El abogado general de la UE avala la amnistía a Puigdemont casi en su totalidad, pero pone en duda los plazos del Gobierno para examinar los delitos

La Justicia europea comienza a allanar el camino para el regreso del expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont, a España. En un informe publicado este jueves, el abogado general de la UE ha avalado que se pueda aplicar la ley de amnistía al líder de Junts por los delitos de responsabilidad contable en el marco del Procés catalán, descartando así que pueda afectar a los intereses financieros de la Unión.

No obstante, el letrado Dean Spilmann ha mostrado dudas sobre algunas de las disposiciones de la ley que, opina, pueden ser incompatibles con el derecho comunitario. Hace especial hincapié en el plazo máximo de dos meses que impuso el Gobierno a los tribunales para examinar los delitos cubiertos por la amnistía y su posible perjuicio a las entidades del sector público. Si bien admite que son plazos “indicativos” y tarea del Tribunal de Cuentas, lo considera “excesivamente corto” para determinar si se empleó o no dinero procedente de la UE -que es el quid de la cuestión- y cómo los gastos afectaron a los organismos públicos. Un dudoso proceso de tutela judicial efectiva que, ha subrayado, “debe de ir de la mano de toda amnistía”.

La opinión del letrado europeo no es vinculante para el Alto Tribunal cuando dicte sentencia, pero suele marcar la línea de la gran mayoría de sus fallos. Entre otros asuntos, el Abogado General ha considerado que no es correcto exigir a los jueces nacionales que absuelvan a una persona y levanten las medidas cautelares en un plazo de dos meses mientras se resuelve el asunto en el Tribunal de Justicia de la UE. Hacerlo dejaría sin sentido el procedimiento de consulta a este tribunal. Por eso, ha afirmado, el Tribunal de Cuentas debe decidir si la ley se puede interpretar de manera que la respuesta que se de en Luxemburgo mantenga su utilidad cuando se haga una consulta prejudicial.

En otro dictamen separado, el Abogado se ha referido a los independentistas de los Comités de Defensa de la República (CDR) acusados de terrorismo. Considera que la Ley de Amnistía deja claro y “de manera explícita” que los delitos de terrorismo, así como otros que puedan atentar contra los derechos humanos, quedan fuera del olvido judicial y, por lo tanto, la ley no es contraria a la Directiva Europea de lucha contra el Terrorismo.

La Ley de Amnistía, a juicio del Abogado General, “cumple los estándares jurisprudenciales” establecidos por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Aunque la ley cubre un periodo concreto y hechos identificados relacionados con el proceso independentista de Cataluña, no puede considerarse una autoamistía, pues su objetivo se conecta directamente con buscar la normalización institucional y la reconciliación social en el contexto de la crisis catalana. Por otro lado, ha añadido, no incluye violaciones graves de derechos humanos, entre las que se cuentan, primeramente, las violaciones de los derechos a la vida y a la integridad física.

El Abogado General opina que, respecto a la seguridad jurídica y la confianza legítima, el hecho de que la amnistía tenga un ámbito de aplicación amplio o definido de forma general no es un factor decisivo para saber si cumple con el Derecho de la Unión. Y en este sentido, el Tribunal de Justicia debe asegurarse ahora de que la ley no permita que queden sin castigo supuestos actos de terrorismo.

El líder de Junts ha celebrado las conclusiones del letrado europeo y ha cargado contra la justicia española, a quien señala por intentar bloquear la aplicación de la ley de amnistía en su totalidad.

El líder independentista, fugado en Francia, ha reprochado que la ley de amnistía todavía no se aplica en su totalidad ni a todos. “Y no porque no sea democrática, constitucional y acorde con el derecho europeo. No se aplica porque existe una instrucción a la que obedecen ciegamente algunos tribunales, empezando por el Supremo, algunas entidades tan oscuras y opacas como Societat Civil Catalana y VOX”, ha escrito en un mensaje en X.

Desde el gobierno se ha pronunciado el ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, quien ha dado por acreditado que la Ley de Amnistía es “plenamente constitucional” y que “se va a ejecutar con máxima normalidad y tranquilidad.