El relevo de Mazón en la Comunidad Valenciana expone la fragilidad del bloque PP-Vox: una alianza sostenida más por la aritmética que por la afinidad

La dimisión de Carlos Mazón como president de la Generalitat Valenciana ha hecho saltar las costuras del bloque de derechas que gobierna la Comunitat desde 2023. Lo que debía ser un simple relevo institucional se ha convertido en una negociación tensa, cargada de recelos, entre el Partido Popular y Vox. Detrás del proceso late una verdad incómoda: la coalición que ambos partidos han tratado de presentar como modelo de estabilidad permanece, en realidad, sobre equilibrio precario, sostenido más por la aritmética parlamentaria que por una afinidad política real.

En Valencia, la derecha gobierna gracias a un pacto que desde su nacimiento ha sido un matrimonio de conveniencia. Mazón consiguió que Vox aceptara un acuerdo funcional, con reparto de consellerias y discursos contenidos, pero las tensiones nunca desaparecieron. El presidente actuaba como amortiguador, un perfil institucional que servía de puente entre los sectores más conservadores de su socio y la línea pragmática del PP. Con su marcha, ese punto de equilibrio se ha deshecho.

Ambos partidos coinciden en la necesidad de garantizar la estabilidad de la Generalitat y evitar elecciones anticipadas, según han comentado este fin de semana fuentes populares a varios medios nacionales, pero discrepan en el cómo. El PP busca una transición rápida y ordenada que mantenga intacto el pacto de gobierno. Vox, en cambio, ha aprovechado el vacío temporal de liderazgo para reclamar garantías sobre compromisos concretos en temas sensibles. Su líder, Santiago Abascal, ha querido subrayar este domingo, en una entrevista publicada por La Vanguardia: “Nosotros nunca tememos unas elecciones”.

Las conversaciones entre los dos partidos se desarrollan con discreción, pero la tensión se filtra. Vox ha reclamado compromisos claros contra la inmigración, los repartos de menores migrantes no acompañados y las políticas medioambientales, tres frentes en los que la formación de Abascal busca marcar distancias con el PP. Los populares, por su parte, temen que ceder en exceso les haga perder centralidad política en un territorio donde aspiran a consolidarse como fuerza hegemónica de la derecha.

El actual síndic del PP en Les Corts, Juanfran Pérez Llorca, aparece como el nombre con más posibilidades de suceder a Mazón. Pero incluso esa designación, que en otros tiempos habría sido una formalidad, se ha convertido en motivo de disputa. Vox quiere un candidato con “voluntad de acuerdo real” y “perfil firme”, mientras el PP insiste en mantener una figura de gestión y consenso. La designación se ha retrasado precisamente por ese pulso: los populares no quieren dar la imagen de que ceden ante las exigencias de su socio, y Vox no parece dispuesto a dar su apoyo gratis.

Este desencuentro ilustra un fenómeno que va más allá de la política autonómica. En cada una de las comunidades donde PP y Vox comparten poder, el grado de entendimiento depende de factores locales y de la relación personal entre los dirigentes. No hay un modelo común ni una cultura de coalición consolidada, a diferencia de la izquierda, donde PSOE y Sumar han aprendido a gestionar su convivencia institucional. Lo que ocurre en Valencia pone de manifiesto que, para la derecha española, gobernar juntos sigue siendo más un experimento que una estructura estable. El principal ejemplo es Extremadura, donde la presidente María Guardiola, del PP, ha convocado elecciones anticipadas argumentando que sin presupuestos no se puede gobernar. Lleva dos años sin aprobarlos, para lo que necesitaría el apoyo de Vox. Un apoyo que no ha llegado porque las relaciones entre los partidos en esa región no pasan por su mejor momento.

El desenlace de las negociaciones en Valencia tendrá consecuencias más allá del ámbito de la región. En la dirección nacional del PP son conscientes de que el conflicto afecta a la imagen de Alberto Núñez Feijóo como líder capaz de articular una alternativa sólida al actual Gobierno central. De hecho, Feijóo ha intervenido públicamente para presionar a Vox y afirmar que una ruptura en la Comunitat “no sería comprendida por los ciudadanos”. En cualquier caso, este domingo se mostró confiado en un buen resultado para su partido: “Saldrá todo bien”.

En la Moncloa toman nota: cada crisis territorial de la derecha se interpreta como una muestra de que el bloque conservador carece de una hoja de ruta compartida. En ese contexto, la crisis valenciana tiene un valor simbólico. La Comunitat fue, tras las elecciones autonómicas de 2023, el principal escaparate del pacto PP-Vox. Feijóo lo presentó como ejemplo de “gobierno eficiente y moderado”. Hoy, ese laboratorio se tambalea y amenaza con convertirse en un aviso para 2027: si la derecha no consigue gestionar el poder en las autonomías, puede ser más complicado convencer a los votantes de que puede hacerlo en España.

Mientras tanto, Carlos Mazón sigue en funciones y prepara su comparecencia en la comisión de Les Corts sobre la gestión de la DANA. Su intervención, prevista con formato reglado de 15 minutos iniciales y turnos posteriores de los grupos, se ha convertido en una cita cargada de simbolismo. Mazón comparecerá como expresident, pero también como testigo de un equilibrio político que ya no existe.

Mazón actuaba como figura de contención entre los socios y mantenía una relación fluida con la dirección nacional. Su salida deja al PP valenciano sin un referente claro y obliga a recomponer el mapa interno de poder. Vox, por su parte, ve la coyuntura como una oportunidad para renegociar desde una posición de fuerza y reafirmar su peso político. Así, esta semana, una vez más, la Comunidad Valenciana ocupará un lugar central en la política española.