La Universidad Complutense de Madrid mantendrá hasta 2028 una retención del 35% de su crédito para hacer frente a sus deudas

La Universidad Complutense de Madrid (UCM) mantendrá hasta 2028 la retención del 35% de su crédito presupuestario como parte de un plan económico destinado a revertir el déficit acumulado, que en 2024 alcanzó los 33,19 millones de euros. Así lo ha confirmado el rector, Joaquín Goyache, tras la reunión del Consejo de Gobierno de la institución, en la que se detallaron las medidas de contención del gasto y las previsiones financieras para los próximos años.

Según ha avanzado El País y ha podido confirmar Europa Press, la UCM continuará aplicando esta retención, vigente desde diciembre de 2023, al menos durante tres ejercicios más. Esta decisión forma parte de un conjunto de medidas recogidas en el Plan Económico Financiero (PEF) que la universidad está elaborando junto a la Comunidad de Madrid, con el objetivo de sanear las cuentas sin comprometer el funcionamiento académico ni las condiciones laborales del personal.

En un comunicado posterior a la reunión, Goyache aseguró que “las nóminas del personal no están en riesgo” y que la universidad seguirá adelante con su política de estabilización del profesorado. Esta política afecta al personal docente e investigador (PDI) cuyos contratos finalizan y cumplen los requisitos establecidos en el Plan de Actuaciones, garantizando la continuidad de la plantilla en un contexto de ajuste económico.

La situación financiera de la Complutense ha provocado una creciente inquietud entre la comunidad universitaria. Los sindicatos CC.OO., UGT y CGT convocaron este martes una concentración frente al Rectorado, a las 9.30 horas, para expresar su rechazo a los recortes y exigir mayor “transparencia” en la gestión económica del centro.

Los representantes sindicales demandan al rectorado que aclare los criterios de la retención presupuestaria y que garantice una inversión “adecuada” que no afecte a la calidad docente ni a los servicios universitarios. Durante la protesta, se insistió en que la falta de financiación crónica que arrastran las universidades públicas madrileñas no puede seguir resolviéndose a través de medidas de contención interna.

El equipo rectoral, por su parte, ha subrayado que la aplicación del PEF es un requisito normativo “obligatorio” y que el plan está siendo diseñado “en plena coordinación” con la Comunidad de Madrid para asegurar su adecuación a la normativa vigente. En este sentido, la universidad sostiene que las medidas adoptadas son de carácter temporal y que el horizonte de 2028 permitirá una recuperación progresiva del equilibrio presupuestario.

Durante el ejercicio de 2025, la Complutense prevé alcanzar un ahorro estimado del 36% del importe del déficit gracias a las primeras medidas ya adoptadas. Para los años 2026 y 2027, el plan contempla mantener la retención del 35% y aplicar nuevas políticas de control del gasto, lo que permitirá reducir el déficit en un 33% y un 9% adicional, respectivamente.

Entre las modificaciones más destacadas figura la actualización de las Normas de Ejecución Presupuestaria, aprobadas este mismo año, que introducen nuevos ingresos mediante el aumento de la retención sobre los títulos propios del 15% al 20%. Con estas medidas, la universidad aspira a cerrar el ciclo de ajuste en 2028, alcanzando un equilibrio financiero estable.

El documento definitivo del PEF será presentado en noviembre ante la Comisión Económica y, posteriormente, ante el Consejo de Gobierno para su debate y aprobación. El último paso corresponderá al Consejo Social, encargado de validar el plan y supervisar su cumplimiento en los ejercicios siguientes.

El saneamiento financiero de la Complutense no depende únicamente de las medidas internas. El Gobierno regional, a través de la Consejería de Educación, Ciencia y Universidades que dirige Emilio Viciana, estudia conceder un préstamo de 34,5 millones de euros a la universidad. Según fuentes del Ejecutivo autonómico, la ayuda está condicionada a que el plan presentado por la UCM incluya “medidas reales y efectivas de contención del gasto”.

La Comunidad de Madrid ha solicitado información adicional al rectorado antes de autorizar el préstamo. En caso de recibir luz verde, el crédito deberá ser ratificado por el Consejo Social de la universidad. Desde el Rectorado insisten en que se trata de un instrumento “de apoyo y liquidez” que permitirá afrontar los compromisos financieros más inmediatos sin comprometer el funcionamiento ordinario de la institución.

En paralelo, la universidad ha recordado que el origen de su situación actual no es exclusivo de la Complutense, sino que afecta al conjunto de universidades públicas madrileñas. En un comunicado, la institución ha denunciado una “infrafinanciación estructural” que se arrastra desde la crisis económica de 2008 y que se ha agravado por el incremento de los costes energéticos, la inflación y la falta de actualización de los modelos de financiación universitaria.

La Conferencia de Rectores de las Universidades Públicas de Madrid (CRUMA) ha venido alertando de este escenario, que —según sus estimaciones— compromete la capacidad de inversión y renovación de las infraestructuras universitarias. En el caso de la Complutense, esta presión presupuestaria ha derivado en tensiones que, según la dirección del centro, han hecho “inevitable” recurrir al préstamo regional y prolongar la política de contención del gasto hasta la consecución del equilibrio previsto en 2028.