
El Ejecutivo madrileño ya ha presentado el Proyecto de Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid de 2026, que asciende a 30.663,6 millones de euros. Sanidad se lleva la mayor partida, casi un 40% del total. Le sigue Educación, con casi el 25%, que suponen 6.959 millones de euros con los que el Gobierno autonómico busca mantener, según apunta en el documento de presentación del plan económico, “los pilares del modelo educativo” de la comunidad autónoma. Estos son, en la línea de las políticas del Partido Popular, “garantizar la igualdad de oportunidades, fomentar la libertad de elección de las familias, respaldar la labor docente e impulsar la excelencia educativa”. No obstante, las asociaciones de madres y padres le afean al Gobierno que no haya ninguna cuantía destinada a la lucha contra el acoso escolar, que sufre uno de cada diez estudiantes en España.
Las familias que conforman la Confederación de AMPAS, AFAS y FAMPAS de la Comunidad de Madrid (CONFAPA) se han mostrado “enormemente preocupadas” por la falta de una partida específica para hacer frente a los casos de acoso en los centros escolares, “principalmente los dirigidos a la prevención y la concienciación de este gran problema social, y a las actuaciones en formación de profesorado y especialistas y en apoyo directo a las víctimas por acoso”.
“No puede ser que el gobierno regional y la Consejería de Educación nos digan lo mucho que están preocupados por el acoso escolar y no hayan incluido ni un solo euro para prevenirlo y erradicarlo en los presupuestos regionales. ¿Cómo lo va a hacer? Se necesitan acciones informativas, formativas, de comunicación, en definitiva, de inversión en recursos humanos y materiales. Sin este requisito, todo se queda en buenas palabras y el problema se mantiene”, denuncia Fernando Mardones, vicepresidente y portavoz de CONFAPA.
Menos inversión en infraestructuras y becas insuficientes
Para Mardones, la ausencia de una partida concreta para la prevención e intervención del bullying no es la única traba de los Presupuestos de 2026. El vicepresidente asegura que quedan descubiertos los principales problemas que afrontan las familias que definen la educación pública, entre los que incluye la falta de becas, cuya partida presupuestaria considera insuficiente; la necesidad de una mayor inversión en infraestructuras, que cada vez recibe menos fondos; la climatización de las aulas o la falta de transporte escolar. Sin eso, dice, “sólo vemos la voluntad de la administración regional en seguir en su objetivo de privatizar la educación —hay mayores partidas para los centros concertados— y de obviar los problemas que afectan a la escuela pública”.
En este sentido, las asociaciones señalan que la dotación destinada a la enseñanza concertada se incrementa en 37,3 millones de euros. Según detalla el Ejecutivo, esos recursos permitirán, entre otras cosas, financiar la jubilación parcial con contrato de relevo de los docentes y garantizar la adecuada prestación del servicio educativo y asegurar “la equidad y la calidad del sistema educativo en su conjunto”. CONFAPA denuncia que es “algo injusto y que evidencia la voluntad inequívoca de la Comunidad de Madrid de reforzar la privatización de la educación”.
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