
El lunes 13 de octubre, José Manuel, agente de la Guardia Civil, acudió a una pequeña finca a las afueras de Arganda del Rey, en la Comunidad de Madrid, para realizar un trámite administrativo. La visita, aparentemente rutinaria, derivó en el hallazgo de una mujer de 68 años recluida en una casa de aperos de apenas 60 metros cuadrados. Junto a ella, encontró a 52 perros en condiciones de extrema insalubridad, rodeados de excrementos y orina. La escena impactó a los intervinientes y dio lugar a una intervención urgente coordinada por distintos cuerpos y servicios de protección animal.
María Ángeles Porto relató a los voluntarios de protectoras que había permanecido encerrada en ese espacio durante cuatro años en condiciones infrahumanas: con ausencia total de suministro eléctrico, de agua corriente y de acceso a la red de alcantarillado. Según aseguró, el responsable de su confinamiento y del hacinamiento de los animales era Ángel, su marido; quien, cuatro días antes de la inspección, con 69 años, falleció lejos de la finca, aparentemente por causas cardiovasculares.
Durante la inspección, los agentes también localizaron seis cadáveres de perros ocultos en bolsas de basura en un cobertizo, aumentando la gravedad de la situación. Algo que no era nuevo para la pareja, ya que hace cinco años, en plena recuperación de la “normalidad” por la pandemia, agentes de la guardia civil se vieron con un caso similar de maltrato animal en otra finca de Ambite de Tajuña. “En el interior de la misma, los agentes encontraron 22 perros de las razas podenco, alano, y labrador, que se encontraban en unas condiciones higiénico-sanitarias deplorables. Se encontraban encerrados permanentemente en unas instalaciones indebidas, rodeados de una gran cantidad de heces y orines, sin tratamientos veterinarios obligatorios y sin las documentaciones reglamentarias”, expresó en un comunicado la Guardia Civil.
Al entrar vieron que los animales “estaban afectados por diversas patologías de carácter grave, padeciendo displasias, leishmaniosis, diabetes, cegueras y portando numerosos parásitos como pulgas y garrapatas”. En esta ocasión también encontraron “siete cadáveres caninos en avanzado estado de descomposición” en un pozo y en una arqueta de la finca.

Las condiciones en las que se encontraron a los perros
El matrimonio se casó en 1979 y no consta ninguna denuncia previa por violencia de género. Ángel se caracterizaba por su vida solitaria y por la acumulación de coches viejos en el jardín de la finca. Según ha podido saber El País, los vecinos comentaron que prácticamente no veían a Porto, aunque en ocasiones escuchaban su voz gritar y golpear chapas para silenciar a los animales.
Cuando los agentes conocieron las condiciones deplorables en las que vivían los animales, llamaron a la Unidad de Protección de la Naturaleza (SEPRONA), que acudió junto con un veterinario. Tras una primera evaluación, los especialistas determinaron que los 52 perros no presentaban lesiones externas relevantes ni signos evidentes de violencia física, y su condición corporal y nivel de hidratación eran aceptables dadas las circunstancias. Algo que contradicen los testimonios de las asociaciones que han acogido a los 52 perros.
La tenencia de tantos animales en un área tan limitada dificulta el control sanitario y el bienestar de todos ellos. Esto se incrementa cuando carecen completamente de cualquier tipo de atención o documentación veterinaria, pues solo uno de ellos tenía un microchip identificativo. Inmediatamente, los perros fueron realojados de forma temporal en distintas protectoras para garantizar su recuperación y futura adopción.
Carolina Corral, de Asociación Alba, una de las organizaciones que se han hecho cargo de algunos de los cannes, ha dejado claro que esta es una situación atroz, pero que es más habitual de lo que parece. En una pequeña entrevista con El País, ha remarcado que la conducta del matrimonio “se llama síndrome de Noé: acumulan animales y creen que los cuidan. A su modo, creen que les dan protección, pero no perciben el maltrato que infligen”.
Por su parte, Fernando Sánchez, presidente de la protectora Salvando Peludos, ha confesado que esta ha sido “una de las situaciones más duras” de las que ha sido testigo. Y a pesar de los informes preliminares de los veterinarios, ha relatado que muchos de los perros tenían enfermedades en la piel, así como heridas provocadas por peleas entre ellos.
Una víctima de su marido
María Ángeles Porto insiste en su versión de que permanecía en la finca obligada por su esposo, sin posibilidad de salir, sin servicios básicos y recibiendo alimento solo cuando Ángel acudía. En el interior de la vivienda, escasa de mobiliario y ajena a las comodidades mínimas, se halló una nevera averiada, una estufa con una maleta y una radio a pilas. El colchón que usaba fue un donativo reciente; pero hasta ese momento dormía en un palé de madera en malas condiciones. El deterioro físico que presenta, como la gangrena en su pierna derecha, es una consecuencia por no haber salido de ese espacio y no haber visitado a ningún médico en años.
En la actualidad, María Ángeles está bajo la atención de los servicios sociales de Arganda del Rey. Ante la imposibilidad de volver a su casa, permanece provisionalmente alojada en un recurso de emergencia de la Comunidad de Madrid, a la espera de una solución definitiva. Dos de sus cuatro hermanos colaboran en la gestión de su situación y en los desplazamientos para recibir atención médica; pero ninguno puede ofrecerle un hogar. La Guardia Civil mantiene abierta una investigación para determinar si la mujer fue víctima de las circunstancias o si formaba parte activa en el maltrato sistemático a 52 animales en condiciones infrahumanas.
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