Los indicios que acorralan a Ábalos y hacen que el Supremo quiera abrirle juicio oral: comisiones por mascarillas, contratos a dedo y pisos pagados

El magistrado del Tribunal Supremo Leopoldo Puente ha propuesto este lunes la apertura de juicio oral contra el exministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana José Luis Ábalos por presuntas irregularidades cometidas durante la pandemia de COVID-19 en la adjudicación de contratos de material sanitario. El instructor considera que existen indicios suficientes de que el exministro, junto con su antiguo asesor Koldo García y el empresario Víctor de Aldama, participó en una red de cobro de comisiones y favores a cambio de la intermediación en contratos públicos.

En el documento, Puente pide a las partes personadas que presenten sus escritos de acusación o, en su caso, las peticiones de archivo. A los tres investigados les atribuye los presuntos delitos de cohecho, malversación, tráfico de influencias y pertenencia a organización criminal en la pieza principal del conocido como ‘caso mascarillas’. De forma paralela, continúa la instrucción de una pieza separada sobre una presunta trama de comisiones ligadas a adjudicaciones de obras públicas.

Según el auto, el magistrado considera acreditado de forma indiciaria que existió un “concierto de voluntades” entre Ábalos, García y Aldama “para la comisión de sucesivos hechos delictivos”. La relación entre los tres habría comenzado “poco después” de que Ábalos asumiera la cartera de Transportes, cuando Aldama fue presentado a Koldo García a través de un hermano del empresario que ejercía como escolta del ministro. A partir de ese momento, el vínculo se habría consolidado con diversas gestiones, entre ellas un viaje a México compartido por ambos.

El juez sostiene que los tres “vieron la oportunidad de obtener un beneficio económico” a partir de esa relación. De acuerdo con el relato judicial, convinieron que podrían favorecer la contratación pública de empresas que Aldama representaba, especialmente en el contexto de emergencia sanitaria durante la pandemia, cuando se adjudicaron de forma urgente contratos millonarios de mascarillas a través de organismos dependientes del Ministerio de Transportes, como Puertos del Estado o Adif.

El magistrado apunta a que Ábalos podría haber determinado la compra de material sanitario “a cambio de recibir una indebida compensación económica” del empresario. Entre los indicios citados figura un contrato de arrendamiento con opción de compra firmado en 2019 para un piso en el Paseo de la Castellana, propiedad de Aldama, con un precio de 750.000 euros, “muy inferior al real de mercado”, y que el entonces ministro “ni pagó ni ocupó”.

Puente dedica otro apartado a los favores personales y laborales que el entorno del exministro habría recibido. El auto señala que Aldama habría costeado el alquiler de un piso en la Plaza de España para Jésica Rodríguez, pareja de Ábalos en aquel momento, con un importe total de más de 82.000 euros. Cuando el empresario cesó en los pagos, estos habrían sido asumidos por García “a través de cuentas bancarias de personas de su círculo familiar”.

Además, el juez indica que Ábalos habría promovido la contratación de Rodríguez en las empresas públicas Ineco y Tragsatec, “sin pasar por proceso de selección alguno” y “sin acudir ni un solo día a su puesto de trabajo”, aunque sí percibió retribución. También se menciona la “arbitraria contratación” de otra mujer, Claudia Montes, en la empresa pública Logirail, donde sí habría desempeñado su actividad de forma regular.

El auto amplía el foco hacia otras actuaciones presuntamente irregulares, como las gestiones que Ábalos y su entorno habrían realizado en favor de Air Europa, Villafuel y otras empresas. En el caso de la aerolínea, el juez destaca que el exministro, “por encargo de Aldama”, pudo haber impulsado la publicación de una nota de prensa en agosto de 2020 para mostrar el apoyo del Ministerio al rescate público de la compañía, mientras el empresario actuaba como asesor de la misma. A cambio, Ábalos habría disfrutado gratuitamente de un chalet vacacional en Marbella junto a su familia.

El magistrado subraya igualmente la existencia de una presunta dinámica de pagos periódicos de Aldama a Koldo García, que se habrían iniciado en octubre de 2019 con una cuantía mensual de 10.000 euros. Estos pagos, según Puente, se habrían prolongado hasta 2021 y, en algunas ocasiones, se habrían realizado “en presencia de Ábalos”, procediéndose después al reparto del dinero entre ambos.

En los momentos en que el empresario carecía de efectivo en España, los pagos habrían sido efectuados en la República Dominicana, donde Aldama disponía de fondos. En “al menos dos ocasiones”, una tercera persona se habría desplazado al país caribeño para recoger el dinero en nombre de García.

El juez remarca que las declaraciones del empresario no resultan autoexculpatorias, ya que este habría reconocido “haber entregado el dinero” tanto en pagos periódicos como en gratificaciones vinculadas a contratos concretos, asumiendo su propia implicación y corroborando la existencia de un acuerdo general con Ábalos y García. Puente considera que las afirmaciones del empresario “quedan indiciariamente respaldadas por otros resultados de la investigación”, lo que refuerza la tesis de que los tres investigados actuaron de forma coordinada para obtener beneficios ilícitos a costa del erario público.