Se acercaba la fecha indicada para el desahucio de Maricarmen, una vecina de 87 años del barrio del Retiro. Pero la movilización de los vecinos y las organizaciones sociales en defensa del derecho a permanecer en la vivienda ha tumbado el primer alzamiento.
El desahucio estaba previsto para mañana miércoles 29 de octubre, pero el juzgado ha comunicado su suspensión hasta que no se encuentre una alternativa habitacional. “La única solución es que Maricarmen se quede en su casa”, subraya el Sindicato de Inquilinos e Inquilinas de Madrid en un comunicado.
Maricarmen lleva viviendo en la misma casa 70 años, es decir, desde 1956, cuando su padre firmó el contrato de alquiler del piso situado en la calle Alcalde Sáinz de Baranda, en el barrio de Ibiza. Tras el fallecimiento del cabeza de familia, su madre asumió el contrato y, en 2005, Maricarmen hederó el derecho a residir en el inmueble bajo las mismas condiciones.
Un contrato de la época de Franco
“Maricarmen heredó el contrato, subrogándose en las mismas condiciones... durante casi 20 años”, detalló el sindicato, que también atribuye la raíz del problema a la legislación machista del franquismo, que impedía a las mujeres ser titulares de contratos de arrendamiento.
“Si la madre de Maricarmen hubiera podido figurar como titular junto al padre, hoy ella tendría derecho a una primera subrogación vitalicia”, explicaron. El caso, que comenzó en 2020 en los juzgados, tuvo una primera sentencia favorable para la octogenaria, pero Urbagestión (la propietaria del inmueble), recurrió y en maro de 2025, el Tribunal Supremo falló a favor de la empresa.
“Las leyes machistas del franquismo hicieron que ese primer contrato fuera firmado únicamente por su padre, ante la negación de derechos a la mujer del matrimonio”, señalaron desde la organización.
Un alquiler imposible: de 440 euros a 1.650
El conflicto por la vivienda empezó en 2018, cuando la familia propietaria vendió el edificio a Renta Corporation, uno de los grandes holdings inmobiliarios españoles. Dos años después, la empresa ofreció a Maricarmen comprar el piso, pero la pensionista no pudo aceptar el precio.
“Al día siguiente de notificar su rechazo a la oferta, el piso fue adquirido por Urbagestión Desarrollo e Inversión S.L., una empresa especializada en análisis y asesoramiento de inversiones inmobiliarias”, señaló el sindicato.
Los nuevos propietarios argumentaron que el contrato de Maricarmen debió extinguirse en 2007, al tratarse de una segunda subrogación. Según la normativa, este tipo de contratos solo pueden prorrogarse dos años, salvo que el descendiente conviviente tenga una discapacidad superior al 65 %.
Maricarmen, con movilidad reducida y una discapacidad reconocida del 50%, no cumple con ese requisito, pese a los derechos adquiridos durante 15 años de subrogación.
Hasta ahora, pagaba 440 euros mensuales. Tras la copra del edificio, Urbagestión exigió un alquiler de 1.650 euros, pero su pensión solo alcanza los 1.450. De no poder hacer frente al pago, la empresa solo le daba hasta el 31 de mayo para abandonar la vivienda.
El incremento suponía un aumento del 275%. “El resto de los apartamentos del inmueble se alquilan ahora por alrededor de 2.650 euros. A Maricarmen ‘le hicieron el favor’ al dejárselo en 1.650”, explicó el sindicato.
“Cueste lo que cueste”: resistencia y solidaridad
Ante esta situación, Maricarmen ha decidido resistir. “Ha anunciado su decisión de permanecer en casa, cueste lo que cueste”, afirma el sindicato. Ahora, con la campaña #NosQuedamos, los vecinos y vecinas buscan frenar la escalada de los alquileres y proteger a los vecinos frente a abusivas subidas de precio o desahucios invisibles.
“Esto no va solo de Maricarmen, sino del miedo y la inseguridad que sufrimos todas las inquilinas por culpa del rentismo, la especulación y los buitres”, advirtieron desde la organización.
No obstante, la octogenaria continua sin solución habitacional y la única opción ofrecida por el Ayuntamiento de Madrid es que se incluya en las listas de espera de los recursos sociales. El alcalde, José Luis Martínez-Almeida, declaró que “no le consta que Maricarmen hubiese acudido solicitando ayuda”. Sin embargo, el sindicato asegura que la vecina “ya lo hizo con anterioridad”.
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