El juez pide prisión provisional para el empresario de criptomonedas que dio 100.000 euros en metálico a Alvise por estafar más de 185 millones de euros

La investigación revela que Álvaro Romillo y su plataforma Madeirainvest han defraudado a más de 3.000 inversores. Algunos llegaron a aportar sumas individuales de más de 250.000 euros

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Alvise Pérez y Álvaro Romillo.
Alvise Pérez y Álvaro Romillo. (Europa Press)

La investigación judicial sobre Álvaro Romillo, el empresario que le dio a Alvise Pérez en metálico 100.000 euros -conocido como CryptoSpain- y su plataforma Madeirainvest ha revelado que el supuesto fraude habría afectado a más de 3.000 inversores, quienes llegaron a aportar sumas individuales superiores a 250.000 euros. Según el juez José Luis Calama, los fondos captados de las víctimas rara vez se destinaron al propósito anunciado de inversión, sino que acabaron alimentando el entramado financiero de la presunta organización delictiva. La investigación logró decomisar 85 vehículos de lujo —marcas como Maserati, Ferrari, Aston Martin, Porsche, Bentley y Lamborghini—, así como embarcaciones e inmuebles, bienes que según la resolución judicial la organización intentó ocultar o vender mediante la alteración de datos administrativos.

La resolución del titular del Juzgado Central de Instrucción Cuatro destaca que Romillo habría actuado como el “ideólogo” y líder de una red que involucraba al menos a otras catorce personas de su entorno personal y familiar. Estas personas, según el juez, colaboraron en el diseño y ejecución de un modelo de estafa que presentaba como inversión a través de la plataforma digital madeirainvestclub.com. El supuesto club prometía “obtener rentabilidades mínimas de un 20% anual”, llegando a anunciar rendimientos de hasta el 68% y garantizando recompras, algo que, de acuerdo al magistrado, nunca se materializaba. Los interesados debían pagar una membresía anual que les daba acceso semanal a propuestas de inversión ligadas a Cryptospain.

El Tribunal Supremo ha citado para el próximo 11 de julio al líder de Se Acabó La Fiesta (SALF) y eurodiputado, Luis 'Alvise' Pérez, y al empresario Álvaro Romillo, alias 'CryptoSpain', por la presunta financiación ilegal del partido. (Fuente: Europa Press / PSOE / SALF)

Las actividades de captación, que se prolongaron de enero de 2023 a septiembre de 2024, se apoyaron en una fuerte presencia en redes sociales y en eventos multitudinarios, apunta la resolución. Entre los actos promocionales figuran tres celebrados en espacios emblemáticos de Madrid: en mayo de 2023 en la Finca Feligrés de Arganda del Rey, el Evento MIC2 en septiembre en el palacio Vistalegre Arena y, finalmente, el 6 de abril de 2024 en el hipódromo de la Zarzuela, donde participó Alvise Pérez.

Presencia en 15 países

El juez enumera que la organización disponía de 52 sociedades y 106 cuentas bancarias, además de activos en al menos 15 jurisdicciones internacionales como Portugal, Bélgica, Lituania, Estonia, Bulgaria, Rumania, Malta, Reino Unido, Albania, Estados Unidos, República Dominicana, Malasia, Singapur, Hong Kong y Tailandia. En uno de los movimientos identificados, una cuenta bancaria en Singapur recibió más de 29 millones de euros, desde donde se transfirieron cerca de 18 millones de dólares a otra cuenta en Tailandia.

Entre los factores para acordar la prisión incondicional y provisional del imputado, el instructor subraya la gravedad de los delitos y el volumen defraudado, que podría haber superado los 185 millones de euros. Señala el magistrado que apenas una fracción del dinero ha sido recuperada, lo que deja a Romillo “en una privilegiada situación en orden a eludir la acción de la Justicia”, ya que dispone de recursos para ocultarse en el extranjero y burlar eventuales órdenes internacionales de búsqueda y captura. Además, el juez considera relevante el riesgo de destrucción de pruebas, dada la limitada localización de fondos, por lo que resulta imprescindible limitar las capacidades del detenido para borrar rastros que permitan rastrear el dinero.

Por estos motivos, José Luis Calama transformó el procedimiento en sumario —al existir indicios de un “delito masa” con penas que pueden superar los nueve años de prisión— y ordenó el ingreso en prisión de Romillo, imputándole los delitos de organización criminal, blanqueo de capitales, falsedad continuada en documentos mercantiles y estafa agravada. La plataforma, concluye el magistrado, ofrecía inversiones en siete áreas distintas —vehículos, relojes, alcoholes y bienes raíces, entre otras—, y habría recaudado al menos 261 millones de euros a través de las denominadas “obras” ofrecidas a los supuestos inversores.