Los sindicatos denuncian el “chantaje” y las “amenazas” del Gobierno vasco para instalar cámaras y micros las aulas de colegios públicos

La decisión del Departamento de Educación del Gobierno vasco (coalición PNV-PSE-EE) de instalar cámaras y micrófonos en las aulas de todos los centros públicos de Euskadi ha despertado las críticas entre el profesorado y los sindicatos, que acusan al Ejecutivo de actuar de manera “unilateral” y de buscar el control sobre los docentes.

La medida, enmarcada en el plan de digitalización financiado con fondos europeos Next Generation, ha sido recibida con un rechazo frontal por parte de Steilas y LAB, los principales sindicatos, que denuncian la falta de información y consenso en su implantación.

Por un lado, Steilas lamenta que la comunidad educativa desconozca el detalle del proyecto. “El Departamento de Educación está instalando nuevos equipamientos informáticos con cámaras y micrófonos en los centros públicos”, denunció en un comunicado.

Sin embargo, los sindicatos, los profesores y las direcciones de los centros “no hemos recibido ninguna información al respecto, ni hemos tenido la oportunidad de consensuar los objetivos de estos equipamientos informáticos, ni las características de los mismos”, reprocharon desde la organización.

Por el otro, LAB, mayoritario en la red pública, elevó el tono al acusar a Educación de presionar a los centros a aceptar dichos dispositivos. Según el sindicato, “han amenazado a los equipos directivos de diferentes centros con que si renuncian a las cámaras no recibirán el resto del equipamiento del aula digital”, denunciando el “chantaje”, que ello supone.

El sindicato sostiene que, “además de ser herramientas sin fines pedagógicos”, las cámaras “se quieren utilizar para el control del personal” y “ponen en peligro la protección y la intimidad del alumnado”. Del mismo modo, Steilas señala su preocupación por la “monitorización de la actividad docente” y anunció que consultará con la Agencia Vasca de Protección de Datos para “garantizar la idoneidad y legalidad de un proceso de este tipo”.

No obstante, desde el Departamento de Educación, liderado por Begoña Pedrosa, se niega que el objetivo sea el control y se recalca que la iniciativa forma parte del esfuerzo por “mejorar la competencia digital” en el sistema educativo a través de fondos europeos.

Desde la Conserjería de educación explicaron que “los centros que solicitaron estas ayudas están recibiendo un panel interactivo, un ordenador y periféricos para videoconferencias”, que permiten, por ejemplo, “conectar con alumnado que no puede asistir presencialmente o colaborar con otros centros educativos”.

Además, aseguran que “las cámaras son recursos pedagógicos que permanecen desactivadas por defecto y cuya activación depende exclusivamente del profesorado”. Es más, desde el Departamento recuerdan que “se emitió una circular para que cada centro decidiera voluntariamente en qué espacios instalar estos dispositivos”.

LAB cuestiona además la prioridad del gasto y reclama que los fondos se destinen a personal e infraestructuras que mejoren la calidad educativa: “La inversión no se ha realizado en otros medios personales e infraestructuras que mejoren la calidad educativa, sino en dispositivos de control de personal que vulneran la intimidad del alumnado”.

La central exige que “la inversión mínima de la educación pública, que actualmente está subfinanciada en el presupuesto del Gobierno Vasco, debería ser del 6% del Producto Interior Bruto, equivalente a la media europea”.

La controversia ha llevado a que varios claustros y consejos escolares se nieguen a instalar las cámaras. LAB respalda estas decisiones y “llama a no conectar ni utilizar estas cámaras en lugares ya instalados”, mientras que Steilas ha solicitado una reunión urgente con el Departamento de Educación y exige “que acuerde con la parte social los criterios de digitalización que se van a utilizar en la educación pública” y que ofrezca “aclaraciones necesarias sobre la instalación de estos nuevos equipamientos”.