Los impuestos a los ricos en Europa: Francia rechaza la tasa Zucman mientras España mantiene su gravamen de hasta el 3,5% a las grandes fortunas

El pasado viernes, 31 de octubre, la Asamblea Nacional francesa rechazó la llamada tasa Zucman, el impuesto sobre grandes patrimonios propuesto por el economista francés Gabriel Zucman, profesor en la Universidad de Berkeley. La medida pretendía aplicar un gravamen del 2% a las fortunas superiores a los 100 millones de euros, incluyendo el valor de las participaciones empresariales. Otra versión, impulsada por los socialistas, planteaba un tipo del 3% para patrimonios a partir de los 10 millones, pero con excepciones para empresas familiares y emergentes. Ninguna de las dos ha logrado superar el trámite parlamentario.

El rechazo de la medida ha supuesto un revés para el Gobierno de Sébastien Lecornu, cuya estabilidad depende del apoyo socialista en la aprobación de los presupuestos de 2026. Esta negativa, según La Vanguardia, ha incrementado la tensión política y ha vuelto a abrir el debate sobre la justicia fiscal y la redistribución de la riqueza en un país donde los impuestos al capital ya son de los más altos de Europa.

Francia, que ya suprimió su histórico Impuesto sobre la Fortuna en 2017 para sustituirlo por un tributo más limitado centrado en el patrimonio inmobiliario, vuelve así a quedar dividida. Y, mientras el país galo ha enterrado la tasa Zucman antes de que viera la luz, en España hemos hecho justo lo contrario: mantener de manera indefinida un gravamen muy similar en espíritu, el Impuesto Temporal de Solidaridad de las Grandes Fortunas.

Este impuesto fue aprobado mediante la Ley 38/2022 y entró en vigor el 28 de diciembre de ese mismo año. Así, nació con carácter transitorio, limitado inicialmente a los ejercicios de 2022 y 2023, pero ha terminado consolidándose como una herramienta permanente dentro del sistema tributario estatal.

El objetivo inicial del impuesto, según detalla desde el portal económico Wise, era doble: aumentar la recaudación en un contexto de fuerte inflación y, al mismo tiempo, armonizar la fiscalidad autonómica. En España, comunidades como Madrid, Andalucía o Galicia aplicaban bonificaciones totales o parciales en el Impuesto de Patrimonio, generando una competencia fiscal a la baja que el Gobierno central quiso equilibrar con esta figura. A diferencia del tributo patrimonial autonómico, este impuesto es de carácter estatal y se recauda directamente a través de la Agencia Tributaria.

Este gravamen afecta a dos tipos de contribuyentes: personas físicas residentes en España con patrimonios netos superiores a los 3 millones de euros, y no residentes con bienes o inversores en territorio español que superen esta misma cantidad. La base imponible se calcula sobre el patrimonio neto, es decir, el valor de los bienes y derechos menos las deudas, y los tipos son progresivos. Van desde el 0% para patrimonios inferiores a 3 millones, del 1,7% para fortunas de más de 5,3 millones, un 2,1% con límite en los 10,7 millones de euros, y hasta un 3,5% para quienes rebasen esa cifra.

Pese a que varios recursos alegaron su inconstitucionalidad por posible doble imposición o invasión de competencias autonómicas, todos fueron desestimados. Desde el Gobierno defienden que el impuesto busca reforzar la justicia fiscal y asegurar que quienes más tienen contribuyan más, especialmente en un momento de desigualdad creciente. En cambio, la oposición y buena parte del empresariado critican que este tipo de tributos generan incertidumbre jurídica y ahuyentan la inversión extranjera.

Desde su aprobación, el impacto del Impuesto Temporal de Solidaridad de las Grandes Fortunas ya se ha notado en las arcas públicas. Según datos del sindicato de técnicos de Hacienda (Gestha) citados por Cadena Ser, la tributación de los patrimonios más elevados aumentó un 57,7% en 2023, el último ejercicio con cifras disponibles.

La Agencia Tributaria recaudó 1.970 millones de euros, unos 600 millones más que el año anterior, impulsada sobre todo por la eliminación de las bonificaciones que durante años habían reducido casi a cero la factura fiscal de los más ricos en comunidades como Madrid y Andalucía. Aunque parte del incremento se explica por un aumento del 8% en los patrimonios declarados. Desde Gestha subrayaron que el grueso del crecimiento recaudatorio proviene precisamente del fin de esas bonificaciones autonómicas.

En total, 228.574 personas presentaron la declaración del impuesto de Patrimonio en 2023, con una riqueza media de 4,08 millones de euros. Cataluña concentra el mayor número de contribuyentes (más de 90.000), mientras que Madrid lidera el volumen de riqueza, ya que sus 24.533 declarantes poseen de media más de 11 millones de euros. A pesar de esas cifras, el impuesto sigue teniendo un impacto moderado. Los declarantes madrileños pagaron, de media, 10.249, el equivalente a apenas el 0,21% de su patrimonio, debido a las exenciones sobre participaciones empresariales y otras reducciones aún vigentes.

Sin embargo, España no es el único país europeo que cuenta con un impuesto general sobre el patrimonio neto. En Noruega y Suiza también cuentan con gravámenes similares, mientras que en otros países optan por medidas parciales sobre determinados activos, según recogen en El Boletín.

En Noruega, el tributo se aplica a patrimonios superiores a 1,7 millones de coronas noruegas, unos 145.000 euros, con un tipo de 1% hasta los 20 millones (1,71 millones de euros), y del 1,1% por encima de ese umbral. Su recaudación se reparte entre los municipios, que reciben el 0,7%, y el Estado, que ingresa el 0,3%.

Por su parte, el impuesto de Suiza varía según el cantón, lo que genera diferencias entre los territorios. En Zúrich, por ejemplo, el gravamen se activa a partir de los 80.000 francos suizos (unos 85.500 euros) para personas solteras y de los 159.000 francos (170.000 euros) para matrimonios o familias monoparentales. Los tipos son progresivos y oscilan entre el 0,05% y el 0,3% para patrimonios que superan los 3,5 millones de euros.

Asimismo, países como Francia, Italia, Bélgica o Países Bajos han suprimido el antiguo impuesto sobre la riqueza neta, pero mantienen fórmulas parciales. Francia grava los bienes inmuebles valorados en más de 1,3 millones de euros a través del Impuesto sobre la Fortuna Inmobiliaria (IFI). Mientras, Italia, Bélgica y los Países Bajos aplican gravámenes específicos a ciertos activos financieros, sin llegar a tributar la riqueza global.