Qué ocurre con la vivienda familiar tras un divorcio: las claves que da el Tribunal Supremo

La atribución de la vivienda familiar es uno de los principales focos de conflicto en los divorcios. El Tribunal Supremo ha unificado criterio al establecer que la entrada de una nueva pareja en el domicilio familiar puede llevar a la extinción del derecho de uso, al perder el inmueble su condición de vivienda familiar. Esta doctrina redefine el significado de protección y uso tras la ruptura matrimonial y pone énfasis en la realidad tras la separación.

El artículo 96 del Código Civil dispone que, en caso de desacuerdo, el uso de la vivienda habitual se asigna a los hijos comunes menores y al progenitor custodio. El objetivo de esta disposición es salvaguardar el interés superior de los menores, garantizando un entorno estable en el periodo posterior a la ruptura conyugal. No obstante, el derecho de uso no es ilimitado: cuando el progenitor custodio comienza una vida en común con una nueva pareja dentro del mismo domicilio, la jurisprudencia más reciente considera extinguida la finalidad original de protección familiar.

La sentencia 641/2018, de 20 de noviembre del Pleno de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo, estableció que “la introducción de un tercero hace perder a la vivienda su antigua naturaleza por servir en su uso a una familia distinta y diferente”. El inmueble deja de servir a los fines que motivaron su atribución en el momento del divorcio y pasa a formar parte de una nueva familia distinta de la originaria. Esta transformación supone la posible extinción del derecho de uso y habilita al otro progenitor a solicitar una modificación de las medidas judiciales acordadas.

La extinción del uso de la vivienda familiar origina consecuencias que afectan tanto al patrimonio como al equilibrio económico de las partes. Una vez extinguida la causa, puede procederse a la liquidación del régimen económico matrimonial, ya sea mediante la división del inmueble o su venta a terceros, repartiendo el beneficio, o bien adjudicándolo a uno de ellos con compensación económica al otro. Estas medidas buscan evitar que un progenitor quede despojado indefinidamente de su parte patrimonial mientras una tercera persona ajena al matrimonio consolidado se beneficia del inmueble.

La doctrina enfatiza que este cambio no deja desprotegidos a los menores. El Tribunal Supremo subraya que “el interés de los hijos sigue siendo la máxima prioridad” y exige que, en caso de extinción del uso, se ajusten las medidas económicas, habitualmente elevando la pensión de alimentos para cubrir el posible alquiler de una nueva vivienda para los hijos y el progenitor custodio.

La postura del Tribunal Supremo tiene reflejo en sentencias dictadas por diversas Audiencias Provinciales. La misma línea interpretativa aparece también en legislaciones autonómicas como la catalana, que contempla el matrimonio o convivencia marital del cónyuge beneficiario con otra persona como causa de extinción del derecho de uso.

Entre los cambios introducidos por esta doctrina destaca la limitación temporal de la atribución del uso. Los tribunales fijan plazos, habitualmente de entre dos y cinco años, periodo suficiente para la reorganización económica y habitacional del progenitor custodio. Asimismo, cuando existe copropiedad y uno de los cónyuges no usa la vivienda, existe la posibilidad de compensar económicamente al propietario a través de pagos directos, incremento de la pensión compensatoria o reducción de la de alimentos.

La doctrina también afecta a los casos de custodia compartida. En este contexto, la atribución automática de la vivienda pierde justificación al no existir un único núcleo familiar, por lo que se recurre a fórmulas como el uso alterno, la liquidación del bien o la asignación temporal al progenitor con mayores dificultades económicas.

Además, el Tribunal Supremo ha matizado la protección en supuestos con hijos mayores de edad. El derecho de uso deja de ser indefinido cuando los hijos alcanzan la mayoría de edad y obtienen independencia económica, pasando el interés de protección al progenitor más vulnerable pero siempre limitado en el tiempo.

La ocupación de la vivienda una vez extinguido el uso ha suscitado también pronunciamientos relevantes. Para reclamar compensación económica se exige que el uso esté extinguido, exista requerimiento formal de devolución y se pruebe el perjuicio económico sufrido. Según el Tribunal Supremo (sentencia de 29 de marzo de 2022), “el mero hecho de que uno de los copropietarios use más la vivienda no genera, por sí solo, derecho a indemnización; es necesario un requerimiento previo y la existencia de un uso excluyente e injustificado”.

La calificación de “vivienda familiar” se restringe al domicilio habitual de la familia con vocación de permanencia y excluye segundas residencias o bienes adquiridos para inversión. Esta definición es decisiva a la hora de determinar el alcance de protección jurídica sobre el inmueble tras el divorcio. En este escenario, los convenios reguladores completos resultan fundamentales para prever la liquidación y uso de la vivienda al concluir el periodo fijado, anticipando posibles conflictos y favoreciendo el reequilibrio entre las partes.