Ángel Víctor Torres anuncia que demandará a Víctor de Aldama: “Por intromisión a mi honor personal, a mi intimidad y a mi imagen”

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha anunciado que demandará al empresario Víctor de Aldama por “intromisión a mi honor personal, a mi intimidad y a mi imagen”, tras los señalamientos que este hizo en el marco del conocido caso Koldo. La decisión se produce después de la publicación del último informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, en el que los agentes sugieren que pudo existir un encuentro entre Torres —entonces presidente de Canarias— y el comisionista Aldama el 15 de julio de 2020 en Madrid, una cita que el ministro niega “rotundamente”.

El informe, de más de 400 páginas, menciona la existencia de un mensaje en el teléfono móvil de Aldama en el que se hace referencia a una supuesta cita con Torres el 15 de julio de 2020 en Madrid. Según la UCO, en esa reunión podrían haberse abordado cuestiones relacionadas con el retraso en el pago de las mascarillas que la empresa Soluciones de Gestión, vinculada al empresario, había suministrado al Gobierno canario.

Torres ha negado rotundamente haber mantenido encuentro alguno con Aldama y sostiene que el informe “no demuestra ninguna relación” entre ambos. “No hay absolutamente nada más. Un único mensaje, enviado por alguien que ni siquiera tenía agendado. Si hubiera existido una relación estrecha, habría decenas de comunicaciones”, ha afirmado el ministro durante una comparecencia extraordinaria celebrada en la sede de su departamento en Madrid.

El titular de Política Territorial ha calificado la publicación del informe como “la confirmación de lo que llevo dos años defendiendo: que no hubo mordidas, ni comisiones, ni nada ilegal”. Torres ha asegurado que la investigación de la UCO “arroja luz” después de “dos años de acusaciones tremendas” y de lo que considera “una persecución política y mediática”.

En su intervención, el ministro ha insistido en que el documento “no recoge ningún proceder fuera de la ley por parte del Gobierno de Canarias” durante su mandato y ha defendido que las actuaciones en materia de contratación se realizaron “para el interés general”. “Después de más de cuatrocientos folios, la UCO no detecta ninguna actuación ilícita o ilegal. Las actuaciones fueron para proteger la salud y salvar vidas”, ha declarado.

Torres ha subrayado que deseaba que el informe se hiciera público “porque sabía que iba a concluir con lo que tenía que concluir”, y que “no hubo ningún proceder fuera de la ley” en la gestión de su Gobierno durante la pandemia.

Ángel Víctor Torres ha explicado que su intervención en el caso de Soluciones de Gestión se limitó a reclamar los pagos pendientes una vez entregado el material sanitario, pero que la adjudicación de los contratos se había realizado antes de que él interviniera. “La empresa ya estaba cuando yo llegué. Intervine únicamente cuando el material había sido suministrado y no se había abonado la totalidad. Era una obligación responder”, ha subrayado.

El ministro ha recordado que el 50% del importe se abonaba al realizar el pedido y el resto tras recibir el material, circunstancia que generó tensiones con la compañía. Según el informe de la UCO, Torres llegó a escribir a Koldo García, entonces asesor del Ministerio de Transportes, asegurando estar “encima del pago”.

El ministro defiende que esa gestión “fue totalmente correcta” y que así lo han avalado tanto la Audiencia de Cuentas de Canarias como el Tribunal de Cuentas, que revisaron las operaciones.

Durante su comparecencia, Ángel Víctor Torres ha cargado duramente contra Víctor de Aldama, a quien acusa de haber inventado “mentiras gravísimas” sobre su vida personal. “No sé por qué Aldama se inventó que yo iba a pisos con mujeres prostituidas o que mantenía reuniones en refinerías. Si eso fuera cierto, estaría reflejado en el informe de la UCO”, ha afirmado visiblemente molesto.

El ministro ha insistido en que esas acusaciones “carecen de fundamento” y que “el daño causado es irreparable”. Por ello, ha anunciado que “una vez cerrado el proceso de instrucción” procederá a interponer la demanda correspondiente contra el empresario. “Creo que hay líneas que no se pueden pasar. No puedo aceptar ataques de este tipo porque afectan a mi familia y a mi honor”, ha manifestado.

En referencia a las acusaciones vertidas por el Partido Popular, Torres ha exigido “disculpas públicas” por lo que considera una “campaña de difamación e infundios”. Ha recordado que dirigentes del PP llegaron a afirmar que utilizaba el pseudónimo “Rudolph” para cobrar comisiones. “El PP ha amplificado esas falsedades a través de la difamación. Deberían disculparse. No había mordidas, ni pisos en Atocha, ni mujeres explotadas sexualmente. Todo era una invención”, ha sostenido.

Torres ha lamentado que esas informaciones “han provocado un daño irreparable” tanto a su reputación como a la de su familia, y ha criticado a “algunos medios de comunicación que compran falsedades y las trasladan a la opinión pública”.

En su intervención, el ministro también se ha referido al episodio en el que insultó al entonces ministro de Sanidad, Salvador Illa, durante los momentos más duros de la crisis sanitaria. Torres ha reconocido el incidente, ha explicado que se produjo en un contexto de “tensión extrema” por su insistencia en que se autorizaran los test de antígenos para salvar el turismo canario y ha catalogado sus enfados con Illa como “humanos”.

“Canarias vive del tránsito de personas. En 2020 fue la comunidad que perdió más afiliados a la Seguridad Social, bajamos 20 puntos de nuestro PIB. Necesitábamos que volviese el turismo alemán e inglés”, recordó. El ministro defendió su decisión de exigir PCR a los viajeros peninsulares como una medida que “salvó vidas”. “Lo haría de nuevo”, aseguró.

Torres también tuvo palabras para el actual presidente de Canarias, Fernando Clavijo, a quien reprochó haber incumplido su promesa de bajar impuestos. “Quizá el que no ha cumplido es él”, apuntó, defendiendo la transparencia y la gestión de su propio mandato.

El ministro reiteró que el informe de la UCO “certifica que no hubo nada” irregular y que “se arroja luz tras dos años de acusaciones tremendas”. “Soy un gestor público, hoy estoy también para hacerlo las veces que hagan falta, pero no puedo aceptar ataques porque el daño es irreparable”, concluyó.