Las guerras de fronteras no están superadas en España: el Condado de Treviño que se disputan Álava y Burgos

El debate sobre el futuro del Condado de Treviño ha vuelto a situarse en el centro de la política territorial española. Este enclave, perteneciente administrativamente a la provincia de Burgos pero completamente rodeado por Álava, ha reavivado viejas tensiones entre la Comunidad Autónoma del País Vasco y Castilla y León. La última declaración del diputado general de Álava, Ramiro González, marcando 2029 como fecha para la posible integración del territorio alavés, ha provocado un fuerte rechazo en Burgos y en la Junta de Castilla y León, poniendo de manifiesto que las disputas históricas por límites fronterizos no están completamente superadas.

El Condado de Treviño es un territorio de aproximadamente 260 kilómetros cuadrados situado en la provincia de Burgos, aunque geográficamente rodeado en su totalidad por Álava. Con una población cercana a los 1.200 habitantes repartidos entre los municipios de Treviño y La Puebla de Arganzón, el enclave mantiene desde el siglo XV su pertenencia administrativa a Castilla y León, a pesar de su vinculación histórica y cultural con el País Vasco.

Su origen se remonta al año 1451, cuando el territorio fue cedido como señorío al linaje de los Condes de Treviño, consolidándose como una entidad jurisdiccional separada de Álava pero integrada en la Corona de Castilla. Desde entonces, su particular situación geográfica ha generado tensiones recurrentes sobre su gestión administrativa y prestación de servicios, convirtiéndolo en un caso excepcional en el mapa político y territorial de España. A lo largo de los siglos, Treviño ha sido objeto de demandas de integración por parte de Álava, motivadas tanto por la proximidad física como por la necesidad de que los vecinos reciban servicios básicos de manera más eficiente, dado que la capital alavesa está a apenas unos kilómetros, mientras que Burgos se encuentra a más de 100.

Durante el Pleno de las Juntas Generales de Álava celebrado el pasado miércoles, el diputado general Ramiro González defendió que Treviño vive un “anacronismo” y que es el momento adecuado para buscar una solución que permita su incorporación al territorio alavés. Según González, los convenios vigentes entre las diputaciones de Burgos y Álava, que fueron renovados hasta 2029, ofrecen un horizonte temporal suficiente para planificar la integración del enclave con “absoluta normalidad”.

González sostuvo que se trata de una cuestión práctica y social, más que de intereses políticos, y enfatizó que la vida cotidiana de los treviñeses está mucho más ligada a Vitoria que a Burgos, desde la educación y la sanidad hasta el transporte y la actividad comercial. “Se trata de buscar una solución lógica y beneficiosa para los vecinos del Condado”, aseguró, defendiendo que el proceso debería desarrollarse de forma ordenada y con anticipación.

El presidente de la Diputación de Burgos, Borja Suárez, reaccionó calificando la propuesta de “alarmante” y alertando sobre la posibilidad de que el Gobierno central, en busca de apoyo parlamentario del nacionalismo vasco, pudiera facilitar cambios fronterizos. “Decir que la ventana para segregar un territorio es Pedro Sánchez es una afirmación gravísima”, declaró Suárez, recordando que cualquier modificación de límites autonómicos está regulada en la disposición transitoria tercera del Estatuto de Autonomía de Castilla y León.

En la misma línea, el portavoz de la Junta y consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo, reafirmó que “el Estatuto de Autonomía es muy claro y vamos a seguir cumpliéndolo”. Carriedo precisó que nadie desde Álava se ha dirigido oficialmente a la Junta para plantear la integración de Treviño y que, por tanto, cualquier iniciativa que no respete la legalidad carece de legitimidad.

Desde 2017, las diputaciones de Burgos y Álava mantienen un acuerdo marco para regular la cooperación y garantizar la prestación de servicios básicos en Treviño. Dicho acuerdo fue renovado en 2023 por un periodo de cuatro años, hasta 2029, lo que abre un nuevo ciclo de negociación y reabre el debate sobre la posible integración. Mientras Burgos enfatiza la necesidad de priorizar la cooperación y la atención a los vecinos, Álava interpreta el periodo como una oportunidad histórica para lograr la incorporación definitiva del enclave.

La vida diaria de los habitantes de Treviño refleja esta doble dependencia: formalmente pertenecen a Castilla y León, pero muchos servicios esenciales, desde la atención sanitaria hasta la gestión educativa, dependen en la práctica de Álava. Esta situación ha alimentado décadas de debates políticos, consultas ciudadanas y reclamaciones tanto municipales como provinciales, consolidando a Treviño como un caso paradigmático de conflicto territorial que combina historia, administración y política contemporánea.