El PSOE resta importancia a la ruptura con Puigdemont, pero se le complica la legislatura: cómo afecta la pérdida de apoyos en el Congreso

La decisión de Junts per Catalunya de romper el acuerdo de investidura ha sumido al Gobierno de Pedro Sánchez en una situación de inestabilidad en el Congreso. Esta noticia se confirmó tras la reunión celebrada por la dirección de Junts en Perpiñán, en la que la formación independentista aprobó de forma unánime cerrar la etapa de colaboración y pasar a la oposición. Este nuevo escenario obliga al PSOE a depender del voto de cada grupo parlamentario para sacar adelante cualquier iniciativa y refuerza la incertidumbre sobre la continuidad de la legislatura.

El Ejecutivo socialista afronta el día después sin los siete diputados de Junts, que hasta ahora permitían mantener la mayoría exigua que dio origen al actual mandato, junto a Sumar, ERC, Bildu, PNV, BNG y Coalición Canaria. Con la caída del pacto, el Gobierno ya no puede contar con un bloque estable y deberá negociar medida a medida, incluidos los decretos ley y cualquier intento de aprobar unos nuevos Presupuestos Generales del Estado. Las fuentes del Partido Socialista descartan la convocatoria de elecciones anticipadas y confían en continuar mediante instrumentos como transferencias presupuestarias, órdenes ministeriales y la reasignación de fondos europeos, según la Ley 50/1997 que permite ejecutar y complementar leyes sin necesidad de aval parlamentario.

Junts comunicó la ruptura tras dos días de deliberaciones en Francia, donde Carles Puigdemont compareció para anunciar la salida del acuerdo. Sin plantear una moción de censura ni pedir elecciones anticipadas, el líder independentista se limitó a advertir: “Ya no podrán recurrir a la mayoría de la investidura”. En declaraciones, Puigdemont remarcó: “Un pacto no ejecutado es un pacto roto” y emplazó al PSOE a responder “de qué manera piensa continuar” con el Gobierno.

La formación catalana deja claro que la decisión implica abandonar todas las vías de negociación conjunta, tanto en Suiza - el espacio de mediación internacional que en 2023 se consideró todo un logro político - como en los pasillos del Congreso. El partido votará ahora en función de si las medidas son “positivas para Cataluña” y de lo que entiendan como “sentido común”. Esta semana, por ejemplo, prevé respaldar sanciones al aparcamiento indebido en plazas reservadas para personas con movilidad reducida y ayudas para enfermos de ELA, pero puntualiza que serán excepciones, y recalca: “La mayoría de propuestas de Sánchez verán la luz roja”.

Entre los motivos de la ruptura, Junts apunta a los incumplimientos en los grandes ejes del pacto: la ley de amnistía que no ha permitido el regreso de Puigdemont a Cataluña, la delegación de competencias en inmigración paralizada en la Cámara baja y la oficialidad del catalán en la Unión Europea, además de leyes sobre multirreincidencia y ocupaciones, que consideran fundamentales de cara a las municipales de 2027. El encarcelamiento del principal negociador socialista, Santos Cerdán, supuso, según fuentes del partido, un giro irreversible en el proceso y debilitó aún más las posibilidades de avanzar en el programa acordado.

La respuesta del PSOE ha sido acompañada de un mensaje de “respeto absoluto” y oferta de diálogo. “El diálogo es la mejor baza y así mantenemos la mano tendida”, recalca el comunicado oficial transmitido a los medios y recogido por El Confidencial Digital. La portavoz federal socialista, Montserrat Mínguez, insistió en rueda de prensa: “Vale la pena dialogar, vale la pena llegar a acuerdos”, subrayando que la política se entiende en su partido como “un instrumento para tender puentes”. El Ejecutivo asegura que cumple el pacto en lo que depende de su gestión y que en el resto de cuestiones se sigue trabajando “para que se cumpla”.

Moncloa intenta alejar el fantasma de la ingobernabilidad y niega diferencias sustanciales respecto al escenario anterior, donde las leyes claves ya iban superando votaciones ajustadas. Se espera que la formación independentista continúe votando según los intereses de los catalanes, decisión que también condicionará el resultado de los futuros Presupuestos y otras iniciativas legislativas.

En el trasfondo de la ruptura subyace la preocupación en Junts por el avance de Aliança Catalana en las encuestas y el temor a un castigo electoral similar al sufrido por ERC. El partido someterá ahora su decisión a una consulta entre sus 6.400 militantes, como ya hiciera en 2022 para salir del Govern de Pere Aragonès, apoyada entonces por el 86% de sus bases.

La estrategia socialista para mantener la legislatura pasa por continuar sin abrir la puerta a elecciones anticipadas y buscar el apoyo puntual en cada votación. El Ejecutivo planea poner énfasis en las políticas sociales y diseñar iniciativas que permitan situar a Junts fuera de la senda progresista y retratarlo frente al electorado catalán como una formación alineada con la derecha si bloquea leyes sociales.

Las opciones de moción de censura sólo se barajan si Junts vota con PP y Vox, algo que tanto en el entorno de Sánchez como en el de Puigdemont consideran poco probable. El ejecutivo central se prepara así para un escenario donde la política parlamentaria se gestione “votación a votación”, siguiendo una estrategia de resistencia y diálogo constante. “Respetamos las dinámicas internas de todos los partidos. Hay diálogo, mano tendida y negociación, y vale la pena”, resumió Mínguez tras conocerse la decisión de Junts, ratificando la intención del Gobierno de seguir intentándolo a pesar del nuevo portazo independentista.