Los padres de Sandra Peña testifican en la Fiscalía de Menores: “El daño que nos han hecho no lo podemos recuperar en la vida”

Los padres de Sandra Peña, la alumna de 14 años del colegio sevillano Irlandesas de Loreto que se suicidó el pasado mes víctima de acoso escolar, han comparecido este miércoles ante la Fiscalía de Menores. Lo han hecho con la esperanza de que “esa sanción sea contundente y ejemplarizante, para que a ningún centro escolar se le vuelva a pasar por la cabeza no atender a una familia cuando le presenta una situación de acoso en el colegio”.

El portavoz de la familia y tío de la víctima, Isaac Villar, ha manifestado a las puertas del Ministerio Fiscal que los progenitores se encuentran “nerviosos” ante una declaración que, según ha dicho, supone revivir “uno de los momentos más dolorosos” de sus vidas. Villar ha insistido en que “a nosotros, con la sanción que le puedan poner al colegio y a las menores que están investigando, el daño que nos han hecho no lo podemos recuperar en la vida, que es la pérdida de mi sobrina”.

La declaración de los padres ante la Fiscalía se enmarca dentro de los dos expedientes abiertos tras la muerte de la menor: uno dirigido a esclarecer la posible implicación de varias alumnas del centro educativo en un supuesto acoso escolar, y otro centrado en determinar si el colegio Irlandesas de Loreto incurrió en algún tipo de responsabilidad o falta de actuación ante las denuncias o señales previas que pudieran haberse producido.

Fuentes próximas a la investigación indican que la Fiscalía busca recabar toda la información posible antes de adoptar decisiones sobre las eventuales consecuencias judiciales, tanto para las menores implicadas como para la dirección del centro. La Policía Nacional, a través del Grupo de Menores, ha desarrollado durante las últimas semanas una investigación exhaustiva, en la que se ha tomado declaración a más de una decena de testigos, la mayoría compañeros de clase de Sandra.

El teléfono móvil de la menor y sus perfiles en redes sociales también han sido analizados, aunque, según fuentes policiales, el examen de estos dispositivos no habría aportado datos concluyentes que aclaren el contexto del supuesto acoso ni las circunstancias exactas que condujeron al suicidio.

El portavoz familiar ha expresado el profundo malestar de los padres por la falta de contacto con el colegio desde el trágico suceso. “No ha habido ni una llamada, ni una reunión, ni una sola palabra de los responsables del centro”, ha lamentado Villar, subrayando que esa ausencia de comunicación ha incrementado el sentimiento de abandono de la familia.

Al mismo tiempo, la Consejería de Desarrollo Educativo de la Junta de Andalucía ha puesto en marcha una comisión de conciliación para depurar posibles responsabilidades institucionales. Este órgano tiene el cometido de examinar si existieron protocolos de actuación ante el acoso escolar en el colegio y, en caso afirmativo, si fueron aplicados correctamente.

La familia ha reiterado que espera que tanto la Junta como la justicia actúen con contundencia para que el caso sea “ejemplarizante” y sirva de punto de inflexión frente al acoso escolar en los centros educativos. “Queremos que lo que le pasó a Sandra no vuelva a sucederle a ningún niño ni a ninguna familia”, ha recalcado Villar ante los medios congregados en Sevilla.

El Ministerio Fiscal deberá ahora valorar el conjunto de las pruebas y testimonios para determinar si existen indicios suficientes de responsabilidad penal o disciplinaria. Paralelamente, el colegio Irlandesas de Loreto podría afrontar una revisión por parte de la administración autonómica si se detectan deficiencias en la aplicación de los protocolos de prevención y respuesta ante situaciones de acoso.

El caso ha generado una gran conmoción en Sevilla y ha reavivado el debate sobre la eficacia de las políticas educativas frente al bullying en los centros concertados y privados.