
La decisión del Gobierno de Pedro Sánchez de limitarse a iniciar el procedimiento para declarar la comisaría de Via Laietana 43 de Barcelona como Lugar de Memoria Democrática, acompañada únicamente de la colocación de una placa conmemorativa, ha generado una profunda insatisfacción entre las entidades memorialistas, que consideran la medida “insuficiente y perversa”. Quieren -y exigen- que la actual Jefatura de Policía Nacional de la ciudad condal, que a partir de 1941 fue el centro de la represión política franquista, se convierta únicamente en un espacio para la memoria y el recuerdo de todos aquellas personas que sufrieron torturas antes y durante la dictadura en el edificio.
Desde la Plataforma Via Laietana 43, el paraguas que aglutina a las entidades memorialistas y con el que han impulsado un manifiesto que suma ya más de 240 adhesiones, han decidido intensificar sus acciones para exigir una conversión definitiva del recinto. El jueves presentaron ante la Secretaría de Estado de Memoria Democrática un total de 12 enmiendas a la propuesta del Ejecutivo, que mantiene la actividad policial en el edificio. Además, han convocado una manifestación el 23 de noviembre frente a la jefatura, con el objetivo de reclamar la conversión del lugar en un espacio dedicado a la memoria y la dignidad.
Las entidades memorialistas denuncian que, medio siglo después de la muerte del dictador Francisco Franco, las políticas públicas de memoria en el conjunto del Estado siguen siendo, en sus palabras, “mínimas”. Pilar Rebaque, abogada y miembro de la Comissió de la Dignitat, y Antoni Coll, presidente del Ateneu Memòria Popular, ambos miembros de la Plataforma Via Laietana 43, han denuncian en un comunicado que “una democracia consolidada no se puede permitir que un espacio marcado por la represión continúe siendo un centro policial, menos aún con la extrema derecha al alza que se aprovecha de la falta de memoria democrática para apuntalar sus discursos de odio”.
“Hay un obstáculo que está haciendo encallar esta transformación:la gran hipocresía del PSOE, la del ministro del Interior Fernando Grande-Marlaska y por extensión, la gran hipocresía de unos gobiernos que se erigen en grandes defensores de la memoria democrática, y que se niegan a tomar medidas reales y concretas, en Cataluña, para hacerla efectiva”, sentenciaba Coll durante la intervención en la que leyeron el comunicado y pidieron que la propiedad del edificio y su fondo documental se transfieran a la Generalitat de Cataluña, como responsable de las políticas de memoria democrática en la comunidad autónoma, y que el futuro centro de interpretación abarque no solo la etapa franquista, sino también la “represión e impunidad” durante La Transición. El colectivo pide que en la gestión del proyecto se tenga en cuenta “la voz de las víctimas y las entidades”, de forma que su reconversión no se dirija “desde los despachos”, y que el nuevo centro tenga una “función pedagógica y de promoción de los derechos humanos”.

Un edificio marcado por la tortura
La historia del edificio de Via Laietana 43 se remonta a 1929, cuando comenzó a funcionar como Jefatura Provincial de Policía. Posteriormente, la Generalitat de Cataluña instaló allí la Comissaria General d’Ordre Públic y, en 1941, el Estado franquista estableció la Jefatura Superior de Policía. Desde entonces, el inmueble se convirtió en la sede de la Brigada Político-Social, encargada de perseguir la disidencia política. Desde su inauguración, al final de la dictadura de Primo de Rivera, el edificio fue epicentro de la represión contra el sindicalismo y el movimiento obrero barcelonés. Durante la Segunda República, mantuvo su carácter represivo, hasta el punto de ser conocido en los círculos obreros como "El molino sangriento".
A partir de 1941 y hasta la llegada de la democracia, el edificio se consolidó como centro de la represión política franquista en Barcelona. “Por sus insalubres y saturadas celdas, pasaron centenares de antifranquistas que sufrieron todo tipo de torturas en los interrogatorios. Durante los años de la dictadura, a la comisaría llegaban personas pertenecientes a la resistencia antifranquista y los movimientos sociales y anarquistas, pero también, personas pertenecientes a la comunidad LGTBIQ+, prostitutas o gitanos a quienes se encerraba sin haber delinquido. A lo largo de la dictadura se estima, que solo en Barcelona, un mínimo de 4.143 personas fue detenida por actividades políticas, ya fuera por el Tribunal de Orden Público o por la Jurisdicción Militar, siendo gran parte de ellas conducidas a Via Laietana. Allí, se les torturaba y se les maltrataba con total impunidad”, reza el Acuerdo de incoación del procedimiento de declaración de Lugar de Memoria Democrática publicado en el BOE el 22 de julio de 2025.
El documento también recoge la descripción que hijo del lugar la abogada penalista Carla Vall i Duran: “Las paredes de la Jefatura Superior de Policía de Barcelona, en Vía Laietana, 43, han sido testigos silenciosos de una práctica sistemática de maltratos y torturas, con total impunidad y vulneración de los derechos fundamentales, delitos de lesa humanidad, con detenciones arbitrarias por causas políticas, por motivos de orientación sexual, de identidad de género, de militancia sindical, vecinal, de discriminación étnica, racial o por el compromiso con la lengua y la cultura catalanas”.
Por todo ello, Via Laietana 43 se ha convertido en un símbolo de la represión sistemática ejercida por la dictadura franquista en Cataluña. Por este lugar pasaron disidentes políticos de todo tipo, así como personas consideradas por el régimen como fuente de “peligrosidad social”. Todos ellos fueron detenidos y torturados por su lucha por la libertad y la resistencia frente al fascismo. Ahora, las entidades memorialistas insisten en la necesidad de garantizar que los crímenes cometidos en este lugar, así como el sacrificio de quienes fueron detenidos en el número 43 de la Via Laietana, no queden en el olvido.
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