La herencia del Gobierno de Mazón y Vox: eliminó la Unidad de Emergencias Valenciana y bajó los impuestos a los ricos

El president ya extinto de Carlos Mazón ha superado un año y cinco días desde que sucediese la mayor catástrofe que recuerda el pueblo valenciano: 229 víctimas mortales y una retahíla de desperfectos materiales que aún están por reconstruir. El debate sobre la gestión de las emergencias sigue abierto tras la dimisión de Mazón y las nuevas declaraciones de la periodista Vilaplana. Con posiciones enfrentadas entre el gobierno autonómico, la oposición y los colectivos profesionales, la Comunitat Valenciana afronta el reto de reforzar su capacidad de respuesta ante futuras catástrofes mientras trata de reconstruir las zonas afectadas. Sin embargo, varias polémicas empezaron incluso antes del 29 de octubre de 2024.

Una de las decisiones más polémicas que llevó a cabo el gobierno de Mazón antes del 29 de octubre, pero que tendría una especial importancia el día de la DANA, fue la supresión de la Unidad Valenciana de Emergencias (UVE). Este organismo había sido creado en febrero de 2023 por el anterior Ejecutivo socialista, con Ximo Puig a la cabeza. El objetivo principal era reforzar la capacidad de reacción y la eficiencia ante situaciones de emergencia, en coordinación con la Agencia Valenciana de Seguridad y Respuesta a las Emergencias (AVSRE). El proyecto contemplaba la intervención en casos de grave riesgo, catástrofes o necesidades públicas, así como la colaboración con otras comunidades autónomas y organismos estatales.

Sin llegar a cumplir el año de vida, la coalición entre el Partido Popular y Vox eliminó la UVE como una de las primeras medidas que acometió tras las elecciones del 13 de julio de 2023, cuando Carlos Mazón pasó a ser president de la Generalitat. Esta acción del Consell se llevó a cabo por la vía de urgencia porque, según la entonces consellera de Justicia e Interior, “solo era un organismo ficticio más, con cero bomberos más, cero medios materiales más y cero eficiencia”. Elisa María Núñez (Vox) ocupó la cartera hasta julio de 2024, tres meses antes de la DANA. Al anunciar la desaparición de la UVE, Núñez sentenció que se comenzaba así “a enmendar los errores y los excesos, en definitiva, los proyectos estratégicos sin evaluación y adecuación a un marco presupuestario serio y riguroso”.

Las críticas, tanto de la oposición como de los profesionales, tras el 29 de octubre no tardaron en llegar. Elisabeth Duval, secretaria de Comunicación de Sumar, expresó en la red social X: “Lo público salva vidas y desmantelarlo es ponerlas en riesgo”, mientras que la diputada socialista Luisa Sanz subrayó: “Lo que votas importa. La vida de muchísimas personas depende de ello”, recogió el diario El País.

No obstante, el debate sobre la utilidad y la necesidad de la UVE no solo enfrentó a partidos políticos. Asociaciones profesionales, como la Plataforma de Bomberas y Bomberos del País Valencià, también manifestaron su rechazo al proyecto desde su origen. Según publicó Valencia Plaza, este colectivo calificó la unidad de “capricho” y advirtió que su creación supondría “un aumento de la descoordinación entre servicios debido a la duplicidad creada sin ninguna necesidad técnica ni operativa”. Desde la Generalitat, se insistió en que la coordinación de emergencias ya la asumía el 112 y que no correspondía a la administración autonómica invadir competencias estatales, para lo cual existe la Unidad Militar de Emergencias (UME) a nivel nacional.

Los sindicatos y representantes de los servicios de bomberos presentaron alegaciones al borrador del decreto, denunciando la falta de consenso y la ausencia de un estudio técnico que avalara la iniciativa. La plataforma defendió, en cambio, la creación de un Cuerpo Único de Bomberos y Bomberas, consensuado y de gestión pública directa, que integrara a los consorcios provinciales, ayuntamientos y bomberos forestales.

En respuesta a las críticas, la Generalitat ha defendido que, bajo la administración de Mazón, se ha reforzado el servicio de bomberos forestales, se ha adquirido un compromiso de modernización de los medios materiales y se ha intensificado la colaboración con las diputaciones y las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado.

La ruptura del partido de ultraderecha con el PP de Mazón en la Generalitat Valenciana llegó de forma abrupta tres meses antes de la catástrofe, el 11 de julio de 2024, y sin cumplirse el año de legislatura de coalición. La decisión vino desde arriba, cuando Santiago Abascal instó a romper todos los gobiernos regionales en los que su partido compartía poder con el Partido Popular. ¿El motivo? Alberto Núñez Feijóo aceptó el acuerdo del Gobierno central sobre el reparto de menores migrantes no acompañados entre las comunidades autónomas para aliviar la presión migratoria en Canarias.

Por su parte, el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, manifestó su intención de continuar gobernando en solitario hasta el día de ayer, 3 de noviembre de 2025, en el que presentó su dimisión. La salida de Vox del ejecutivo valenciano se materializó de inmediato: el Partido Popular publicó los ceses de los consellers apenas una hora después del anuncio. Vicente Barrera, vicepresidente de la Generalitat (Vox), mantuvo su postura discrepante hasta el final de un encuentro que se prolongó durante tres horas, una más de lo previsto. A pesar de su resistencia, el hasta ese momento vicepresidente primero de la Generalitat optó por acatar la directriz de la dirección nacional y abandonó el Consell.

La cartera de Justicia e Interior, en manos de Vox hasta tres meses antes de la DANA, fue a parar a Salomé Pradas, hasta ahora consellera de Medio Ambiente. Pradas afirmó el 12 de julio de 2024 estar “feliz” por el “regalo” que, aseguró, le había hecho el entonces president de la Generalitat, Carlos Mazón, con su nuevo cargo. En ese momento, anunció que trabajará por una “Justicia moderna y unas Emergencias efectivas”.

Otra de las polémicas que se precedieron a la DANA fue el plan de ajuste del gasto público que anunció el gobierno valenciano. En este, se priorizaba el gasto social y se recortaba lo que el Consell consideraba “gasto superfluo”, además de rebajar los impuestos a los sectores más ricos y eximir a Iberdrola del pago de la ecotasa de 14 millones por la gestión de la central nuclear de Cofrentes, de acuerdo a como publicó eldiario.es.

Esto se produjo en un contexto de bonanza económica y después de que Carlos Mazón declarase al medio digital que la falta de aprobación del Fondo de Liquidez Autonómico extraordinario por parte del Gobierno central obligaba a la Generalitat a adoptar estas medidas para “poder seguir pagando en términos razonables”. El ya expresident aseguró: “No vamos a pasar por que los valencianos tengan peores derechos sociales que los demás”.