La ley obligará a evaluar los riesgos laborales de las empleadas del hogar a partir de este viernes: estas son las multas a las que se enfrentan las familias

El colectivo de empleadas del hogar en España está formado por unas 340.000 personas afiliadas al Sistema Especial de la Seguridad Social, aunque un reciente informe de Oxfam Intermón eleva la cifra total de trabajadoras del sector a más de 565.000. Según este estudio, el 87% de las personas que se dedican al trabajo doméstico son mujeres y aproximadamente el 32% se encuentra en situación de informalidad. El salario mínimo para una jornada completa apenas supera los 1.100 euros al mes y hasta un 38% de las trabajadoras declara tener dificultades para llegar a fin de mes.

Ante la falta de protección para los trabajadores de este gremio, el Gobierno introdujo en 2024 un Real Decreto que establece nuevas obligaciones para los empleadores centradas en el aumento de la vigilancia en materia de prevención de riesgos laborales. La actualización normativa implica, entre otros, la realización mandatoria de una evaluación de riesgos del puesto laboral bajo riesgo de enfrentarse a una multa si no se respeta, según lo recoge el Boletín Oficial del Estado (BOE).

El Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo anunció al aprobar la nueva normativa que los empleadores tendrían un margen de seis meses para tener al día dicha evaluación desde la puesta en marcha de la herramienta digital ‘Prevención10’, disponible en la web del Ministerio de Trabajo, que facilita a los domicilios particulares el análisis de riesgos laborales. Este viernes 14 de noviembre se cumple el plazo de medio año desde su activación en mayo, por lo que los hogares con personal doméstico que no hayan realizado ete trámite todavía podrásn ser sancvionados por ello.

El Ejecutivo destaca también que una vez efectuada la evaluación, su contenido tendrá que revisarse y actualizarse periódicamente, y necesariamente cuando ocurran cambios en las condiciones laborales o se registren incidentes que provoquen daños. Ante la identificación de posibles situaciones de riesgo, será obligatorio adoptar y documentar por escrito las medidas preventivas concretas, incluyendo la fecha de implantación. Además, se deberá entregar a cada persona trabajadora una copia de dicha documentación, garantizando así que reciba la información relativa a las medidas adoptadas para su protección.

Pese a que el texto publicado en el BOE no especifica a qué tipo de multas pueden recibir las personas que no cumplan con esta nueva norma, la legislación española establece una escala de cuantías aplicables a las infracciones en materia de prevención de riesgos laborales en el artículo 40.2 de la Ley de Infracciones y Sanciones en el Orden Social (LISOS).

La sanción al empleado en el incumplimiento de la evaluación de riesgos para las trabajadoras del hogar parte desde 2.451 euros si no hay agravantes. Si los hubiera, la máxima sería entre 24.000 y 49.000 euros.

La nueva normativa también contempla medidas adicionales de protección para la realidad laboral de las empleadas domésticas, que deberán recibir sin coste alguno los equipos de protección necesarios para su actividad, así como formación en prevención de riesgos. El curso obligatorio de prevención será único para todas sus ocupaciones y gestionado por Fundae, con formación adicional si en algún domicilio hay riesgos excepcionales.

Igualmente, tendrán acceso a un reconocimiento médico gratuito y voluntario cada tres años, promovido por el Ministerio de Sanidad. El INSST también anunció la elaboración de un protocolo contra la violencia y el acoso, permitiendo a las trabajadoras abandonar el domicilio ante riesgo grave, sin que ello implique dimisión o despido.