El momento ‘Me Too’ del acoso escolar: la ola social que nació tras el suicidio de Sandra Peña

El 14 de octubre de 2025, Sandra Peña, una adolescente sevillana de 14 años, decidió acabar con su vida. Durante meses había soportado el acoso de varias compañeras en el colegio concertado Irlandesas de Loreto. Su familia lo había denunciado en dos ocasiones. El centro no activó los protocolos antiacoso ni los de prevención de conductas autolíticas. Su muerte, sin embargo, ha roto un silencio enquistado.

Desde aquel día, España ha vivido un despertar colectivo. Decenas de menores y familias han comenzado a contar sus historias, muchas por primera vez. En redes sociales, bajo etiquetas como #StopBullying o #SandraNoTeOlvidamos, se multiplican los testimonios de víctimas que se atreven a señalar a sus agresores o a los colegios que no actuaron. Se ha producido lo que algunos expertos y familiares de víctimas ya denominan el ‘Me Too’ del acoso escolar: un movimiento social de denuncia, valentía y visibilización que ha puesto frente al espejo a instituciones educativas, administraciones públicas y una sociedad que durante años ha mirado hacia otro lado.

Su caso ha servido de altavoz para otros que habían pasado inadvertidos, como el de Dani Quintana, un adolescente de 15 años que se quitó la vida en julio en Almacelles (Lleida). Su familia había denunciado ante la dirección del Institut Canigó que el chico era víctima de acoso, pero no hicieron nada y no aguantó más la situación. La noticia apenas tuvo eco en los medios en aquel momento. No hubo debate público, ni trending topics, ni concentraciones.

Solo tras la muerte de Sandra, tres meses después, el caso de Dani comenzó a difundirse más ampliamente. Las redes sociales rescataron su historia y la situaron junto a la de la joven sevillana. Por primera vez, la sociedad establecía una conexión entre tragedias que, aunque distantes en el tiempo y el lugar, compartían el mismo patrón: adolescentes acosados, familias ignoradas y centros educativos inactivos.

Ese efecto dominó ha permitido que también se hable de Claudia, la joven de Gijón que dejó una nota explicando que no podía seguir viviendo; de Daniela, de Oviedo, que se suicidó en octubre del año pasado; o de Lucía, una niña de 12 años con autismo que se quitó la vida en Tenerife el pasado febrero. Todas ellas, al igual que Sandra o Dani, simbolizan la otra cara del sistema educativo: la que no consigue proteger a los más vulnerables.

Los datos corroboran que no se trata de un fenómeno marginal. Según la Fundación ANAR, un 12,3% de los estudiantes de Primaria y Secundaria afirma sufrir o conocer casos de acoso escolar, frente al 9,4% del año anterior. La proporción de acoso digital se ha duplicado, y casi la mitad de los casos de bullying se prolongan durante más de un año. El 84% de las víctimas asegura haber sufrido insultos o burlas, y cerca de la mitad, aislamiento social.

La Unidad de Convivencia de la Comunidad de Madrid mantiene abiertos más de 3.200 protocolos por acoso escolar. Y un estudio de la Fundación ColaCao y la Universidad Complutense señala que en España hay casi dos alumnos por clase que padecen bullying.

Estas cifras, sin embargo, no alcanzan a mostrar el drama humano que esconden. Cada caso abre una herida profunda, no solo en las familias de las víctimas, sino también en un sistema educativo que demuestra su fragilidad ante una violencia que, aunque silenciosa, deja marcas psicológicas comparables al daño físico.

La voz más visible de este nuevo movimiento social es José Manuel López Viñuela, padre de Kira López, una joven de 15 años que en 2021 se quitó la vida tras años de acoso escolar. Desde entonces, preside la asociación Trencats, que acompaña a familias de víctimas y exige una ley estatal específica contra el acoso.

En conversación con Infobae España, López Viñuela traza un paralelismo claro entre la historia de su hija y la de Sandra Peña: “Desde el primer momento, los colegios buscan proteger su imagen. No se trata de actuar, sino de aparentar”. Recuerda cómo en el expediente interno del centro de Kira se registraban sus miedos y su rechazo a asistir a clase, mientras que en las reuniones con los padres los profesores aseguraban que “todo iba bien”.

El presidente de Trencats denuncia un patrón sistemático: protocolos que se quedan en papel mojado, orientadores desbordados, claustros sin formación y una inspección educativa que apenas interviene. “Hay colegios que no quieren que el caso trascienda porque temen perder reputación o matrículas. Pero el precio de ese silencio lo pagan los niños”, subraya.

Trencats ofrece asesoramiento legal y psicológico, acompaña a familias en procesos judiciales y presiona para que los centros cumplan sus obligaciones. “A veces el acompañamiento más eficaz no es el psicológico, sino el jurídico —explica—. Cuando un colegio recibe una denuncia formal o una querella, reacciona. Antes, ignora”.

El movimiento generado tras la muerte de Sandra se ha extendido gracias al poder de las redes sociales. Familias y amigos han convertido sus perfiles en espacios de denuncia pública. Las imágenes y los mensajes de apoyo a la familia Peña se comparten junto a los de Kira o Dani, tejiendo una red de memoria y reivindicación.

López Viñuela admite que, en este contexto, la exposición pública es a menudo la única vía para que las instituciones actúen. “Cuando un caso se hace visible, el colegio o la administración no pueden esconderse. Los medios amplifican lo que las familias no consiguen que escuchen los despachos”.

La repercusión del caso de Sandra Peña ha tenido un efecto inmediato: un aumento de llamadas a las líneas de ayuda de la Fundación ANAR, especialmente de padres preocupados por sus hijos.

La conmoción social se ha traducido también en movilización. El Sindicato de Estudiantes convocó el 28 de octubre una huelga estudiantil en toda España bajo el lema “Sandra, no te olvidamos”, para exigir medidas reales contra el acoso escolar. “La pérdida de Sandra pudo haberse evitado”, denunciaban los portavoces del sindicato, que señalan la sobrecarga de las aulas, la falta de orientadores y la insuficiencia de recursos en salud mental.

Las manifestaciones se repitieron en decenas de ciudades. Jóvenes portaban pancartas con los nombres de las víctimas más recientes y exigían que se cumplieran los protocolos antiacoso. “¿De qué sirven si se convierten en papel mojado?”, se preguntaban.

El caso de Sandra Peña ha sacudido los cimientos de la comunidad educativa. La Junta de Andalucía ha advertido de que el colegio Irlandesas Loreto podría perder su concierto educativo si se confirma un “incumplimiento muy grave” de sus obligaciones. La Fiscalía de Menores y la Policía Nacional investigan tanto a las alumnas implicadas como al centro, y ya han accedido al teléfono móvil de la menor en busca de pruebas del acoso.

Mientras tanto, el colegio ha anunciado un “plan de acción” para revisar sus protocolos y colaborar con expertos externos, una respuesta que muchas familias consideran tardía. “Ahora todos hablan de formación y prevención, pero las familias llevamos años pidiéndolo”, lamenta López Viñuela.

El impacto del caso de Sandra ha reabierto un debate que parecía dormido desde el caso de Jokin Cebeiro, el adolescente guipuzcoano que en 2004 se suicidó tras meses de acoso. 21 años después, los mecanismos para prevenir y frenar el bullying siguen mostrando las mismas grietas.

Lo que diferencia el presente del pasado es la reacción colectiva. Si con Ana Orantes se rompió el silencio del maltrato machista y con el ‘Me Too’ internacional se destaparon los abusos sexuales en la industria del cine, el caso de Sandra Peña ha destapado el miedo y la vergüenza que durante décadas acompañaron al acoso escolar.

Las familias han encontrado en la exposición pública una forma de reparación y de denuncia. La sociedad, por su parte, empieza a comprender que el bullying no es un juego de niños, sino una forma de violencia estructural que puede matar. “Dani, Kira, Sandra, Daniela, Lucía, Alejandro, Laura, Claudia, Óscar, Ilan, Adam, Diego, Carla, Alan, Hugo, Alana, Jokin y tantísimas víctimas anónimas de violencia y acoso escolar no son cifras, son vidas. El acoso escolar mata”, sentencia José Manuel.