte sus soluciones. Lo que suele pasar es que se van del tema y acaban hablando de su libro. Sin ir más lejos, ayer la diputada del PP, Cayetana Álvarez de Toledo, consideró prioritario mencionar que la España de Cristóbal Colón merecía agradecimiento por “derrocar a una tiranía que practicaba el canibalismo” en Latinoamérica. Un tema un tanto alejado de las prioridades de los ciudadanos que ven como el precio del alquiler sube y sube y se come su salario.

Esta iba a ser la legislatura de la vivienda, que se iba a convertir en “el quinto pilar del Estado del bienestar”. Pero no está siendo así. Sumar, socio de Gobierno, se lo reclamó al PSOE en la sesión de control de este miércoles. “No basta con resistir. Hay que ir a la ofensiva con propuestas tangibles y palpables”, defendía la portavoz de la formación liderada por Yolanda Díaz en el Congreso, Verónica Martínez Barbero. Y es que son varias las promesas del Gobierno de Pedro Sánchez que no llegan.

Hagamos recuento. Una de las que más le ha recriminado la oposición ha sido la que hizo durante la campaña electoral de 2023, cuando prometió levantar 184.000 viviendas de alquiler asequible en todo el país. Dos años después, se han construido 80.000 del Plan de Vivienda en Alquiler Asequible y, según la ministra Isabel Rodríguez, se han adjudicado 100.000. Sin embargo, una parte de estas construcciones —y algunas no están empezadas— provienen de proyectos locales previos.

Precisamante, la dependencia de las comunidades autónomas es uno de los problemas que frenan cualquier posibilidad de avance. El Gobierno, desde el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, pretende sacar adelante el Plan Estatal de Vivienda 2026-2030, que, de aprobarse a finales de 2025, marcaría la agenda de la política habitacional de los próximos cinco años. Pero para eso hay que poner de acuerdo al Ejecutivo central y a las regiones lideradas por el PP. Y de momento no han llegado a ningún pacto.

Sí que es cierto que el Ejecutivo ha puesto en marcha algunas medidas, como el Bono Joven de Vivienda o los créditos Instituto de Crédito Oficial (ICO) para la compra de una primera casa. Pero son medidas con trampa. Por ejemplo, los caseros son los principales beneficiarios de las ayudas, es dinero del Estado que va directo al bolsillo de los propietarios. Y en cuanto a los avales ICO, sólo dos de cada 10 jóvenes pueden acceder a ellos para dar la entrada a un piso y siempre que se hipotequen en pareja. Son iniciativas que no han hecho que bajen los precios, ni para alquiler ni para compra. Y mientras tanto queda pendiente una de las grandes medidas estrella del Gobierno: prohibir la venta de vivienda pública a fondos buitre.

Esta fue una de las primeras promesas anunciadas y viene de 2018. Se trata de una medida que no se ha llevado a cabo, al menos no del todo. La Ley de Vivienda de 2023 dificulta la venta de vivienda pública al sector privado, como los fondos buitre, pero no la penaliza completamente. Según la normativa, una comunidad autónoma puede vender viviendas públicas a capital privado si justifica la descalificación del suelo y han transcurrido 30 años desde su calificación, o cuando las viviendas no se encuentran en una reserva de suelo ni cuentan con ayudas públicas.

A esto se refirió este miércoles Sumar en el Congreso. Durante su intervención, la portavoz de Sumar advirtió a Sánchez de que “no puede haber ni una sola duda ni una tentación de no enfadar a los fondos buitre”, subrayando que los ciudadanos demandan “un Gobierno osado e innovador” en políticas de vivienda. Barbero aprovechó la oportunidad para hacer hincapié en este asunto y presionar al Gobierno de Pedro Sánchez, que actualmente está atado de pies y manos al haber perdido el apoyo de Junts. Pidió “valentía” e “intervenir el mercado inmobiliario” para “acabar con la lógica especuladora”.

Pero a Sánchez no le han gustado estas palabras. El motivo es sencillo: Sumar también forma parte del Gobierno y, cuando interesa desmarcarse de él por motivos electorales, lo hace. “Este juego de parecer que no se está en el gobierno pero se está en el gobierno no funciona muy bien”, ha dicho Sánchez en su comparecencia en respuesta a la portavoz parlamentaria de Sumar. Así, se ha dirigido a sus socio para asegurar que si quiere puede “criticar al gobierno y a todos los departamentos”, pero ha preguntado qué pasaría si el PSOE hiciera lo mismo con los ministros de Sumar. “Tenemos claro el interés general y el propósito de este gobierno de coalición progresista”, ha rematado.

Y la intención se conoce y es buena. No hay nadie en contra de que se solucione el drama de la vivienda, otra cosa es la estrategia y que los españoles sientan de verdad en sus bolsillos que se han puesto soluciones. Si bien en los últimos meses se han anunciado iniciativas como la transformación de pisos turísticos irregulares en alquiler permanente y una ayuda directa de hasta 30.000 euros destinada a jóvenes para acceder al alquiler con opción a compra, ninguna de estas dos ha entrado aún en vigor.

En abril, Sánchez presentó el Perte de Vivienda Industrializada, con una dotación de 1.300 millones de euros y el objetivo de construir 15.000 viviendas anuales utilizando métodos de construcción modular. No obstante, este plan —actualmente en su fase inicial— aún no ha mostrado resultados tangibles. Paralelamente, la propuesta de crear una empresa pública nacional de vivienda sigue pendiente. Por otro lado, la promesa de que la vivienda protegida mantenga su condición sin límite temporal permanece también en fase de planteamiento, sin avances concretos en 2025.