Las razones de la “ruptura irreversible” de Junts con el Gobierno: la amnistía, la pérdida de votantes en Cataluña o la demanda de control migratorio

La ruptura de Junts con el PSOE parece definitiva. Tras consultar a su militancia, el partido catalán anunció que dejaría de apoyar las medidas socialistas en el Congreso. La portavoz, Míriam Nogueras, ha confirmado que la formación independentista bloqueará la legislatura y vetará todas las leyes en trámite de implantarse. La política catalana ha catalogado de “irreversible” la decisión, mientras que el PSOE trata de confiar en que podrá impulsar leyes de una en una.

Desde hace meses, la formación catalana ha estado presionando al Gobierno con amenazas de ejecutar su rechazo en la cámara. De momento, no quiere oír hablar de moción de censura, pues la alternativa de PP y Vox le convence todavía menos. No obstante, el bloqueo a las leyes presentadas ya supone un palo en las ruedas de la administración de Pedro Sánchez.

Puigdemont aseguró desde Bruselas que “no ayudarán a un Gobierno que no ayude a Cataluña”. En 2023, Junts y PSOE se reunieron para llegar a unos acuerdos “históricos” en la capital belga. Dos años después, el partido independentista acusa a los socialistas de incumplir muchos de los pactos alcanzados en diversas materias.

La amnistía a los líderes del procés procesados o con causas abiertas contra ellos se abrió camino en aquellos acuerdos para lograr el apoyo a la investidura de Sánchez. Se dibujó como la llave para poder formar Gobierno. Con su desarrollo jurídico, cientos de personas, principalmente manifestantes y policías, se vieron beneficiadas. Sin embargo, una de las caras visibles del procés sigue esperando en Bélgica su amnistía política que le permita volver a su tierra natal. Y es que el Tribunal Supremo decidió que la ley de amnistía no se extiende a Carles Puigdemont por el delito de malversación, lo que ha mantenido vigentes las órdenes de detención en España. Presentó un recurso al Tribunal Constitucional y está a la espera del resultado, pero ya siente que no ha recibido lo que se pactó en 2023.

Otra de las principales demandas de Junts era que Cataluña contara con la competencia en materia migratoria. El pasado mes de septiembre, los dos partidos impulsaron una propuesta en el Congreso, que recibió el apoyo de Sumar o ERC, pero que tumbaron Podemos —calificando la medida de “racista”—, PP y Vox. A pesar de haber contado con el apoyo del PSOE, los de Puigdemont consideran que los socialistas tendrían que haber peleado por un acuerdo con Podemos para conseguir su apoyo.

Hay también un motivo de política interna que explica la decisión de Junts. Desde hace poco tiempo, un nuevo protagonista se ha sentado en la mesa de los principales partidos catalanistas. A los personajes habituales se ha unido Silvia Orriols, líder de Aliança Catalana, que está ocupando el espacio a la derecha de Junts. Su partido une el nacionalismo catalán con una postura más conservadora en lo social y una posición extremista antimigración.

Esta entrada en escena ha creado el miedo en Junts de perder una posición que pensaba dominada. Avalar un Gobierno español de ideología progresista no facilitaba recuperar votantes en Cataluña que en los últimos meses hayan mirado hacia Aliança. Para lograr sus objetivos, necesita impulsar sus intenciones en el Congreso de los Diputados, pero volver a luchar por el poder en su comunidad.

Junts no ha criticado los casos abiertos de Santos Cerdán, Koldo o Ábalos con la misma fuerza e insistencia que la oposición, pero es inevitable que tengan cierto efecto sobre su decisión de romper con el Gobierno. Tras la comparecencia de Sánchez en la Comisión de Investigación del Senado, Nogueras señaló que “no se esclareció nada”. En la misma Comisión, pudo observarse el distanciamiento del partido con la firmeza con la que se dirigía el senador de Junts, Eduard Pujol, al presidente.

Pero si hay algo que supone un abismo entre las posturas de los dos partidos es la tendencia económica. Junts reclama mayor transparencia en las balanzas fiscales y critica lo que considera un bajo grado de ejecución presupuestaria en Cataluña, demandando mayor inversión en respuesta a lo que genera la región. El grupo también cuestiona el aumento sostenido del déficit fiscal que, según su análisis, perjudica a la comunidad.

También consideran un grave error y una medida negativa para los catalanes el aumento de la cuota de autónomos. A estos motivos económicos, por último, se unen la (hasta ahora) incapacidad del Gobierno de Madrid para lograr la aceptación del catalán como idioma oficial en los órganos políticos de la Unión Europea, o la falta de avances en el desarrollo del aeropuerto de El Prat de Barcelona.