Contradicciones, denuncias y acusaciones por los cribados en Andalucía: ¿qué causó el fallo en el sistema?

Hace un mes que el escándalo de los cribados de Andalucía salió a la luz: las denuncias de varias mujeres revelaron que el Servicio Andaluz de Salud (SAS) llevaba al menos dos años sin informar a las pacientes de que sus mamografías habían dado resultados dudosos. Pese a que el diagnóstico de BI-RADS 3 (lesión probablemente benigna) termina en la mayoría de los casos en un susto sin importancia, muchas de las afectadas desarrollaron cánceres de mama avanzados y, en algunos casos, incurables.

La Junta de Andalucía ha reconocido un total de 2.317 afectadas, de las que en torno al 90% habrían sido atendidas en el Hospital Universitario Virgen del Rocío de Sevilla. Pero las asociaciones creen que podrían ser más y que el problema se extiende fuera de la provincia sevillana. El Defensor del Paciente, en una valoración inicial, llegó a estimar que 20.000 mujeres podrían haberse visto envueltas en la crisis.

Por el momento, la Junta de Andalucía ha comenzado a contactar y realizar mamografías a todas esas mujeres que quedaron olvidadas en las listas de espera. La Consejería de Sanidad afirma haber realizado cerca de 1.800 de las pruebas diagnósticas pendientes. A su vez, el Gobierno regional ha aprobado un presupuesto récord sanitario, así como un Plan de Choque que plantea, entre otras medidas, ampliar la plantilla de radiólogos del SAS.

Pese a todas las medidas, aún se desconoce el origen del presunto fallo informático que apagó las comunicaciones del programa de cribado del cáncer de mama. Una investigación de El País afirma que la raíz de los problemas se remonta a principios de 2022, cuando altos cargos del Hospital Virgen del Rocío ordenaron suspender los avisos telefónicos y por carta a estas pacientes, bajo la premisa de que el nuevo sistema informático, gestionado por la empresa japonesa NTT Data, asumiría esa función. Sin embargo, la automatización nunca se implementó, lo que provocó que las afectadas quedaran en listas de espera sin recibir notificación alguna. La Cadena Ser, en cambio, remonta los fallos a abril de 2021, momento en que los empleados recibieron la orden de dejar de informar.

Desde la Junta de Andalucía, sin embargo, han negado esta versión de los hechos. Tanto ellos como la propia compañía nipona afirman que en ningún momento se acordó que NTT Data se encargara de comunicar a las mujeres. “Esa empresa solamente se dedica al mantenimiento de la aplicación, no tiene ninguna otra función”, afirman desde la Consejería de Sanidad andaluza.

El sindicato Comisiones Obreras ha podido comprobar a través de testimonios la versión dada por El País y la Cadena Ser. Al menos, en parte. “Tenemos noticias de que en 2022 se había dado la orden de no llamar a estas mujeres. Ellos lo atribuyen a que lo harían desde el nuevo sistema informático. Nosotros no lo hemos podido confirmar, pero la orden coincidió con la implantación de la nueva aplicación [de NTT Data]”, explica a Infobae España José-Pelayo Galindo, secretario general de la Federación de Sanidad y Sectores Sociosanitarios del sindicato en Andalucía. Los testimonios recabados por la organización indican que habría ocurrido lo mismo en 2021 en un distrito de Sevilla. La investigación de CCOO también ha concluido que varios empleados alertaron del fallo, sin que se les hiciese caso.

La orden vino de cargos intermedios, pero “esas decisiones las toman cargos directivos, con la responsabilidad suficiente”, indica el portavoz sindical. La incidencia se repitió, de manera aislada, en otras provincias, pero “el gran foco está en Sevilla”, apunta Galindo. Él y su equipo se han puesto en contacto con el SAS, que todavía no ha dado explicaciones respecto a las causas del problema. Pese a que la Junta niegue que el problema está en el contrato con NTT Data, para Galindo “la alternativa es tan perversa o más que la del sistema informático”. “¿Qué habían decidido en el SAS, no llamar a estas mujeres porque la gran mayoría de los casos son tumores benignos? Me parece muy perverso", añade.

Galindo considera que la privatización de los servicios es la raíz del problema. Y es que, más allá de la cesión del sistema informático a NTT, muchas de las comisiones de seguimiento desaparecieron o se redujeron hasta el punto de no poder realizar de forma correcta su labor. “Nadie controla la calidad de esas mamografías, los informes que se transmiten. Esto lo podemos extender más allá del cáncer de mama”, asegura.

“El problema de la Junta de Andalucía es que no pone controles, no establece procedimientos de trazabilidad”, asegura Galindo. “No establece controles de si se está haciendo bien, si está funcionando, si lo estamos violando, si hay errores... Hay una laxitud que es dañina”, añade.

Las asociaciones de pacientes han empezado a organizarse para llevar los fallos en el programa de cribados ante los tribunales. La Fiscalía andaluza estudia dos denuncias: la primera, de la asociación El Defensor del Paciente, por una posible “dejación de funciones” en la gestión del programa de prevención; y la segunda, de la Asociación de Mujeres con Cáncer de Mama (Amama), por la desaparición de las pruebas diagnósticas del historial clínico de cientos de mujeres. La Junta de Andalucía atribuyó esta incidencia a un “importante incremento” en el número de solicitudes de las aplicaciones sanitarias de la región, que impidieron temporalmente el acceso a imágenes e informes médicos.

Las acciones judiciales no paran y Amama ya ha anunciado que interpondrá más de 150 denuncias individuales en nombre de las mujeres afectadas que han llegado a la asociación pidiendo ayuda.